Tokyo 2020 llegó a su fin hace unos días. Quienes amamos el deporte pudimos ver una edición más de los juegos olímpicos y paralímpicos con historias maravillosas en un contexto nunca visto.
Estos fueron los primeros juegos que se acercan a la paridad, con 49% de atletas mujeres. En el caso de los paralímpicos, esta cifra es más baja, siendo 40.5% de mujeres, frente a un 38.6% en Río de Janeiro. La organización buscó que hubiera igual visibilidad de pruebas femeninas y masculinas en su programa y hubo 9 pruebas mixtas más que en 2016.
Asimismo, aunque el Comité Olímpico Internacional había regulado desde 2004 la participación de personas transgénero, esto había sido muy limitante y en muchos sentidos estigmatizante. Fue hasta 2015 que se volvieron a cambiar las reglas y en Tokyo, por primera vez, atletas trans como Laurel Hubbard pudieron competir conforme a su identidad de género. Sin duda las discusiones sobre la mayor inclusión posible continúan, pero los avances en la diversidad están ahí para seguirlos profundizando.
Por eso, es importante hablar de una cara poco abordada del deporte: la justicia social.
En general, se habla del deporte y los juegos olímpicos en su relación con las proezas realizadas por personas en principio ordinarias que, al superar sus propios límites y los de casi cualquier otro ser humano, se vuelven extraordinarias.
Otras veces se habla del deporte cuando alguna figura de elevada influencia elige pronunciarse sobre algún tema que impacta más allá del ámbito de las competencias; porque sus voces resuenan poderosamente, ya sea para impulsar u obstaculizar narrativas y políticas más incluyentes y justas.
También, hablamos de la dimensión económica del deporte. Según estimaciones, el mercado mundial del deporte está valorado en 614 mil millones de dólares (usd), sin contar el sector de la fabricación de material deportivo. Según algunos estudios, en países como China el PIB asociado al deporte crece a tasas más aceleradas que el PIB del país. Los salarios de las 50 personas que más ganan en el ámbito deportivo sumaron en 2021 2,800 millones de dólares.
Además, cuando se observan los medalleros olímpicos, se puede ver un reflejo del orden geopolítico mundial.
Sin embargo, el deporte debería ser visto, ante todo, en su dimensión de justicia social, ya que guarda relación directa con la salud, los desarrollos científicos, la cultura y los valores que atraviesan a una sociedad, la educación, e incluso al territorio y la distribución del espacio y los bienes públicos. Además, sin duda, con la seguridad; pues esta determina la posibilidad de utilizar dichos espacios y bienes.
Para que pudieramos hablar una perspectiva de justicia en el deporte, tendríamos que garantizar que los diversos grupos de población, independientemente de su género e identidad de sexo-genérica, raza, origen étnico, orientación sexual, discapacidades, condiciones económicas, creencias religiosas, entre otros factores, puedan realizar actividades deportivas -por su cuenta u organizadas- sin ninguna forma de discriminación, con acceso equitativo a los recursos.
En este sentido, la manera en que se invierte para hacer posible que una persona participe o no en la práctica deportiva promueve o impide los cambios sociales.
De acuerdo con un reportaje de Rosalía Lara para la revista “Expansión”, en los últimos 10 años el presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) cayó 66%, a pesar de que en ese mismo periodo el total del presupuesto de egresos de la federación aumentó 29% en términos reales. Sabemos, por ejemplo, que México es de los países con más pistas de atletismo y albercas de competencia tienen, y sin embargo poco podemos saber de quiénes tienen acceso a estas. Desafortunadamente, la información es insuficiente para saber quiénes son las personas y grupos realmente beneficiados por esta infraestructura y equipamiento. Las condiciones de las escuelas públicas, en su mayoría, son inadecuadas para la práctica física y deportiva.
El deporte suele ser ignorado por autoridades y funcionarios públicos, con la justificación de que hay prioridades más urgentes. No obstante, solo en este gobierno, se han hecho inversiones por 1,723 millones de pesos en estadios de béisbol, sin ninguna planeación ni diagnóstico de las necesidades de la infancia y la juventud en las comunidades y regiones del país.
La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte reconoce como condiciones del ejercicio de los derechos humanos, que todas las personas dispongan de la libertad y la seguridad para desarrollar y preservar su bienestar y sus capacidades físicas, psicológicas y sociales y, en ese sentido, hace hincapié en que los recursos, el poder y la responsabilidad de la educación física, la actividad física y el deporte deben asignarse sin discriminación alguna, ya sea ésta sexista o fundada en la edad o la discapacidad, o de cualquier otro tipo, a fin de superar la exclusión experimentada por los grupos vulnerables o marginados. Además, reconoce también que estos pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales, como la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de los jóvenes, la reconciliación y la paz.
A pesar de ello, en el país se sigue viendo al deporte como algo accesorio. Incluso, los medios de comunicación contribuyen a narrativas que romantizan la pobreza y la exclusión a través de historias de personas que, a pesar de todas las adversidades, logran hacer del deporte su medio para salir adelante. Aunque estas historias son inspiradoras porque muestran la fuerza y voluntad humana, el deporte no debería ser la última posibilidad para salvar la vida de violaciones a la integridad, la dignidad y a los derechos humanos, sino uno para la realización plena de todas las personas, en toda su diversidad y, en esa medida, se convierte mucho más que en un espectáculo, en un factor de justicia social.