De acuerdo al más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en internet de la organización internacional Freedom House, dado a conocer el pasado 4 de diciembre, en México han aumentado las violaciones a los derechos de los usuarios, por lo que la ley no está ofreciendo las garantías de libertad de expresión, de prensa y privacidad, y critica abiertamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pone en riesgo también los derechos de privacidad y a la protección de datos personales al permitir a las agencias de seguridad acceso general a los datos privados sin necesidad de una orden judicial.
En el mismo sentido participantes en la Tercera Cumbre de México Telecom que congregó a empresarios y operadores del sector, alertaron sobre el riesgo de esta medida, por lo que solicitaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones precise qué funcionarios pueden pedir información respecto de los datos de los usuarios de comunicaciones móviles y que tome en cuenta las consecuencias de que la información personal y de geolocalización se le entregue funcionarios como los que gobernaban Iguala, vinculados al crimen organizado.
Eso lo advertimos muchos en el momento de discusión de la ley, pero fuimos olímpicamente descalificados, hoy esta parte del sector empresarial confirma que no haber escuchado a las voces críticas fue un error.
A la ya de suya frágil situación de la libertad de expresión en nuestro país, en estos tiempos de grave crisis institucional y social, disparada por la barbarie en Iguala contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa pero no solamente, se agregan nuevos elementos de preocupación.
Censura y libre manifestación
Ante la generalizada indignación contra de la clase política, por sus acciones u omisiones en torno a los hechos en Guerrero, el escándalo de la Casa Blanca, y la irritación por la represión de las marchas ciudadanas por parte de la policía del Gobierno de la Ciudad de México, así como por la policía federal con detenciones arbitrarias, la fabricación de delitos no cometidos y la impunidad para fincar responsabilidades a grupos violentos que curiosamente nunca son atrapados en flagrancia, que desde la lectura de muchos, son funcionales para inhibir y criminalizar la protesta social.
Además se sumaron a la semana pasada dos nuevos elementos, que incendiaron nuevamente los ánimos.
El primero de ellos fue el ataque en contra del hashtag #Yamecansé por parte de bots, para que éste dejara de ser una tendencia mundial en Twitter, después de que durante 3 semanas ininterrumpidas permaneciera entre los temas más comentados. Sin duda esta acción tenía como objetivo acallar la conversación sobre las críticas, opiniones y difusión de información sobre la crisis en México, lo cual es una ataque claro a la libertad de expresión, ¿quién diseñó y perpetró este ataque para interrumpir el diálogo ciudadano y su influencia a nivel internacional?
El segundo fue el suscitado el martes de la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando el PRI y el PAN, a través del diputado panista Marcos Aguilar, desempolvaron una iniciativa de septiembre del 2013, para reformar los artículos 11 y 73 de la Constitución para garantizar la movilidad humana, lo cual fue ampliamente rechazado por diversos sectores de la sociedad, por considerar que su fin último es criminalizar y contener la protesta social a través de una Ley General que sería el siguiente paso después de los cambios constitucionales.
Como lo han manifestado los defensores de estas reformas, no tiene porque ser así; sin embargo la burra no era arisca, ahí están los casos recientes de la llamada Ley Bala del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, que terminó con el saldo de un menor muerto, y la Ley de Movilidad del Distrito Federal que fue ya calificada de inconstitucional por el juzgado Segundo en Materia Administrativa porque tiene como resultado la vulneración del derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, en síntesis, restringe el derecho a la protesta.
¿Para qué darle celeridad a reformas de este tipo en un contexto de elevada crispación social y de exacerbada desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política de todos los colores? La Cámara de Senadores debería actuar con mucha responsabilidad en este tema.
Ceguera
Dice la sabiduría popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ante la demanda de transparencia, el gobierno asegura que el escándalo de la Casa Blanca es un caso “cerrado”; ante las acusaciones de que nuestra actual crisis y la Guerrero es producto de la desigualdad estructural que origina una pobreza lacerante Enrique Peña Nieto responde con un plan económico para ese estado que sólo beneficia a los empresarios y deja de fuera al sector campesino e indígena que muere de hambre y los deja en las garras del crimen organizado; a la exigencia de que el poder político marque distancia de los poderes fácticos, el jefe del Ejecutivo agradece y alaba a Televisa el día de ayer en Veracruz, mientras esa empresa, sospechosa de complicidad por la Casa Blanca, se deslinda de su gobierno a través de sus artistas en el evento del Teletón, y lo deja solo.
Todos estos agravios nos hablan de una ceguera que tiene en vilo al país, pero quizá uno de los más insoportables es que a los gritos de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes, Enrique Peña Nieto pida “superar los hechos”, eso no solamente habla de no entender la situación, sino de una insensibilidad que ofende profundamente a las víctimas.
¿Cómo pedirle a la sociedad que supere los hechos sin haber por lo menos hecho justicia a los padres de las víctimas y sus familiares? ¿Cómo superarlo si siguen desaparecidos 42? ¿Cómo superar que Alexander Mora Vicencio haya sido asesinado tan brutalmente que apenas si quedaron pequeños rastros de su cuerpo? Esa frase de Peña Nieto lo pinta de cuerpo entero y lastima la dignidad humana.
@callejag