El pasado lunes 15 del mes en curso, comparecieron dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México – Querétaro, Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de transporte y Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal; los cuales en su intervención, explicaron las bondades y los beneficios que traería en sí, la ejecución de dicho proyecto, lo que no está en entredicho sino el conflicto de interés entre el presidente de la República, su esposa y el Grupo Higa a propósito de la Casa Blanca de la calle Sierra Gorda 150.
Dentro de la exposición me llamo mucho la atención, el hecho que en la SCT siga defendiendo a ultranza el procedimiento licitatorio ya que para ellos se hizo en todo momento apegado a derecho, en ese sentido hice la pregunta obligada del por qué si todo estaba bien, cuál fue el motivo real por el que ahora se dice canceló la firma o por el cual no se llevó a cabo la formalización del mismo.
La respuesta inverosímil y que fue apoyada de manera coordinada por el PAN, fueron las declaraciones hechas por la senadora Marcela Torres Peimbert, que hablaba en el sentido de que iba a exhortar a la colegisladora la suspensión de los recursos destinados a la obra, derivado a la poca transparencia con la que se llevó a cabo el proceso para su asignación a quien finalmente fue el consorcio ganador.
Este supuesto resulta ilógico e incluso ridículo, ya que una senadora o senador si bien es cierto puede pedir a la cámara de diputados cualquier petición, el PRI y sus aliados de la mayoría mecánica (PVEM y Nueva Alianza), quienes cuentan con la mayoría suficiente, se lo hubieran negado y en segunda instancia resulta poco creíble que algo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, pudiera congelarse tan fácil; además de que el PAN siempre vota con el PRI el presupuesto de egresos.
La realidad que detonó este escándalo aunque no lo quieran admitir, fue el reportaje de investigación realizado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en el que se evidenciaron las relaciones oscuras y de tráfico de influencias entre Hinojosa Cantú con el presidente de la República y su familia.
La subsecretaria Masccott y el director de transporte ferroviario, manejaron en todo momento como causa de la no firma o cancelación de la primera hipótesis, misma que derivo en dudas en la transparencia, que (dudas de qué o quién) nunca nos los dijeron o aclararon. Otro aspecto que me llamo la atención es la desfachatez como se menciona el manejo del presupuesto que ejercen las dependencias del ejecutivo federal, ya que en una segunda ronda les aclaré que si bien el procedimiento puede ser, entre comillas, "apegado a la normatividad", resulta extraño que los mismos siempre ganan los contratos más jugosos y de mayores montos, sea en lo individual o mediante consorcios.
Menciono lo anterior, porque ambos funcionarios también se vanagloriaron del Tren México – Toluca que gano el Consorcio conformado por OHL (Obracon Huarte y Lein) y La Peninsular del Grupo HERMES, ambas empresas igual de consentidas como las de Hinojosa. La primera se trata de una empresa cuyo dueño es Juan Alberto Villar Mir, que por cierto tiene una investigación por financiamiento ilegal de campañas políticas en España y que lleva más de cuarenta y tres mil millones en contratos asignados tan solo en esta administración federal. La segunda empresa de Carlos Hank Ron, hijo del Patter Familias número uno de Atlacomulco, Estado de México, por supuesto don Carlos Hank González padre, mismo que acuñó aquella frase que hasta la fecha marca a la mayoría de los políticos y que ejemplifica el grado de corrupción con la que gobernaron y ahora mismo gobierna esa casta política: “Político pobre, pobre político”.
Además de este ejemplo, manejaron un dato que evidencia el favoritismo político y pago de facturas en la actual administración, ya que tratando de minimizar las obras asignadas a Grupo Higa, OHL, Roberto Alcántara y otros, dijeron que se han asignado doscientos veinte mil millones a tres mil cuatrocientas empresas, reiterando que no es favoritismo que unas dos o tres empresas ganen "algunos" contratos lo cual es totalmente cínico y busca engañar. Nada más para desmentirlos, un dato: A Higa nada más con la remodelación del hangar presidencial, el acueducto Monterrey VI y la obra (suspendida) del tren México - Querétaro le habían asignado ya obras por casi 100 mil millones de pesos. Ese es el favoritismo presidencial con tufo a conflicto de interés y beneficios con propiedades en las Lomas de Chapultepec y Malinalco.
El día de mañana a las dieciséis horas, comparecerá ante la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México – Querétaro, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, sin duda será otro capítulo más de la tragicomedia y crisis que está viviendo y padeciendo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.