Opinión

Tlatlaya y Ayotzinapa, criterios fantasma

Se defiende la actuación militar en lo que va del sexenio.

  • 24/11/2015
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Mientras la Sedena busca afanosamente en otras latitudes el aval extranjero para difundir y justificar sus acciones en materia de respeto a los derechos humanos, en casa mantiene su postura de cerrazón y transparencia informativa sesgada a partir de un marco jurídico limitado, insuficiente.

 

Los temas en los que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos no ceden un ápice son los mismos que desde hace meses tienen a la baja a militares y marinos en los niveles de confianza de los mexicanos.

 

El respeto y la protección de los derechos humanos de la población civil siguen como asuntos pendientes, peligrosamente vivos y sin visos de solución en el andar mediático de este gobierno. La Sedena publicó en su revista electrónica del mes de julio de este año el artículo Acciones en la presente administración mexicana en materia de Derechos Humanos, firmado por el Mayor de Justicia Militar de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) Rogelio Gutiérrez González, quien trabaja en la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena.

 

Omiso (casos Tlatlaya y Ayotzinapa, por citar algunos) y carente de autocrítica y datos estadísticos que avalen sus conceptos, el texto acaba de ser publicado casi sin cambios en la prestigiosa revista Air & Space Power Journal, de la Universidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, defendiendo en la medida de lo posible la actuación militar en lo que va de este sexenio.

 

Lo asentado en el texto es acorde con la dinámica que en ese terreno ha caracterizado al gobierno de Peña Nieto y a la Sedena, marcada por la imposibilidad de reconocer errores, excesos y responsabilidades que no surjan de señalamientos y acusaciones hechas por terceros.

 

Así, mientras la Sedena busca en los Estados Unidos un aval de calidad, un inopinado espaldarazo militar de alto nivel, en su propia tierra niega información, la limita, la sesga y cubre sus omisiones y negativas con el velo de la legalidad y la interpretación a modo.

 

En el caso de Ayotzinapa, la dependencia que encabeza el general Cienfuegos respondió hace unas semanas a una solicitud de acceso a la información que buscaba conocer los datos del normalista desaparecido e identificado como un militar en activo en las filas del ejército y activo también en las filas del movimiento surgido en la escuela Isidro Burgos.

 

En el Folio 0000700119715, la Sedena se negó a entregar datos acerca del militar en activo que formaba parte del movimiento normalista de Ayotzinapa pese a que en una solicitud previa le confirmó a la revista Proceso que uno de sus elementos formaba parte del grupo de 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde hace más de un año en Iguala, Guerrero.

 

Escudada en un nebuloso tecnicismo utilizado para no proporcionar la información requerida o para entregarla incompleta, la Sedena argumentó que la consulta no buscaba obtener documentos en específico, localizables por nombre o título, sino que era una consulta personal y como tal no estaba obligada a responderla porque no cumplía con los requisitos arcados por la ley de transparencia.

 

Sin embargo, y para disfrazar su negativa con la benevolencia de una respuesta parcial revestida con el criterio de la máxima publicidad, la secretaría indicó que el militar no estaba infiltrado ni cumpliendo misión alguna en las filas de los estudiantes inconformes de la normal rural de Ayotzinapa.

 

La Sedena indicó además que “el interesado, de voluntad propia, el 15 de mayo de 2014 solicitó realizar estudios en la escuela rural Raúl lsidro Burgos de Ayotzinapa, Municipio de Tixtla, Estado de Guerrero, petición que le fue autorizada tomando en cuenta lo establecido en el artículo 200 del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos…”.

 

El militar no cumplía labores de inteligencia ni gozaba de beca alguna y pertenecía al arma de Infantería, según la Sedena. Sin embargo, la pregunta para conocer su nombre y número de matrícula, fue rechazada y clasificada como “confidencial” ya que se trata de datos personales que “requieren del consentimiento de los individuos”.

 

Los datos fueron requeridos a la Sedena en junio y contestados en agosto. En junio, la dependencia respondía a otro requerimiento periodístico que buscaba conocer si entre los estudiantes desaparecidos había militares, esto debido a las versiones oficiales que calificaban a la escuela normal como un semillero de guerrilleros.

 

La Secretaría se limitó a señalar que en el listado de estudiantes desaparecidos un nombre coincidía con el de un miembro en activo del Ejército Mexicano, pero no reveló cuál era éste porque la información era confidencial.

 

Dar a conocer el nombre del soldado potenciaría considerablemente una amenaza en agravio de la vida, seguridad y salud de su familia”.

 

A principios de octubre, el propio general Cienfuegos mandó al baúl de los recuerdos el articulado y las previsiones de la Ley Federal de Acceso a la Información argumentadas por su Unidad de Enlace y en una entrevista concedida a Televisa, reveló que ese soldado era Julio César López Patolzin, un joven de 25 años de edad el arma de Infantería.

 

Las contradicciones y la molestia de los familiares y voceros de los 43 normalistas no se hicieron esperar. Mientras el padre de Julio César aseguraba que su hijo había pertenecido al Ejército y que había desertado para estudiar y convertirse en maestro, la Sedena revelaba que el joven estaba en el activo y había solicitado permiso para estudiar.

 

En el caso Tlatlataya, le pedí a la Sedena datos sobre cuántos de los militares detenidos y procesados entonces (Álan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides) por la ejecución sumaria de 22 civiles en una ranchería del Estado de México tomaron cursos sobre protección a los derechos humanos.

 

La Sedena contestó al Folio 0000700216314 que no había encontrado en sus archivos documentos con los datos solicitados y que no era necesario que el comité de información de la secretaría declarara la inexistencia de la información, porque la dependencia no tenía obligación alguna de contar con los datos pedidos (sic).

 

Sin embargo, en la misma respuesta la Defensa Nacional tuvo la ocurrencia de contestar una de mis preguntas con un folio anterior (0000700193014) elaborado también por mí y en el que la secretaría reconocía que 402 elementos del 102 Batallón de Infantería involucrado en la masacre de Tlatlaya, tomaron diversos cursos y talleres sobre promoción y respeto a los derechos humanos unos meses antes de lo ocurrido.

 

No hay mucho qué agregar para tratar de entender los criterios y maniobras en pro de las garantías individuales entendidas desde el cuartel.

 

@JorgeMedellin95