No recuerdo en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un periodo tan sombrío como el actual, en el que los cuestionamientos a su actuación –o más bien a su ausencia- provienen de todos los ámbitos pues lamentablemente sobran elementos para ello, lo cual es paradójico en un contexto de transformación de nuestro sistema jurídico como resultado de la importantísima reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
De poco le están sirviendo al presidente de la Comisión los bustos y placas con su nombre a las que se volvió tan afecto. Vaya, ni siquiera se han escuchado las voces de quienes se supone eran sus aliados para cuando menos intentar algún tipo de defensa, si es que la hubiera.
En muy diversas ocasiones se ha señalado que durante la gestión de Raúl Plascencia, la CNDH ha sido omisa o de plano complaciente con los presuntos responsables de violaciones a derechos humanos, lo que se ha vuelto más evidente conforme se acerca la fecha en que el Senado de la República debe decidir sobre su reelección, o el nombramiento de un nuevo Titular.
Hace apenas una semana manifestaba en este mismo espacio mi extrañeza por los titubeos de la Comisión para investigar el cateo a niños en la ceremonia del grito de independencia, pues todo indica que la política adoptada es la de mantener un perfil bajo y no intervenir salvo que la presión social no les deje otra alternativa.
Hay otros muchos casos, pero el ejemplo más claro y preocupante es el de Tlatlaya en el Estado de México donde el 30 de junio murieron 22 personas a manos del ejército. La versión oficial atribuía estos hechos a un enfrentamiento entre presuntos delincuentes que dispararon a militares quienes hacían un recorrido por la zona y repelieron la agresión. Sin embargo, a los pocos días algunos medios de comunicación internacionales empezaron a revelar testimonios que apuntaban a que se trató de una ejecución ante lo cual, y a pesar de su gravedad, la CNDH simplemente guardó silencio.
No fue sino hasta el 23 de septiembre, casi tres meses después, cuando Plascencia anunció que en seis semanas daría a conocer los resultados de la investigación que se estaba llevando a cabo -en franca contradicción con lo que previamente había declarado el visitador Marat Paredes argumentando que no se estaba investigando por no haber queja de por medio-, pero que todo hacía suponer que se trató de un enfrentamiento.
Es decir, aún no concluía la investigación cuando el ombudsman prácticamente exoneró a los militares implicados, en tanto que la propia Secretaría de la Defensa ponía a disposición de la Procuraduría de Justicia Militar a un oficial y siete elementos de tropa. Al momento la PGR ha ejercido acción penal contra tres de ellos.
En ningún estado constitucional de derecho se puede tolerar la omisión de un ajusticiamiento y que este permanezca impune, por lo que resulta sorprendente e inexplicable que el organismo encargado de la protección y defensa de los derechos humanos de nuestro país haya tardado tanto en intervenir y lo esté haciendo de manera tan errática.
Se equivoca Raúl Plascencia al acusar que todas las voces que se han alzado (Santiago Corcuera, Alberto Athie, Jesús Silva-Herzog Márquez, José Manuel Vivanco, Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Mauricio Merino, Sergio Aguayo etc.) pretenden dañar a las instituciones. Por el contrario, justo lo que se busca es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recupere su solidez y prestigio, pero por muchas razones se antoja imposible que esto pueda ir acompañado de su reelección.