Una de las frases más vacías y socorridas de la política mexicana se produce, siempre, después de una tragedia. Me refiero a la famosa “Todo el peso de la ley” y sus sinónimos “todo el rigor”, “caiga quien caiga” o “hasta sus últimas consecuencias”.
Es común que tras un derrumbe, una explosión, una muerte, un homicidio, un accidente, salga una autoridad para decir que “caiga quien caiga” se aplicará “todo el rigor de la ley”. Sin embargo, nos enfocamos a las causas superficiales y las causas de fondo nunca son atendidas.
Al final, las frases vacías han terminado como pantomima. Averiguaciones previas mal armadas, prófugos de la justicia y sobre todo un abordaje equivocado de los problemas. “Todo el peso de la ley” es esa frase que busca chivos expiatorios pero predice que todo evento trágico es precedente de su repetición.
“Todo el rigor de la ley” exige no centrar las culpas en individuos sino en procesos. De acusar a personas, no se debe excluir a todas las que han participado en el proceso para tomar como único responsable a quien está al final de la cadena de eventos desafortunados.
Cada que un borracho mata desde su auto centramos las culpas sólo en el borracho. Hay, sin embargo, un entorno que tolera que una persona maneje así. Autoridades que han relajado los operativos de alcoholímetro; cuentas de redes sociales que alertan sobre la ubicación de éstos; amigos y familiares que se enorgullecen de encontrar rutas libres de retenes. Como sociedad hacemos muy poco para liberarnos de los borrachos conduciendo vehículos automotores, a pesar de las miles de vidas que se pierden por conductores alcoholizados.
Algo similar sucede con la velocidad. Conducir rápido es mejor visto que conducir prudentemente. No hay un rechazo social a quienes conducen de forma temeraria, como sí lo hay hacia quienes respetan las velocidades máximas.
De hecho, los límites de velocidad, desde 2019, han sido fijados no por las características físicas de la vía, sino por el uso real por parte de los conductores de vehículos motorizados. Hasta el 19 de marzo de 2019, el Reglamento de Tránsito determinaba que una vía de acceso controlado debía tener separaciones entre carriles centrales y laterales; mediante una modificación firmada por la Jefa de Gobierno y tres de sus secretarios, la definición recae en el comité de vialidades. No debiera ser así. El proceso correcto es determinar los límites de velocidad mediante el instrumento técnico de la “auditoría de seguridad vial”. La ausencia de semáforos no puede ser el único criterio.
La Calzada de Tlalpan carece de elementos de protección que permitan los 80 kilómetros por hora. No hay barreras que protejan a vehículos y personas que viajan a baja velocidad, de aquellos que superan los 50 kilómetros por hora, que es la velocidad acorde con el diseño actual de la calzada.
“Todo el peso de la ley” implica ir más allá del borracho que se llevó a 13 peregrinos este domingo 5 de diciembre, o al que atropelló y mató a un ciclista, con minutos de diferencia, en otro punto de la ciudad. Culpas individualizadas no transforman.
Ni siquiera centraría las culpas en la Jefa de Gobierno o el Secretario de Movilidad, por haber firmado la reforma al Reglamento de Tránsito, o en el Subsecretario de Planeación y la Directora General de Seguridad Vial de la Semovi, cuya simulación frente a las tragedias viales es obscena. No están exentos de responsabilidad pero tampoco pueden ser los únicos culpables.
Insisto. “Todo el peso de la ley” exige ir mucho más profundo. Nuestros funcionarios y funcionarias no se levantan deseando que muera gente en las calles. Es la disciplina de gobierno lo que los hace dar maromas para sustentar malas decisiones y peores resultados en materia de seguridad vial.
“Todo el peso de la ley” exige transformar procesos. El encarcelamiento de un ebrio más no va a transformar nada y terminará destruyendo una vida adicional cada que ocurra una tragedia en las calles. “Todo el peso de la ley” es la frase que nos sentencia, como sociedad, a que las cosas que funcionan mal sigan funcionando mal.