Opinión

Todo el poder

Todo indica que lo que realmente se pretende es la eliminación de cualquier contrapeso institucional. | Agustín Castilla

  • 21/01/2021
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El desprecio de Andrés Manuel López Obrador por las instituciones -o personas- que, desde su visión, interfieren en sus proyectos o decisiones no es algo nuevo como lo evidencia su enfrentamiento permanente como Jefe de Gobierno con el entonces instituto de transparencia e del Distrito Federal (Info-DF) particularmente ante su resistencia para que se diera a conocer la información del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vialidades (Fimevic) relativa a la construcción de los segundos pisos.

Desde que arrancó su administración, López Obrador no ha dejado de fustigar a los organismos constitucionales autónomos así como a los órganos reguladores acusándolos de neoliberales, inservibles, onerosos, de responder a los intereses de las minorías privilegiadas y hasta de constituir un gobierno paralelo. Pero no se ha quedado sólo en la crítica, pues por varios medios ha buscado su captura como sucedió con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuyos titulares optaron por renunciar ante las presiones políticas e incluso la amenaza de que se les abrieran investigaciones por supuestas faltas administrativas, y fueron reemplazados por personajes que aún cuando no cumplían con el perfil técnico y de experiencia acreditaban plenamente el principal requisito: incondicionalidad al presidente y al nuevo grupo en el poder.

Otros ejemplos también muy lamentables han sido los de la Fiscalía General de la República cuya autonomía, de por sí muy cuestionada con la designación de Gertz Manero- de plano ha quedado borrada con la exoneración del general Cienfuegos conforme a los deseos presidenciales, así como el de la CNDH, hoy prácticamente inexistente a partir del ilegal nombramiento de Rosario Piedra Ibarra -quien perdió toda legitimidad- y de su pobre desempeño.

Sin embargo, cuando no logra su control los mantiene bajo un acecho permanente con el propósito de debilitarlos como ha sido el caso del INE, que además de las críticas constantes y de sufrir significativas reducciones presupuestales, han pretendido mediante la presentación de iniciativas en el Congreso -afortunadamente no prosperaron- la conclusión anticipada del periodo del consejero presidente para nombrar a un personaje afín, que sea la Cámara de Diputados quien nombre a los consejeros locales en cada entidad federativa incidiendo con ello en la conformación de la estructura del Instituto e incluso para trasladar el padrón electoral a un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Gobernación como en los sombríos tiempos del sistema de partido hegemónico.

El más reciente embate se ha dirigido contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones -a pesar de que contravendría lo dispuesto en el T-MEC- y el INAI utilizando los mismos argumentos de la austeridad, su poca utilidad etc. -desde luego sin presentar un diagnóstico serio-, para lo cual propone que sus funciones sean absorbidas por dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, lo que representaría un grave retroceso.

Por supuesto es necesario que se realice una revisión minuciosa respecto al funcionamiento de los organismos autónomos, sus facultades, procedimientos, costos para buscar su fortalecimiento; pero, no parece que sea esa la intención. Todo indica que lo que realmente pretenden es la eliminación de cualquier contrapeso institucional que pueda poner límites a la voluntad presidencial y concentrar el poder en un solo hombre que se convertiría en el gran decisor y único árbitro como lo han señalado con preocupación diversos especialistas. Llama la atención que incluso, la periodista Carmen Aristegui afirmara que desaparecer a los órganos autónomos para que sean absorbidos por el gobierno es una pésima idea, recordando la enorme importancia que tienen para la vida democrática e institucional del país.

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