En unos días más concluirá en el Distrito federal la campaña de canje de armas que desde diciembre de 2012 puso en marcha en Gobierno de la Ciudad de México para evitar muertes y lesiones graves por el manejo de pistolas, rifles y granadas en casa.
Cuando esta campaña termine, el GDF habrá retirado de casas y calles al menos 21 mil armas de fuego de todo tipo en tres años de aplicación y cerca de 5 mil 400 en este 2015.
En cifras, el esfuerzo es loable porque se trata de una iniciativa pacífica, no punitiva, para lograr una eventual despistolización en la capital del país, pero deja en el aire la otra parte, la más importante en torno al fenómeno: el rotundo fracaso, a nivel federal, para atacar y atajar el problema del tráfico de armas que afecta por igual a México y a los Estados Unidos.
La limitada o inexistente política de control armamentista entre ambos países tiene sus efectos inmediatos en la ocurrencia de masacres en suelo norteamericano, perpetradas por honorables ciudadanos que pelean a rabiar su derecho a usar y portar pistolas, rifles y fusiles automáticos en donde mejor les plazca, para defenderse de honorables ciudadanos que pelean a rabiar sus derechos a usar y portar pistolas, rifles y fusiles automáticos en donde mejor les plazca.
El resultado; 355 masacres en 2015 en diversos puntos de la Unión Americana, en una especie de fiesta sin fin que enmarca, a plata y plomo, el derecho de los derechos ejercidos por casi todos los norteamericanos: la portación y uso de armas de fuego para protegerse de sí mismos.
Pistolas, rifles, fusiles de asalto, carabinas, escopetas, ametralladoras y subametralladoras, así como cartuchos, explosivos, cargadores, proyectiles, lanzacohetes, granadas y minas antipersonales ingresan ilegalmente por miles cada año a territorio nacional, por las porosas fronteras terrestres y marítimas del país.
Las estadísticas más recurrentes en torno al fenómeno mencionan siempre que en México circulan entre 12 y 15 millones de armas de fuego. Un estudio reciente de la Universidad de Georgetown reveló en febrero de este año que entre 1998 y 2013 habrían ingresado al país alrededor de 24 millones de armas.
Muchas de ellas (imposible decir o aproximar un porcentaje) ya deben estar fuera de servicio, irreparables. Otras, tal vez la mayoría (imposible precisarlo), siguen en manos de civiles a lo largo y ancho del país.
En su artículo La Otra Dimensión de la Violencia, (Revista Seguridad en América, No.93, noviembre-diciembre 2015), Erubiel Tirado recuerda las cifras de la Sedena sobre armas de fuego legales en el país: 2 millones 534 mil armas, de las cuales alrededor de dos millones están en manos de civiles, 407 mil en poder de corporaciones policiacas, y otras 29 mil en poder de empresas de seguridad privada debidamente autorizadas.
Quedarían sin registro, circulando en operaciones de compra-venta clandestinas, unos diez millones de armas de fuego en México. Esto, si la cifra estimada de 15 millones de armas fuera la más aproximada. ¿Y si la real fuera la de 24 millones?
El Ejército Mexicano reinició desde agosto su campaña de canje de armas de fuego en todo el territorio, principalmente en el norte del país. En el final del año aun no ofrece cifras sobre su aplicación. Paradójicamente, han sido más armas obtenidas por los militares en campañas de canje que en operativos de intercepción o en revisiones carreteras.
Sus estadísticas muestran el aseguramiento de 21 mil 545 armas a la delincuencia organizada entre diciembre de 2012 y octubre de 2015. En agosto de 2013, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, señalaba que desde diciembre de 2012 las cifras de armas de fuego obtenidas en el Programa nacional de Canje de Armas fue de 26 mil piezas.
En el conteo, el Distrito Federal aportaba más del 25 por ciento del total nacional registrado por la Sedena. Hoy, la cifra es mayor y sigue creciendo, pero ¿cómo es que llegaron esas armas aquí?
¿Cuántas y cuales fallas –comenzando con el elemento corrupción y siguiendo con los temas burocráticos y de errónea política exterior– en la administración pública, en materia de inteligencia civil y militar, han posibilitado el crecimiento y expansión de este fenómeno?
El tráfico de armas nutre sin cesar a la delincuencia organizada, eleva la percepción de inseguridad ciudadana, nulifica una parte importante de la modernización policiaca, crea un círculo vicioso en el que el ciudadano compra armas de manera ilegal al crimen organizado indirectamente para defenderse de los delincuentes comunes, quienes a su vez le compran armas a la delincuencia organizada.
Todos en un juego diabólico que recrea las condiciones para perpetuarse y abastecer continuamente a quienes rechazan la violencia, pero la ejercen para defenderse de una violencia que se recicla a si misma.
Mientras, las fallas, omisiones y complicidades del sistema federal y de los estatales siguen prohijando el tráfico ilegal de armas de fuego hacia México y hacia el sur del continente.
A la fallida oposición de la Casa Blanca para controlar la venta de armas automáticas a civiles se suman, la cerrazón de los congresistas norteamericanos para atajar el problema, causante de masacres, y la faltan de leyes y mecanismos de control binacional para ir minando el trasiego de pistolas, rifles y granadas.
Los efectos de estos escenarios se aprecian en el poder de fuego de los cárteles de la droga y en la venta a civiles de las armas excedentes en el trasiego y que va a parar a las casas de gente que exige seguridad y acaba por jugar el juego de la violencia disfrazada de autoprotección.