Dalia sale todos los lunes de su casa, al oriente del valle de México, con rumbo a la zona norte antes de las 6 de la mañana. Toma uno de los primeros convoys de Metro que le acercarán a su destino aunque aún debe realizar un transbordo previo y pagar el pasaje del Tren Suburbano. Antes de las ocho de la mañana debe llegar al domicilio de sus empleadores e iniciar su jornada laboral.
A diferencia de otras trabajadoras del hogar, ella sólo acude a su fuente de empleo durante dos días a la semana. Incluso, allí pernocta una noche para evitar realizar el largo traslado entre su domicilio y el de sus empleadores. Sin embargo, cuenta que las jornadas son muy pesadas, pues el hogar debe quedar limpio y reluciente al momento de su salida. Aunque la próxima semana que regrese, se volverá a enfrentar a la misma situación, ya que ella es la única que realiza dichas labores por lo que debe limpiar lo acumulado durante toda una semana. Regresará a casa con alrededor de 600 pesos en la bolsa.
Su caso no es único, en el país, hay alrededor de 2.3 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar. En 90 por ciento de los casos, mujeres. Muchas de ellas enfrentándose a situaciones como actos de discriminación, empleo sin contratos, largas jornadas laborales, falta de prestaciones laborales, bajos salarios, pues alrededor de 40 por ciento percibe menos de un salario mínimo, falta de aguinaldo y de vacaciones, entre otras situaciones.
Así mismo, este sector de la población era uno de los más desprotegidos en materia de derechos laborales, ya que carecía de representación y de protección en el ámbito legal. En los últimos años, se ha visibilizado su situación y se han registrado algunos avances como la posibilidad de que las trabajadoras del hogar sean inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte de sus empleadores y se ha comenzado a reconocer su situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, el Estado mexicano mantenía una deuda con este gremio, pues pasaron varios años para que se ratificará el Convenio 189, promovido por la Organización Internacional del Trabajo, el cual compromete a las autoridades a tomar medidas en la materia para eliminar las condiciones discriminatorias que afectan a las personas integrantes del gremio; garantizar sus derechos en materia de libertad sindical y negociación colectiva; abolición del trabajo infantil; garantía de condiciones de trabajo decente, incluyendo un horario adecuado y la percepción de ingresos con base en el salario mínimo, además de establecer mecanismos de queja e investigación para proteger a las y los trabajadores de todas las formas de abuso, acoso y violencia.
Si bien la promesa de ratificar el convenio ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha sido hasta este pasado jueves, que el Senado de la República ratificó el convenio, representando un gran avance en el reconocimiento de derechos de las personas trabajadoras del hogar.
Sin embargo, hay aspectos que se deben tomar en cuenta para que verdaderamente se avance en la agenda. De esta misma casa editorial, el reportaje “Si tengo un accidente, ya no me preocupó” de Guadalupe Cruz Jaimes, mostró que tras la implementación del programa piloto de afiliación al IMSS, en abril pasado, sólo se han afiliado 11 mil 947 personas, es decir, 0.5 por ciento del total de personas dedicadas al trabajo del hogar, situación que si bien, representa un avance con respecto a lo ocurrido en las últimas dos décadas, en las cuales sólo se afiliaron alrededor de tres mil personas dedicadas a este oficio mediante la figura de régimen voluntario aún resta trabajo por realizar para lograr que estos número se incrementen de manera más significativa. Se espera que de este piloto surja una propuesta de esquema obligatorio de afiliación y se presente en el Congreso de la Unión para que se legisle en la materia.
De igual manera, investigaciones como la de Dulce Carpio Reyes, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, han señalado que la violencia sexual es una realidad a la que se enfrentan algunas de las mujeres dedicadas a esta actividad y pocas veces lo denuncian o toman acciones al respecto debido a su propia situación de vulnerabilidad, destacándose la económica.
Otro aspecto es el del abordaje en los medios de comunicación de la temática, pues en muchas ocasiones es incorrecta, destacándose el uso de empleadas domésticas, trabajadoras domésticas o domésticas como sinónimo de trabajo del hogar, a pesar de que las integrantes de diversas organizaciones enfocadas al apoyo de la agenda han señalado que el término es discriminatorio, en el sentido de que, se malentiende con el proceso de domesticación.
Y a nivel social, trabajar en la erradicación de prejuicios y estereotipos, pues más de 62 por ciento de la población mexicana consideró que a las trabajadoras del hogar no se les respetan sus derechos y 39.1 por ciento de las personas dedicadas a la actividad laboral considera que, en los últimos cinco años, al menos una vez, se le han negado sus derechos por motivos asociados a su actividad de subsistencia.