Opinión

Tlatlaya, y el dragón herido

Al final, el general Salvador Cienfuegos está logrando apoyar a sus soldados.

  • 17/05/2016
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La decisión de un juez federal de no procesar a los últimos tres militares (Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides) involucrados en la ejecución de al menos ocho delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, no constituye en sí misma una exoneración pero perfila el final del caso hacia ese escenario.

 

La decisión del juez del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito no exime de responsabilidad a los militares, lo que hace es desestimar la investigación de la PGR y concluir que el Ministerio Público federal presentó una averiguación incompleta, hueca, carente de elementos para iniciar un proceso penal a los soldados presos no desde que ocurrieron los hechos, sino a partir de investigaciones periodísticas y revelaciones hechas fuera de México sobre el caso Tlatlaya.

 

La resolución del Tribunal Unitario fue conocida en un clásico madruguete informativo de fin de semana, en el que la PGR emitió un boletín informando sobre los aspectos centrales de la decisión del Sexto Tribunal Unitario.

 

Luego, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo a bien, para tranquilidad de la ciudadanía, difundir la resolución completa (de 522 hojas) en la que se leen los fundamentos que llevaron al juzgador a considerar que no hubo elementos por parte de la procuraduría para demostrar que en la bodega ubicada en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya se cometió una ejecución sumaria.

 

El juez consideró que las declaraciones de las testigos del enfrentamiento fueron cambiadas para culpar a los militares. Determinó que sus dichos no eran creíbles y que la PGR no demostró pericialmente que en ese sitio hubiera ocurrido una ejecución, es decir, que hubiera habido un segundo evento en el que los militares disparan a los delincuentes que ya se habían rendido. En Tlatlaya sólo hubo un enfrentamiento, concluyó el juez.

 

Más allá de las pruebas que la PGR le presente al juez para tratar de convencerlo de que sí hay elementos para iniciar un proceso penal por la ejecución extrajudicial de al menos 11 de los 22 civiles, lo que queda en el fondo del caso Tlatlaya sigue siendo el cuestionamiento grave sobre si la Sedena, la Marina y la Policía Federal siguen al pie de la letra, en sus ámbitos particulares, estrategias autónomas de combate a la delincuencia.

 

Operación DRAGÓN

 

Un año después de cometida la masacre de Tlatlaya, el Centro Pro de Derechos Humanos presentó un informe en el que reveló, a partir de documentos oficiales de la propia Sedena, la existencia de una operación contemplada en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, denominada Operación DRAGÓN, cuyo objetivo es el del combatir a la delincuencia eliminándola, abatiéndola en el terreno.

 

La existencia de la Operación DRAGÓN fue documentada con reportes, radiogramas, oficios y documentación oficial del Ejército Mexicano. La Operación DRAGÓN. Su esencia es contundente: “Las tropas deberán en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de obscuridad, ya que el mayor número de delitos se someten en ese horario”, señalaba el documento del Centro Pro.

 

El escándalo y el debate, inusitado y breve, se centraron la palabra, en el concepto y significado de “abatir”. La Sedena y el gobierno federal intentaron aclarar y reacomodar significados, pero no pudieron explicar lo que estaba más claro: abatir significa matar.

 

Militares, marinos y civiles de la Secretaría de Gobernación trataron de darle otro significado al verbo abatir, pero los propios comunicados de la Sedena y de la Marina hundieron el intento. En todos ellos -en los que se refieren a enfrentamientos con narcotraficantes- la Sedena, la Marina y la Policía Federal utilizan la palabra abatir como un eufemismo decoroso para referirse a matar.

 

La difusión del informe con el documento que revelaba la existencia de la Operación DRAGÓN dejó sin aliento a la Sedena y al gobierno federal. La Marina guardó silencio. Lo mismo sucedió con la Policía Federal.

 

Al final, el general Salvador Cienfuegos Zepeda está consiguiendo cumplir su palabra; está logrando apoyar a sus soldados, no darles la espalda, librarlos del castigo penal, , cobrarle a quien deba cobrarle por mancillar la reputación de la dependencia que más recomendaciones de la CNDH ha recibido en los últimos 10 años (116), dejar en claro que no permitirá -en medio del desorden estratégico del combate al narco- que su gente siga pagando los platos rotos a causa de los daños colaterales que esta guerra no planeada le ha acarreado a las fuerzas armadas.

 

Y entre esos daños colaterales sobresalen las remociones, enroques y escenarios a los que obligó el caso Tlatlaya.

 

En el tablero han quedado la salida del general de Brigada José Luis Sánchez León, quien era comandante de la 22 Zona Militar (en San Ignacio Rayón, Estado de México) y fue removido de inmediato por el alto mando para que su lugar fuera ocupado por el también general de Brigada José Ricardo Bárcena Rosiles, quien ocupaba el cargo de Subjefe Administrativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

 

Bárcena Rosiles es muy cercano al general secretario, es gente de su entera confianza, por eso Cienfuegos le encargó poner orden y limpiar el cuartel de la 22 Zona Militar. Una vez logrado el objetivo en 2014, el general Bárcena recibió la justa recompensa al ser designado como comandante de la 1ª Zona Militar en la Ciudad de México.

 

A su salida, el general Enrique Dena Salgado fue nombrado comandante de la 22 Zona Militar.

 

¿Y en dónde quedó el general Sánchez León? El polémico mando fue enviado en 2014 a la V Región Militar que encabeza el divisionario Miguel Gustavo González Cruz.

 

Ahí, el general Sánchez León fue el responsable de apoyar en tierra las operaciones especiales que la Sedena llevó a cabo en Jalisco para detener a los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

El primero de mayo de 2015, durante una de las operaciones para capturar a jefe del CJNG, sicarios de esa organización derribaron el helicóptero Cougar 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana, causando la muerte de nueve elementos (ocho militares y un policía federal).

 

@JorgeMedellin95

@OpinionLSR

 

Toca Penal 247/2015 - Resolución del CJF sobre caso Tlatlaya 1/2

 

 

Toca Penal 247/2015 - Resolución del CJF sobre caso Tlatlaya 2/2

 

 

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