Opinión

Toledo y sus protectores

El desafuero de Mauricio Toledo se cumple pese a una sórdida cadena de protección, no sólo desde la 4T sino desde partidos que presumen ser oposición. | Roberto Rock L.

  • 12/08/2021
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Mauricio Toledo, quien por años acumuló señalamientos de formar parte de una mafia política al amparo del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México; por haberse enriquecido desde el poder y encabezar a un grupo caciquil y rapaz en la alcaldía capitalina de Coyoacán, fue desaforado ayer como diputado federal en las últimas semanas de su mandato.

Este hecho, que se retrasó meses a partir de un cuerpo de denuncias penales en su contra, se cumple pese a una sórdida cadena de protección desde muchos ámbitos, no sólo dentro de la 4T a la que estaba entregado, sino desde partidos que presumen ser oposición en el Congreso.

Nunca en el grupo de Morena en Diputados hubo el menor indicio de un deslinde digno sobre Toledo, como tampoco en el PT (al que fue artificialmente afiliado) o el Partido Verde. Lo que se sabe poco es que, desde la próxima bancada de Acción Nacional, sus dos principales integrantes, Jorge Romero (coordinador) y Santiago Creel, aspirante a la presidencia de la cámara, cabildearon para evitar la acción en contra de Toledo, contemporáneo del primero en la Asamblea Legislativa. En el Senado, la también panista Kenia López Rabadán se obstinó en transmitir una presunta instrucción de la dirigencia nacional blanquiazul para evitar el periodo extraordinario de sesiones que, luego de tres intentos en 22 días, finalmente defenestró al polémico legislador.

Toledo, ahora se sabe, huyó del país sin que ninguna autoridad en los ámbitos de las fiscalías local y federal, o de Migración, haya movido al parecer un dedo para evitarlo. Aunque existe un debate jurídico en la materia, no puede descartarse que esta red de protección se extienda nuevamente para permitirle al legislador desaforado (pero reelecto en los comicios de junio pasado) su ingreso furtivo a San Lázaro el día 29, víspera del inicio de la nueva legislatura, a fin de rendir nuevamente protesta y recuperar su inmunidad. Parece evidente que lo intentará.

Toledo está señalado en denuncias penales tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. En este último caso, su nombre aparece en la investigación consignada ante la Fiscalía General de la República por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en contra del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, actual senador, así como de un grupo de cercanos colaboradores en una enorme maquinación de lavado de dinero con la compraventa de inmuebles.

La denuncia incluye, como se dijo, a exlegisladores locales y a funcionarios de segundo nivel, sobre los cuales la autoridad cree contar con evidencias de que traficaron con bienes raíces, expedientes del Registro Público de la Propiedad en la ciudad y malversaron fondos destinados oficialmente a trabajos de reconstrucción por el terremoto de septiembre del 2019.

En esta condición se halla Mauricio Toledo, cuyo desafuero fue solicitado para que enfrente cargos diversos; entre otros, desvíos en el presupuesto de la citada reconstrucción.

Para armar esta investigación, hubo una curiosa aportación que ayudó a implicar a un grupo de amigos de Mancera, sospechosos de emprender negocios turbios con inmuebles desde los ya lejanos años 2003-2004. Y que ampliaron sus operaciones cuando controlaron el gobierno de la ciudad, entre 2012 y 2018.

La referida aportación está encerrada en un lío conyugal: el proceso de divorcio de la señora María Auxilio Islas Torres y su otrora esposo, Uriel Oliva Sánchez, que en los expedientes ministeriales aparece como un personaje de enorme fortuna personal y caprichos millonarios.

Según las sospechas de la UIF y la FGR, compartidas a este espacio, Oliva Sánchez se desempeñó como notario personal de Mancera y su grupo de allegados, así como su prestanombres en múltiples operaciones.

La señora Islas Torres solicitó el divorcio desde mayo de 2019, pero en octubre pasado aportó a la FGR una declaración de 17 páginas –una copia se halla en poder de esta columna–, las cuales desbordan nombres de hombres públicos, números de cuentas bancarias, una enorme lista de residencias y departamentos propiedad de los mismos personajes, así como empresas constructoras que, a nadie sorprende ya, resultaron ampliamente beneficiadas durante la administración Mancera. Una alianza que eventualmente fue bautizada en reportes de La Silla Rota como el “Cártel Inmobiliariocapitalino, denominación que se popularizó rápidamente.

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