Ante la muerte de 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, ‘‘se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, hecho que tuvo por consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales’’.
En la presentación de su informe final de actividades, el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados, creado para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el Caso Tlatlaya, se ha llegado a varias conclusiones graves, mismas que junto a las declaraciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, reafirman la grave crisis que se vive en el país en esta materia.
Quiero referirme a los resultados presentados por el Grupo de Trabajo respecto a dos temas sumamente importantes: La reparación a las víctimas directas o indirectas, así como las diversas irregularidades en que incurrió el Gobierno del Estado de México.
En el primer rubro, el Grupo de Trabajo considera que “el Gobierno del Estado de México cuenta con una base de información y de apoyo tanto de la CNDH como de la CEAV para reparar a las víctimas de violaciones a diversos derechos, y confía en que en la reparación integral aplique los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y haga público el estado del cumplimiento en los términos que la ley lo permita”.
El deber de reparar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos estáestablecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el arti´culo 1, párrafo tercero, que a la letra dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debera´ prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los te´rminos que establezca la ley”.
Entendemos entonces por Reparación los gestos y acciones del Estado, a nombre la de sociedad, que buscan reconocer el daño producido, reafirmando la dignidad de las víctimas.
Es decir, la reparacio´n debe expresar el reconocimiento a las víctimas como individuos cuyos derechos han sido violados, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones, así como el compromiso público de responder por el impacto persistente que las violaciones tienen en sus vidas.
Sin embargo, el secretario de Gobierno del Estado de México, JoséManzur Quiroga, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el pasado 16 de abril, anunció la creación del fideicomiso de víctimas para indemnizar a quienes hubieran sido torturadas, asícomo a los familiares de ejecutados y otras víctimas, cuando lo que se ha solicitado para cada víctima, directa o indirecta, es la implementación de medidas de reparación integral.
El anuncio del fideicomiso significa, en sí mismo, que el gobierno del Estado de México no entiende de derechos humanos, pues concibe la reparación como una compra de las víctimas y no como una obligacio´n del Estado y un derecho de quienes han sufrido la violación de sus derechos humanos.
Por otra parte, es importante mencionar que la reparación de las víctimas a través no puede ser considerado un acto de benevolencia por parte del gobernador Eruviel Ávila, pues esta responsabilidad se deriva de la Ley General de Víctimas, no de un acto de caridad gubernamental.
El Gobierno del Estado de México pareciera desconocer que desde diciembre del año pasado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le remitióuna opinión técnica sobre la reparación, misma que se integra en el Informe del Grupo de Trabajo, y a pesar de ello argumentan desconocer el monto adecuado a pagar a las víctimas.
En cuanto a las irregularidades en que incurriera el Gobierno del Estado de México, una vez conocidos los hechos, Manzur Quiroga afirmó en comparecencia que se comunicócon el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, y con el procurador general de Justicia, Alejandro Gómez, entre las 6 y las 7 a.m., pero que no llegaron temprano al lugar de los hechos, pues el comandante en la zona afirmóque el sitio se encontraba muy oscuro y podía haber más personas armadas en la zona, agregando que Tlatlaya se encuentra a 4 horas de Toluca.
La Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que el día de los hechos amanecióa las 06:40 a.m., por lo que se comprueba que hubieran llegado a plena luz del día a la bodega de Cuadrilla Nueva, cerca de comunidad San Pedro Limón (lugar de los hechos).
De acuerdo al servicio de mapas provisto por la compañía Google, el tiempo de recorrido es 2 horas 35 minutos. Además, hay una fiscalía regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Tejupilco, que estáapenas a 1 hora del lugar de los hechos. ¿Acaso la fiscalía regional es tan mala que no tiene material y personal para levantar los elementos para los peritajes? ¿Entonces en qué se gasta el dinero?
A 6 meses de que fuera emitida la Recomendación 51/2014 de la CNDH, el procurador dijo que apenas van a terminar de interrogar a los 28 servidores públicos señalados por tortura y por faltas en peritajes y levantamiento de la escena, informando que sólo 10 han sido suspendidos.
Hasta el día de hoy, no existe compromiso alguno por parte del Gobierno del Estado de México respecto a un acto público de reconocimiento de responsabilidad, de desagravio y de disculpa pública por parte del gobernador de la entidad. Tampoco se ha ejercido acción penal contra ninguno de los servidores públicos señalados por tortura y faltas a sus responsabilidades en la escena, aunque ya se conocen sus nombres y los presuntos actos violatorios en los que incurrieron.
Gracias al trabajo y compromiso de un grupo de legisladoras y legisladores encabezados por la diputada Elena Tapia, quienes con la colaboración de la CNDH, la CEAV, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia, podemos tener luz respecto a lo acontecido en Tlatlaya, y podemos reafirmar que nos encontramos sin duda ante una de las masacres más dolorosas que ha vivido nuestro país, al configurarse las ejecuciones extrajudiciales, y el encubrimiento y falta de pulcritud por parte de las autoridades.
Sin duda este informe pasará a la historia como una muestra de que la labor del Poder Legislativo federal como contrapeso del Ejecutivo, puede coadyuvar en las tareas de garantizar el acceso a la justicia y los derechos humanos de los habitantes de nuestro país.