Es frecuente que las discusiones sobre lo justo en México se concentren en la configuración del Estado o las acciones de las autoridades. A la vez, la discusión sobre el papel que juega cada una de las personas que integramos esta sociedad en la preservación de la injusticia, suele ser mucho menos frecuente. Esto puede verse con cierta claridad cuando reflexionamos sobre la relación entre trabajadores y trabajadoras del hogar con quienes les contratan.
A continuación narro tres situaciones en las que estuve presente para ejemplificar el estado de la cuestión.
Situación 1:
X (en tono de hastío): Mi hermana trae un pedo legal.
Yo: ¿Por qué?
X: Corrió a la señora que le iba a ayudar con la limpieza de la casa.
Yo: ¿Por qué la corrió?
X (visiblemente molesto): ¡Estaba embarazada y ni le avisó! Mi hermana también está embarazada, justo por eso la quería.
Yo: Entonces ¿demandó a tu hermana por despido injustificado?
X: Sí, pero pues no mames, ¿por qué no le avisa? Lo que mi hermana necesita es que alguien le limpie la casa para dedicarse a sus hijos, no pagarle a alguien que ni va a trabajar.
Situación 2:
X: Una de las razones por las que nunca me iría de México es porque me importa mucho la limpieza. Si viviera en un país europeo y quisiera que alguien limpiara mi casa, tendría que pagar seguridad social, vacaciones, aguinaldo, etcétera.
Situación 3:
X (angustiada): Estoy desesperada y cansada.
Yo: Pues ¿qué te pasó?
X: ¡Mira mi casa! La muchacha no ha venido en toda la semana.
Yo: ¿Por qué no ha venido?
X: Dizque está enferma, pero ya no puedo más, si no viene el lunes voy a contratar a alguien más.
Yo: Entonces ¿le pagarás indemnización, aguinaldo proporcional, etcétera?
X (en tono de indignación total): ¡Claro qué no! ¿Sabes cuánto gana? ¡$300 por día! Hasta gana más que yo.
Seguramente habrá quien piense que lo que acabo de narrar no es necesariamente injusto, sino parte de una dinámica social normal, en la que algunas personas en desventaja tienen que ofertar trabajo doméstico a quienes pueden pagarlo. Nos hemos acostumbrado a que sea el mercado quien guíe de manera preponderante nuestra vida y lo que nos parece relevante es pagar el mejor precio por el servicio de limpieza.
Así, si nos ponemos a pensar sobre las obligaciones que tenemos al contratar a una persona que realice labores domésticas, aparecerán en nuestra mente cientos de justificaciones para negarlas: “Apenas lleva un mes conmigo”; “luego se van sin siquiera darte las gracias”; “muchas veces roban”; “la inscribiría en el seguro social, pero ¿sabes lo difícil que es el trámite?”; “¿darle seguridad social?, ni siquiera yo tengo”. Nos deslindamos pues de nuestra responsabilidad, negamos el derecho que nos vincula y nos acomodamos en las redes de la oferta y demanda.
Difícilmente creemos que haya algo injusto si contratamos a alguien para hacer trabajo doméstico y no procuramos las condiciones mínimas para la subsistencia y el bienestar. Al parecer, años de transmisiones de “Los Supersónicos” en la televisión terminaron por convencernos de que las trabajadoras o trabajadores del hogar son una especie de Robotina. Sí, un robot capaz de limpiar toda nuestra casa, cocinarnos, doblar nuestros calzones y lavar nuestro excusado, pero que nunca se cansa, no necesita vacaciones, ni ver a su familia, ni nada más que una “recarga de batería el domingo”. Por si fuera poco, nos curamos en salud repitiéndonos: “si ya bastante hago con darle trabajo”.
Alguna abogada o abogado laboralista, quizá nos explicará que al menos para prestaciones como primas vacacionales, pagos de horas extra o aguinaldos, los tribunales favorecerían a trabajadores agraviados y que en ese sentido no están totalmente desprotegidos. Aún así, si cavamos un poco más profundo y consideramos las condiciones materiales de acceso a la justicia, nos encontramos con un panorama mucho más complicado. Si pensamos que, según las estadísticas del INEGI, la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores del hogar obtienen entre 1 y 2 salarios mínimos ($2,200 - $4,440), que un alto índice tiene un nivel educativo bajo (entre el 85% y el 90% por debajo del medio superior) y rematamos con el dato de que un porcentaje significativo son jefas o jefes de familia (más del 30%), deberíamos preguntarnos hasta qué punto la implacable inmediatez de la supervivencia condiciona el acceso a la justicia.
¿No será que cada vez que los contratamos a según reglas de oferta y demanda, limitamos significativamente su acceso a la justicia? ¿No será que cuando no estipulamos por escrito las condiciones del trabajo doméstico, en el fondo queremos negarle su derecho a quien trabaja para nosotros?
En todo este contexto, resulta significativa la formación del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, una apuesta por la apropiación del derecho para al menos 2.3 millones de personas (en su enorme mayoría mujeres). Si el Sindicato logra cohesionar al heterodoxo grupo de trabajadoras domésticas y apuntar a la defensa de los derechos laborales, podría sentarse un antecedente nada despreciable para la justiciabilidad de los derechos.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM Iztapalapa y doctorante por la misma Universidad. Dirigió Borde Jurídico de agosto de 2013 a agosto de 2015, actualmente se desempeña como Investigador Asociado del proyecto. Es profesor de la Escuela Libre de Derecho y del Claustro de Sor Juana. Su investigación está enfocada en la teoría de la justicia y la teoría del estado.