En plena madrugada del 26 de abril y con el respaldo de tres senadores del PT-Morena, el PRI impuso como comisionados ante el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) a dos de sus incondicionales, lo que ha generado reacciones de sorpresa e inconformidad en diversos ámbitos del acontecer político, incluyendo a senadores de Morena.
No muchas horas después de la maniobra federal, cuya votación fue manejada como “asunto de estricta reserva” con base en el artículo 53 del Reglamento del Senado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal concluiría su segundo periodo ordinario sin designar a los 164 funcionarios del sistema local anticorrupción y a los comisionados del Instituto de Transparencia de la CDMX.
Estos asuntos —que no les generan mayor preocupación a los asambleístas—podrían ser dirimidos en un periodo extraordinario o dormir un largo sueño de ilegalidad, hasta que se instale el Primer Congreso de la Ciudad de México durante el mes de septiembre, cuando se tenga la absoluta certeza respecto de quién será el próximo presidente de la República y quién el jefe de Gobierno, además de que para entonces la Constitución capitalina gozará de pleno vigor. Estos elementos cambiarán las reglas del juego y la correlación de fuerzas en los niveles federal y local, así como los derroteros de la pugna por controlar al “instituto autónomo” de transparencia capitalino.
Comisionados a modo en el Inai
La designación de Blanca Lilia Ibarra Cadena y Carlos Alberto Bonnin Erales como comisionados del Inai —con el aval de tres senadores del PT-Morena— ocurre luego de que se diera a conocer que la ex comisionada Ximena Puente de la Mora será candidata al senado por el PRI —lo que demuestra la vinculación que siempre tuvo con ese instituto político— además de que ha sido denunciada por su ex esposo ante el Órgano Interno de Control en el Inai y ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el supuesto uso ilegal de recursos humanos en labores personales —como el cuidado de su hija— ajenas a las atribuciones de la institución y que resultan en hechos probablemente constitutivos de delito.
Acusan a Ximena Puente de usar a personal del Inai para cuidar a su hija
El arribo de Ibarra Cadena y Bonnin Erales al Inai representa una estrategia del PRI para proteger las espaldas de la administración pública federal que fenece, al tiempo que permite presuponer la existencia de un acuerdo secreto de transición del poder, ante el escenario tendencial de triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ello explicaría la conformidad y el voto de los PT-Morenistas a favor de los aspirantes palomeados en Los Pinos y el rechazo de las demás bancadas representadas en el Senado, al grado de intentar reventar la sesión mediante la falta de quorum.
Más allá de que López Obrador haya expresado que no procederá contra la “mafia del poder”, lo cierto es que quienes se van, buscan dejar un andamiaje de protección jurídica y política —sin importar quién resulte vencedor en la contienda federal del 1o de julio— que tiene su cimiento en la reserva de documentos polémicos, como los que integran el caso de la Estafa Maestra y Odebrecht, por sólo citar algunos de los más de 12 millones de expedientes clasificados en esta administración federal.
El método con el que fueron electos Ibarra Cadena y Bonnin Erales resulta atentatorio de los preceptos establecidos en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala: “En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”. Pues se trató de un proceso opaco, reservado y sin ninguna participación activa de la sociedad, como no sea el registro de los 34 aspirantes, que dicho sea de paso, presentan vínculos con partidos políticos.
Aspirantes a Inai, con vínculos partidistas
Ya los medios han dado cuenta de los padrinazgos de los nuevos comisionados. Basta decir que Blanca Lilia Ibarra Cadena fue directora general del Canal del Congreso y se le vincula con Emilio Gamboa Patrón, mientras que Bonnin Erales fue coordinador general de la Unidad de Enlace para la Transparencia en el Senado y ha sido parte del equipo de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, desde la época en que ésta era secretaria particular del ministro Mariano Azuela Güitrón, en la SCJN.
El papel de Bonnin Erales en el ámbito de la transparencia del Senado resulta cuestionable, por decir lo menos. Siempre evadió atender las solicitudes de información fundamentadas en el derecho de petición, como es el caso de las registradas con los folios 00061316 y 00061416, por las cuales se pidió a los senadores Roberto Albores Gleason —hoy candidato al gobierno de estado de Chiapas— y a Luis Armando Melgar Bravo, informaran las razones en relación al sentido de su voto respecto de la iniciativa ciudadana de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, promovida por un grupo de ciudadanos, entre los que destacaban la jurista Leticia Bonifaz Alfonzo.
El ignorado derecho de petición
La respuesta del Senado en ambos casos fue que “no es una obligación de los senadores explicar a título personal la razón de su voto”. Más tarde, en sendas resoluciones registradas con los números RRA 1674/16 y RRA 1675/16, en las ponencias de los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Araceli Cano Guadiana, el pleno del Inai resolvió por unanimidad confirmar las respuestas proporcionadas por el Senado, sin tomar en consideración su proporcionalidad y la obligación de atenderlas por parte de los Senadores, a partir de criterios jurisprudenciales, como el que señala que:
“El derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8º”.
Lejos de resultar positiva, la designación de los dos comisionados al Inai demuestra el uso faccioso del poder en beneficio de la opacidad y a favor de la administración de Enrique Peña Nieto, además de que permite cuestionar la posición de los senadores del PT-Morena en esta extraña alianza, que seguramente derivará en esquemas de impunidad.
Designación de comisionados del InfoCDMX
Y aunque Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF ha aseverado que los legisladores “consideran abrir un periodo extraordinario” para desahogar sus pendientes —entre los que destacan la designación de 164 funcionarios del sistema local anticorrupción, el Programa General de Desarrollo Urbano y la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia de la CDMX—, lo cierto es que también existe la posibilidad de que las designaciones ocurran hasta que se instale el Primer Congreso de la Ciudad de México, durante el mes de septiembre.
Como sea, queda claro que los últimos asambleístas de la CDMX no demuestran tener ningún compromiso con el tema de la transparencia, que pertenece al ámbito de los derechos humanos y que la definición de los comisionados podría terminar respondiendo a lógicas de cuotas y cuates, más que a los intereses de los gobernados por acceder a la información pública, como mandata la Constitución federal.