No es casualidad que la semana pasada la Casa Blanca haya publicado varios documentos para apoyar a la democracia y los derechos humanos, así como combatir la corrupción no sólo en Estados Unidos, también a nivel global; la publicación de estos documentos coincide con la primera de dos cumbres por la Democracia que el gobierno de Joe Biden promueve entre líderes de 100 países.
Aunque en principio la idea de promover la democracia global por parte de Estados Unidos no es novedosa, pues habrá que recordar que en 1982 el presidente Ronald Reagan apoyó la renovación democrática en tiempos en los que la democracia parecía tambalearse tanto en su país como en el extranjero. Pero a diferencia de la época de Reagan, la Iniciativa para la Renovación Democrática de Biden tiene el potencial de estimular nuevas formas de acción colectiva en cinco desafíos emergentes: apoyar a los medios de comunicación libres e independientes, combatir la corrupción, fortalecer a los reformadores democráticos, avanzar en la tecnología para la democracia y defender procesos políticos y elecciones libres y justas. Cada una de estas cinco áreas responde a problemas críticos que enfrenta hoy en día la democracia global, en la que la de Estados Unidos no es la excepción, como quedó patente tras la toma del Capitolio en enero de este año, y ciertamente es alentador que Biden haya comprometido 424 millones de dólares.
En particular, el apoyo a los medios de comunicación es crucial para la democracia; en muchos países los periodistas independientes corren grandes riesgos personales, restricciones, censura, abusos, acoso, detención e incluso la muerte por hacer el trabajo de mantener informada a la población en tiempos de crisis.
Pero posiblemente la Estrategia para Combatir la Corrupción sea de las propuestas más valiosas y acabadas pues no sólo responde a la desilusión con la democracia a nivel global, sino que también proporciona principios claros y analiza la corrupción en Estados Unidos y en el mundo, al tiempo que plantea lo que debe hacerse a través de elementos normativos e institucionales.
Respecto a los reformadores democráticos destaca el programa “impulsado por la gente” destinado a apoyar a los movimientos sociales no-violentos y que constituyen hoy por hoy un baluarte en contra del autoritarismo y a favor de la democratización y del fortalecimiento de coaliciones inclusivas que respondan al retroceso democrático en sus diferentes manifestaciones: golpes de estado, elecciones simuladas y/o fraudulentas, la ausencia de un estado de derecho, etc. Particularmente, los movimientos de abajo hacia arriba impulsados por la gente pueden tener el importante componente de la apropiación entre los diferentes actores y sectores y que constituye un bastión para la consolidación y mantenimiento de paz.
La relación entre tecnología y democracia es desde hace mucho tiempo una preocupación generalizada pues afecta a los otros cuatro desafíos de la renovación democrática. No en vano, Ronald Deibert enfatiza que además de los beneficios que ofrecen las tecnologías digitales, éstas son invasivas, inseguras, explotadoras de los sesgos cognitivos humanos y propensas a un abuso generalizado, todas características dignas del sueño de cualquier autoritario. De ahí que el gobierno de Biden busque apoyar “una tecnología que afirma la democracia”.
Sin duda, la iniciativa de renovación democrática de Joe Biden contiene muchos elementos aplaudibles, no obstante, persiste un vacío de principios, una línea de trabajo con instituciones multilaterales y la inclusión de algunas de las poblaciones más marginadas del mundo. En lugar de aclarar alguno de los principios de la democracia, la propuesta de Biden se centra en la promesa de un financiamiento de 424 millones de dólares, sugiriéndose que es un presupuesto adicional para la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional, cuya mayoría de programas son esquemas bilaterales en los que gasta cerca de 2.4 mil millones de dólares anuales, y salvo el apoyo a los medios de comunicación libres e independientes, el resto deberían ejecutarse de manera multilateral para proteger los principios de la democracia aceptados universalmente. La cuestión multilateral de fondo radica en si la administración de Joe Biden cuenta ya con una estrategia para aprovechar a las instituciones internacionales existentes, y así avanzar en su agenda de renovación de la democracia y el estado de derecho.
El apoyo a los periodistas y a los reformadores democráticos, en particular la participación política y el liderazgo de las mujeres y las personas LGBTQI +, es necesario, pero están ausentes otras poblaciones que son objeto de ataques sistemáticos a causa del autoritarismo o el declive democrático, como las comunidades indígenas, y aquellos excluidos del disfrute de la protección, los derechos y responsabilidades democráticas, como los refugiados y solicitantes de asilo. No hace falta decir que estos últimos han sido seriamente perjudicados en la Unión Europea y en Estados Unidos en los últimos años. En Europa, algunos gobiernos devuelven a los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados a sus lugares de origen, y qué decir del reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos para restablecer la política de Permanecer en México de la era de Trump, estas prácticas violan un derecho consagrado en el seno de las Naciones Unidas y podrían favorecer, especialmente en el caso europeo, a líderes autoritarios como en Turquía y Bielorrusia.
Si bien la falta de definiciones en la iniciativa de Biden da lugar a críticas y preguntas que en el mediano plazo pueden ir dilucidándose, sí promete apuntalar los pilares de la democracia en esta época en la que diversos estudios revelan un creciente autoritarismo y recesión democrática, por ello es tiempo para la renovación democrática en Estados Unidos y en todo el mundo.
Vale añadir que México estuvo representado por el embajador Esteban Moctezuma en la Cumbre, pero a pesar de las declaraciones del embajador mexicano sobre los avances y consolidación de la democracia en nuestro país, aún continuamos en los primeros lugares de asedio, exilio, ataques y asesinatos de periodistas libres e independientes, tan sólo desde el gobierno de Vicente Fox hasta el de Andrés Manuel López Obrador, México ha registrado un total de 142 periodistas asesinados. Además, no hay evidencia de que la corrupción haya disminuido y las instituciones creadas para contener el presidencialismo absoluto que caracteriza al estado mexicano están siendo atacadas continuamente, de ahí la interrogante ¿cómo se puede articular México en la iniciativa de su principal socio?