El paradigma que impera en torno a la cuestión laboral indica que las intervenciones gubernamentales en el mercado de trabajo son indeseables, que los esfuerzos de política pública deben encaminarse a flexibilizar y agilizar los procesos laborales a toda costa. Así, la oferta y demanda producen resultados eficientes con el mínimo de fricciones. Sentado en un aula escuchando estas lecciones o sumido en las páginas de algún libro, quizá olvides que, tras las curvas y ecuaciones, hablamos de personas.
La tendencia global a externalizar los procesos productivos de las empresas culmina en estructuras empresariales cuyo único objeto social es generar rentas. Las y los trabajadores se relegan, se exportan como un costo más a ser administrado por un tercero y los derechos laborales se vuelven poco más que una inconveniencia, pisoteada en aras de maximizar el beneficio.
Así, el concepto del trabajo se define en torno a su calidad como insumo en el proceso de producción y como un factor dentro de una función de costos. Esta noción favorece la idea de que quien trabaja merece derechos a cómo produce. De esta forma se consolida la visión de que quien labora bajo condiciones miserables es culpable de su suerte; la dicta su falta de esfuerzo e iniciativa –¿Por qué no se busca algo diferente? –Por tonto o por flojo. – … merece su pena.
Las políticas públicas, entonces, se construyen en torno a este paradigma. A como sea, lo necesario es facilitar el uso del insumo para quien lo emplea y dejarle hacerlo al menor costo posible. Si existen condiciones mínimas, derechos ganados o trabajadores organizados, hay que castigarlos, siempre que no contribuyan a lubricar la maquinaria del mercado laboral.
Las ventajas de las que gozan los trabajadores serán, de esta forma, únicamente legítimas en la medida en la que avance el beneficio que la empresa puede obtener de sus empleados. Y, al fin, termina la despersonificación del trabajo.
En México, quienes trabajan bajo esquemas de subcontratación podrían perder entre 43 y 61 mil pesos anuales por su condición de empleo. Las condiciones de empleo que enfrentan flagelan su bienestar físico y mental, y el trato de su trabajo como un costo a externalizarse, deriva en la evasión de obligaciones patronales que afectan las posibilidades del acceso a servicios de salud y ahorro para el retiro de las y los trabajadores.
El concepto de lo laboral debe emanciparse del monopolio que ocupa el mercado en la discusión y poner, de primero, el bienestar de las y los trabajadores. La incansable búsqueda de la eficiencia no puede justificar salarios paupérrimos, jornadas interminables y llagas en cuerpo y mente. Replanteemos la discusión, con las personas al centro.
*Erik Ortiz Covarrubias
Investigador Jr
Licenciado en Economía y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Egresó con mención honorífica y mejor promedio de la carrera. Asimismo, recibió el Premio Nacional CENEVAL al Desempeño de Excelencia en 2019. Entre sus intereses se encuentran el desarrollo económico, las políticas públicas relacionadas a la distribución de ingresos y la historia económica. Durante sus estudios, realizó una estancia de investigación sobre migración y pobreza en el departamento de economía del Tecnológico de Monterrey. En 2018 hizo un intercambio en Singapore Management University, donde se especializó en desigualdad y economía política. Actualmente colabora en el CIEP en el área de ingresos e impuestos. Le interesa procurar la justicia fiscal.