El 2017 llega plagado de sucesos intemperantes, creo que no existe mejor calificativo para éstos, el enorme descontento social traducido en protesta y violencia generalizada, junto con la incapacidad mostrada por parte de las autoridades para contenerla, llevan a asumir, que se viven tiempos muy complejos y delicados.
Factores generadores de la crisis son muchos y de mucho tiempo atrás, la trasgresión continua de derechos fundamentales, el saqueo ofensivo de las arcas nacionales, el cinismo, deshumanización y mal gobierno de la élite en el poder de la mano con la perenne depauperación de la clase trabajadora, ahora exacerbada por el alza continua y hasta hoy, descontrolada del costo de la gasolina y todas sus repercusiones, son el caldo de cultivo en donde se gesta, aumenta y propaga este malestar social.
No sólo la disfuncionalidad del sistema de seguridad pública quedó de manifiesto frente a la lucha sin cuartel que se emprendió contra el crimen organizado, sino ahora también su nula eficacia para contener hechos de vandalismo y robo que se han presentado en varias partes del país es evidente.
Esta disonancia se percibe crudamente en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México donde en un hecho inusitado se invocó al toque de queda, apócrifa o verdadera. Sin contemplar, o en todo caso sin conocer lo que esta acción implica, se trata de una medida relacionada con el estado de excepción empleada por las autoridades cuando existe “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”,determinación que se configura como herramienta excepcional para restaurar el orden público ante circunstancias extraordinarias, limitando los derechos fundamentales de la ciudadanía, en este caso, la libertad de tránsito.
El estado de excepción se encuentra regulado en nuestro ordenamiento en el artículo 29 constitucional, ahí se especifica claramente en qué circunstancias, solamente el Presidente del a República con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, cuando no se encuentre reunido, podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos para responder rápida y efectivamente a una situación de extrema gravedad social.
La falta de un sistema de seguridad y justicia, eficaz y funcional, diseñado para el bien común en México, es una realidad insoslayable, al respecto el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda evidenció el recrudecimiento de este fenómeno durante las dos últimas administraciones, lo anterior, debido a las malas decisiones y estrategias empleadas en materia de seguridad, como a la falta de atención de los problemas nodales que padece nuestro sistema de justicia.
Al respecto, enfatizó claramente, que las corporaciones policiales estatales y municipales no han sido reconstruidas y siguen incumpliendo su obligación de perseguir a los delincuentes y proteger a la ciudadanía, por ello la función constitucional de las fuerzas armadas ha sido desnaturalizada por su empleo en tareas de seguridad pública que no le corresponden. Además, reiteradamente ha conminado a los legisladores a configurar un adecuado marco legal que contemple los principios normativos bajo los cuales deben ajustar su actuación.
Los resultados de todo este desorden, están a la luz del día, hay que reconocer sin lugar a dudas la franqueza y cabalidad de quien, de primera mano enfrenta dicho estado de las cosas. También habrá que esperar que los actuales acontecimientos de resistencia social más que propiciar un movimiento represivo y de suspensión de garantías constitucionales, sea un punto de inflexión que permita un cambio en la dirección indicada y, desde luego, para aquellos que aprovechan la situación para delinquir que no queden en la impunidad.