Para orientar mejor la estrategia de combate a la corrupción, es importante distinguir entre diferentes tipos de la misma. Por ejemplo, Max Kaiser, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) hizo una clasificación donde identifica 10 tipos de corrupción (Ver aquí), que básicamente son los que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) denomina faltas administrativas graves, aunque la lista de Kaiser incluye algunos delitos. Curiosamente dicha ley nunca les llama actos de corrupción, ni en ninguna otra parte de la misma se mencionan cuáles son los actos de corrupción que castiga, aunque se podría entender que se trata de las faltas administrativas graves. Por su parte, el Código Penal Federal sí califica a 16 conductas como delitos por hechos de corrupción, algunas de los cuales, por cierto, también son faltas graves para efectos administrativos.
En artículos anteriores también he propuesto una forma de clasificar la corrupción, con la misma idea de orientar la estrategia de combate a la misma (Ver referencia en esta liga). Estas dos clasificaciones, sin embargo, están más bien orientadas a un tipo de corrupción que podríamos llamar administrativa o de “cuello blanco” o “cuello azul”. Es decir, la corrupción que ocurre entre funcionarios de nivel medio y superior y empresarios más o menos legítimos; o bien corrupción que se da a nivel de calle entre los ciudadanos y servidores públicos de ventanilla o de menor rango. Pero hay otro tipo de corrupción más peligrosa que es la que realizan organizaciones criminales. A esta le podríamos llamar corrupción criminal. Sus métodos son diferentes y más agresivos.
Respecto a este último tipo de corrupción, el Lic. Guillermo Valdés, ex director general del CISEN, ha comentado en diversos foros y en su libro (Ver libro aquí), que los narcotraficantes ampliaron sus actividades ilícitas del simple trasiego de drogas a la extracción de rentas de la población, por ejemplo a través del secuestro, cobro de derecho de piso, robo, extorsión y otras prácticas similares. Sin embargo, la Tuta y sus secuaces en Michoacán dieron a conocer una nueva forma de extracción de rentas por parte de los criminales. Estos sujetos pasaron de extraer rentas del sector privado a extraer rentas directamente del Estado al tomar el control de municipios y gobiernos estatales, llevando la corrupción a nuevos niveles.
Ahí tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Iguala hace tres años y que llevó a la desaparición y probable asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde el presidente municipal y su esposa estaban coludidos con los delincuentes; también está el caso de Tláhuac donde recientemente fue abatido el líder del cártel de Tláhuac, a quien se le asoció con el jefe de dicha Delegación en la CDMX, de quien se sospecha que actuaba en complicidad con el capo.
Es así como controlando a las más altas autoridades locales, los criminales se han dedicado a robarse recursos del erario, realizar obras con sus propias empresas, controlar a las fuerzas de seguridad para proteger sus intereses y usar a autoridades para facilitar la venta de drogas, venta y robo de combustibles y otros delitos. Este tipo de corrupción, cuya consecuencia es la captura del Estado por intereses criminales es de muy alto impacto y debe ser atendida con mayor prioridad. Esta corrupción, desde luego es mucho más grave que la administrativa que se da entre empresarios más o menos legítimos y funcionarios públicos que lo que buscan es beneficiarse en lo personal, pero no tienen el propósito de apoderarse del Estado y su estructura para usarla para fines delictivos.
Podríamos incorporar otras clasificaciones para incluir también, por ejemplo, la corrupción electoral. En este caso no se trata de que se beneficie en lo personal un empresario o un ciudadano mediante la corrupción de funcionarios, ni tampoco de criminales que quieren usar a los servidores públicos como sus empleados y a las arcas del Estado como propias. Se trata de partidos políticos y candidatos que recurren a actos de corrupción para ganar elecciones.
¿Por qué es importante hacer estas distinciones por tipo de corrupción? Para enfocar mejor los esfuerzos que tiendan a disminuirla. Sabemos de la corrupción criminal o de la corrupción electoral, pero cuando se piensa en las actividades que realizará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quizá se haya pensado más en la corrupción administrativa y no que deba dedicarse también a atender estos otros tipos de corrupción. Sin embargo, el SNA deberá tener también en su agenda el combatir la corrupción criminal y la electoral.
Se ha hablado tradicionalmente de estrategias de combate a la corrupción que yo caracterizaría como “suaves” tales como propiciar más transparencia, lograr mejor acceso a la información pública, tener mayor rendición de cuentas, etc. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno de carácter duro, aún en su versión menos peligrosa que es la administrativa. Hay otras medidas menos suaves, como son las actividades de fiscalización que incluyen auditorías. Las medidas más duras tienen un carácter más policial e implican labores de inteligencia, auditorías forenses, investigaciones de lavado de dinero, etc. Es tiempo de dedicarle más esfuerzo a las medidas de carácter duro, si es que se quiere castigar a los corruptos. Las medidas más suaves tienen algún efecto disuasivo, pero no son suficientes para combatir a la impunidad.
Algunas ideas para combatir los tipos de corrupción que he mencionado podrían ser:
a) Administrativa. En mi artículo que cité líneas antes, propongo dividir la corrupción administrativa en tres tipos: grande, mediana y pequeña. Para combatir la primera, se tendrían que utilizar herramientas “duras”, por su complejidad y alto impacto; para la mediana se puede combatir a través de auditorías y una buena fiscalización; y contra la pequeña se requiere el uso intensivo de tecnología tanto de vigilancia como de automatización de trámites y un uso intensivo de informática y telecomunicaciones.
b) Criminal. Dado lo que está en juego en este tipo de corrupción, requiere un combate de mucha fuerza: con intervención de las fuerzas armadas, del aparato nacional de inteligencia, de la policía federal y las estatales. Ya vimos cómo en los casos de Tláhuac, Iguala, Michoacán, Tamaulipas, los municipios de Puebla y Guanajuato, que se dedican al robo de combustibles, etc., requieren de intervención de las fuerzas armadas y policía federal porque está en riesgo la seguridad nacional. El SNA tendrá entonces que coordinarse con las áreas de Seguridad Pública y Nacional para combatir este fenómeno.
c) Electoral. Si bien este tipo de corrupción tiene parecido con la administrativa, su carácter político requiere una institución con la suficiente independencia de partidos y gobiernos. Quizá no sea suficiente la unidad de fiscalización dentro del INE ni la FEPADE, quienes podrían tener menos eficacia por falta de independencia: de los partidos la primera y del gobierno la segunda. Una opción a considerar podría ser una fiscalía internacional como la que existe en Guatemala, que podría sistematizar el Comité Coordinador del SNA.
Es muy importante que los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción puedan diseñar estrategias para los diferentes tipos de corrupción y sobre todo llevarlos a la práctica muy pronto. También sería importante hacer énfasis en usar herramientas más duras, de las que se han venido proponiendo hasta ahora. Todo ello para poder tener los resultados que tanta falta hacen: disminuir la corrupción y abatir la impunidad.
Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución