Transición vs. Transparencia

El 28 de junio de 2018 se creó el Fideicomiso Público de Transición, el cual tiene como fin cubrir los gastos relativos a los trabajos y actividades asociados al Presidente Electo y su equipo de asesores, a efecto de llevar a cabo la elaboración y presentación de los Proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019; el Plan Nacional de Desarrollo y los programas gubernamentales, de seguridad pública y nacional; así como los trabajos de enlace con la administración saliente; mismo que cuenta con un patrimonio de $150,000,000  de pesos, aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ese tenor, tanto la Constitución como la Ley General y Federal de Transparencia, establecen que son sujetos obligados a dichas leyes, aquellas personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

Dentro de este marco, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que el Fideicomiso de Transición 2018 es un sujeto obligado, por lo que el 25 de septiembre de 2018, fue incorporado al Padrón de Sujetos Obligados. Las razones son claras, ya que ejercen recursos públicos y, en la opinión de otros, el Presidente Electo realiza actos de autoridad al participar en la elaboración de los Proyectos de presupuesto de Ingresos y Egresos.

Dicha calidad, obliga al equipo de Transición a responder las solicitudes de acceso a la información que les realicen los particulares y, cuyas respuestas, se encuentran sujetas a revisión por parte del INAI en caso de que estos se inconformen con la mismas.

Asimismo, las Leyes de Transparencia establecen como obligación hacer pública información de forma oficiosa la relativa a gastos de representación y viáticos; contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; la información financiera sobre el presupuesto asignado; los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; la información relativa a las adjudicaciones; el padrón de proveedores y contratistas; el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; el monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, así como los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

En teoría, el equipo de Transición debe transparentar aquella información relativa a los gastos realizados por el Presidente Electo en su “Gira de Agradecimiento”, en el que recorrió casi todo el país; así como los gastos de viajes que realiza su equipo de Transición. Asimismo, deberá hacer público los contratos y los comprobantes del pago del Estudio requerido a la consultora Navblue para determinar la viabilidad de la operación de dos aeropuertos en la Ciudad de México, así como los propios estudios, ya que son pagados con recursos públicos.

Para poder localizar dicha información que debe ser pública de manera obligatoria, sin que medie una solicitud de acceso, nos dimos a la tarea de ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), específicamente al apartado del Fideicomiso de Transición 2018; sin embargo, en dicho apartado no es posible acceder a todos los rubros que deben publicar, y en los que sí es posible acceder, se encuentran en blanco.

Así, si bien la Ley General de Transparencia prevé un plazo de 3 meses para que los sujetos obligados actualicen la información que debe obrar en la PNT, lo cierto es que la vigencia del fideicomiso será hasta el 31 de diciembre de 2018, sin contar con que el 1° de diciembre termina el periodo de transición, por lo que nos encontramos frente a una carrera, cuyo objetivo es saber que puede más ¿la Transición o la Transparencia?

Con ello, se advierte el reto de que, con la prisa por llegar a la Presidencia, no se deje en un saco roto su obligación por transparentar el proceso de transición, el cual ha sido muy polémico hasta ahora.

Así, no se debe pasar por alto que la Transparencia es una forma de legitimación de los Gobiernos, por lo que dar a conocer la información generada en el proceso de transición, permitiría ingresar con el pie derecho a una transformación tan anunciada.


María Luisa Jiménez Paoletti

Colaboradora de Integridad Ciudadana, Maestra en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal; Licenciada en Derecho por la UNAM, con Especialidad en Protección de Datos Personales avalado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Integridad Ciudadana

Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida.

Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.

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