A partir del incremento de la violencia desatada por las guerras entre cárteles de la droga, la autoridad federal comprometió la reconstrucción de las capacidades de policías y procuradurías en el país con el fin de mejorar las condiciones de seguridad.
De tal suerte que se emprendió un proceso de reforma normativa, gasto en seguridad y justicia para incrementar el número de integrantes de policías y procuradurías, para generar reingeniería, para capacitar y equipar a esas instituciones.
No es un misterio que a lo largo del siglo pasado las instituciones de seguridad y justicia cumplían una función de control político, la corrupción imperaba e impedía el acceso a la justicia, y la tortura era un mecanismo común de investigación –en los raros casos en los que se quisiese investigar– de estas instituciones.
No obstante, una década después del inicio de la “guerra contra el narco”, podemos observar cómo se gastaron miles de millones de pesos para reconstruir instituciones, sin que se logre vislumbrar esos resultados que debían ser clave para pacificar al país.
Sobran las evidencias de que las policías y procuradurías –en el mejor de los casos–actúan bajo criterios individuales y por encima de lo que mandata la ley, que desconocen su función, obligaciones y debida actuación, que cometen abusos y excesos en el uso de la fuerza; al tiempo de otros casos donde se ha demostrado que policías, ministerios públicos o fiscales son parte de bandas y grupos organizados de delincuentes.
Por ello, deberíamos analizar las fallas y construir soluciones puntuales para que los errores no se vuelvan a cometer.
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Marco Antonio Sánchez Flores
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) acordó trabajar en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, para entender qué sucedió en el último caso que se conoció, indignó y movió a la opinión pública, cuando el pasado 23 de enero un joven de apenas 17 años, Marco Antonio Sánchez Flores, fue detenido por policías de la Ciudad de México acusado de un delito menor.
La detención, liberación y atención a los familiares por parte de las autoridades tanto de la Ciudad de México, como del Estado de México, parece plagada de vicios y errores. Por un lado, parece que hubo uso excesivo de la fuerza en la detención de un menor que no se encontraba armado, está confirmado que la liberación (hecha por las autoridades capitalinas y días más tarde por las del Estado de México) no corresponde a lo que marcan los protocolos de actuación y parece que el proceso de denuncia de desaparición hecha por los padres del joven y la sucesiva atención recibida, solo se dio a partir de que el caso se hiciese del conocimiento público.
Precisamente, la sospecha de encontrarnos frente a un caso de desaparición forzada impulsó una gran presión pública que resultó clave para que la autoridad localizara al menor deambulando en un deteriorado estado físico y mental por las calles del Estado de México.
El terror que vivió la familia, las condiciones en las que fue localizado y la evidencia de errores, no deben ser olvidados. En esta ocasión no hubo desaparición forzada, Marco Antonio regresó con sus seres queridos, pero las cosas pudieron haber salido aún peor, mucho peor.
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A cualquiera pudo pasarle…
Debemos entender qué sucedió para poder corregir cada una de las fallas y prevenir el surgimiento de nuevos casos. Necesitamos un diagnóstico claro de cuáles errores son imputables a los individuos involucrados, cuáles a las instituciones y cuáles son propios del sistema de seguridad y procuración de justicia. Es fundamental aclarar si falló la integridad de los policías, la formación con la que contaron, los procesos institucionales y en qué medida.
Es por ello que llegamos a los siguientes acuerdos de colaboración conjunta con los gobiernos de ambas entidades:
1. Revisar los procesos de detención y liberación; contrastar lo sucedido con los protocolos de actuación; revisar si los policías involucrados en este tema habían sido capacitados, cómo fueron capacitados y con qué resultados; al tiempo en que se trate de entender cómo está el resto de la institución.
2. Auditar el proceso de denuncia por desaparición por parte de las familias para dar respuesta a estas insoslayables preguntas: ¿cuándo se abrió la carpeta de investigación?, ¿por qué aparentemente esta se inició por el delito de secuestro y no por el delito de desaparición forzada?, ¿cómo se inició el proceso de búsqueda?, ¿se contaba con los protocolos en materia?, ¿cómo se conforma la unidad de búsqueda y cómo fue capacitada?
3. Trabajar para entender cómo se dio la atención a los familiares, si correspondió a lo que dice la ley de víctimas y si las comisiones ejecutivas se involucraron, y con qué resultados.
Este caso exhibe la debilidad de un sistema que está para protegernos, y parece que hace lo opuesto. Esta serie de eventos nos pudo haber sucedido a cualquiera de nosotros, nos pueden detener arbitrariamente y literalmente borrar. Si no aprendemos de este caso, veremos cómo se repiten situaciones similares.
Los errores en actuación por parte de autoridades de seguridad y justicia suceden en todo el mundo –incluso en las que son consideradas como las mejores policías –, sin embargo, la diferencia que genera confianza en algunas sociedades y desconfianza en otras, radica en cómo la autoridad rinde cuentas, qué sucede tras un caso como este, y si se toman acciones, se mejoran procesos, o por el contrario, se mantiene la impunidad y debilidad institucional.
Transformar la voluntad en acciones
Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México han mostrado disposición, apertura y voluntad en rendirle cuentas a la sociedad, lo que sigue es transformar la voluntad en acciones.
El acuerdo entre el ONC y las autoridades de estas dos entidades implica que, por un lado, el ONC dona su tiempo, esfuerzo y recursos para generar el diagnóstico y acompañamiento, mientras que las autoridades se comprometieron a generar los cambios necesarios para mejorar su actuación e imponer sanciones apegadas a derecho a quien resulte responsable.
Este terrible caso no debe ser olvidado, ¡todos pudimos ser Marco! Que el dolor de sus seres queridos y la solidaridad mostrada por la sociedad sirva de impulso para construir un proceso de mejora institucional que permita que los mexicanos ya no temamos a nuestras policías y logremos condiciones de seguridad que nos permitan progreso y bienestar para todos los mexicanos.
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