La realidad mexicana es brutal, el número de mujeres torturadas por elementos de las fuerzas de seguridad es insólito, de una muestra de 100 mujeres detenidas y procesadas, 93 evidenciaron haber recibido palizas brutales, 41 señalaron haber sido asfixiadas casi hasta la muerte con bolsas de plástico, 72 fueron objeto de abuso sexual y 33 de violación durante el arresto. Todo lo anterior de acuerdo con el informe titulado Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas de México (2016), presentado por Amnistía Internacional.
Sin embargo, esto sólo representa un sutil acercamiento al submundo de las diferentes formas de violencia cometidas contra las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad por parte de policías municipales, estatales y federales, miembros del ejército y de la marina. Los encargados de hacer cumplir la ley son la mayoría de las veces, los más feroces al transgredirla, el halo de impunidad con que los blinda la “estrategia de seguridad del Estado”, ha potencializado hoy en día, este tipo de esbirro de la ley.
Dicha estrategia de acuerdo con Amnistía Internacional, incita indiscriminadamente a la creación de culpables, para así aumentar la cifra de detenciones y demostrar que se están tomando las medidas adecuadas en la lucha contra la delincuencia organizada. De esta manera, la detención de mujeres con determinado perfil (jóvenes, nivel educativo bajo y de escasos recursos), representan arrestos óptimos debido a su poca o nula posibilidad de acceder a recursos efectivos para su defensa legal. Las víctimas de tortura y otros malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes son obligadas a confesar su pertenencia a un cártel de la droga o su implicación en otros delitos como el secuestro o el tráfico de personas.
A pesar de que México ha signado diversos instrumentos internacionales para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, también para investigar, documentar y sancionar la tortura, es un hecho que, las redes de corrupción imperantes en nuestro sistema de justicia han tejido afanosamente, un manto que da cobijo a estas prácticas atroces. De las miles de denuncias que existen al respecto desde 1991, de acuerdo con el informe mencionado, sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias.
La tortura, en términos generales, es un mecanismo utilizado por agentes del gobierno para nulificar la voluntad de las personas mediante la violencia física o psicológica, además, es considerada por el derecho internacional como crimen de lesa humanidad, debido principalmente a que atenta contra el género humano. Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos contra la tortura, garantizar la reparación del daño a las víctimas, sancionar a los torturadores, promover las medidas necesarias de no repetición y generar una cultura de legalidad.
Entendiendo que la tortura atenta contra derechos humanos de carácter universal, es inverosímil, que su práctica en nuestro país sea habitual y generalizada. Peor aún, que nos estemos acostumbrando a ella. Amnistía Internacional documenta la resistencia, obstáculos y prácticas de intimidación que las autoridades mexicanas presentaron para la realización de las investigaciones pertinentes, evidenciando que el ocultamiento y la secrecía es una de sus prioridades, para evitar el adecuado procesamiento de todas las denuncias de tortura existentes.
La corrupción, abusos, perversidad e impunidad bajo la que actúan algunos servidores públicos en México, ha sido denunciada de diferentes formas y foros reiteradamente, pero, una y otra vez, las autoridades ignoran, omiten e incluso tergiversan o niegan, la lacerante realidad, convirtiéndose en perpetradores, cómplices y fomentadores de prácticas que flagelan los hilos de nuestra sociedad. La inseguridad disfrazada de seguridad en México, es un problema que nos atañe a todos, más aun, considerando que nadie está exento de sufrir este tipo de abusos si seguimos pasivos ante una realidad en la que nos encontramos inmersos.