Opinión

Temas pendientes de la agenda democrática

Resulta importante garantizar los derechos de las personas, así como una firme y permanente rendición de cuentas de las autoridades. | Blanca Lilia Ibarra Cadena

  • 13/07/2018
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Sin democracia, la libertad es una quimera.

Octavio Paz.

Después de la elección del pasado primero de julio, es necesario transitar de la democracia electoral a la democracia sustancial como lo enfatiza el jurista italiano Luigi Ferrajoli, lo cual implica la garantía de los derechos fundamentales, que no se constriñe a votar y ser votado, sino que es una parte del entramado social, jurídico, político y económico; es por definición de nuestra Carta Fundamental, una forma de vida.

Desde mi perspectiva, para vivir plenamente en una democracia, resulta importante garantizar los derechos de las personas, así como una firme y permanente rendición de cuentas de las autoridades, temas en los que centraliza su acción el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para coadyuvar con la sociedad civil en el ejercicio pleno de sus derechos, principalmente en el acceso a la información de los entes públicos y en la protección de los datos personales.

El INAI, en su función de promover el conocimiento ciudadano de los asuntos públicos, coadyuva a que las instituciones y poderes del Estado alcancen mayor confianza y credibilidad en los gobernados. Es, a su vez, un facilitador de información socialmente útil que permite supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones de servicio público”.

Don Carlos Fuentes con la elocuencia que lo caracterizaba, pero sobre todo en su profunda agudeza mental para señalar los problemas de México, solía afirmar que: “Elecciones, revocaciones, juicios administrativos, división de poderes, pesos y contrapesos y fiscalización, son elementos inherentes a un sistema liberal y democrático”.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos sostiene que, así como en 2018 se suscitó la elección más grande y compleja en la historia de México por sus dimensiones y el número de cargos a elegir, al igual que por las nuevas reglas del proceso electoral que tuvieron su prueba de ácido: fiscalización, comunicación y candidaturas independientes por citar algunas, lo cierto es que también fue la elección más vigilada, con representantes de más de 21 nacionalidades distintas que estuvieron en diversas partes del territorio mexicano, a efecto de verificar los estándares mínimos de una elección democrática.

En ese sentido, resaltan algunos temas que vale la pena mencionar, producto del pasado proceso electoral:

- En principio, se debe reconocer que se cumplió la meta de lograr paridad de género en el Congreso de la Unión, a partir de las reformas constitucionales y el cumplimiento de la ley en virtud de las sentencias del Tribunal Electoral (http://portales.te.gob.mx/genero/sentencias). Así, con datos del PREP (http://portal.ine.mx/voto-y-elecciones/prep/), existirá una representación de mujeres del 50.78% en el Senado y 49.2% en la Cámara de Diputados. Ahora bien, la agenda debe continuar en esta ruta y ocuparnos de la inclusión: personas con discapacidad, indígenas, y discriminación en general. Lo anterior, porque una democracia se caracteriza por la suma del todo con el respeto de las minorías.

- Revisar el modelo de comunicación política derivado del uso de redes sociales como medio de promoción y difusión de las campañas electorales. Durante la elección presenciamos episodios que, mediante el uso de estos medios de interacción social y digital, pusieron en riesgo, en algunos casos, derechos de terceros y de grupos vulnerables, así como valores jurídicos de tolerancia y dignidad de personas quienes participaban en las diferentes campañas políticas. De ahí que sea necesario revisar nuestro marco jurídico, para equilibrar los derechos que convergen en una contienda electoral, y logren el propósito democrático para el cual fueron configurados, esto es, que el espíritu de la comunicación sea libre plural y democrático.

- Aplicar de manera estricta la fiscalización de los recursos públicos de la contienda electoral. Si la fiscalización es detectar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, debemos cerciorarnos de que hayan sido correctamente utilizados y en su caso, proceder como lo señala la Constitución y las leyes en la materia, según la gravedad de la conducta.

- La articulación del sistema de rendición de cuentas vía el Sistema Nacional Anticorrupción. Este debe ser el derrotero a seguir. En la agenda político – electoral de los candidatos estuvo presente el combate a corrupción. ¿Cómo combatirla frontalmente? Una primera aproximación nos lleva a sostener que se puede delimitar con políticas públicas transversales y cooperación institucional; concientización y en su caso, el fincamiento de responsabilidades a quienes se aparten de un comportamiento apegado a los principios y directrices como la honestidad, objetividad e imparcialidad en el servicio público, entre otros.

En ese sentido, el INAI tiene una función de Estado que cumplir por la vía de los mecanismos de transparencia, acceso y rendición de cuentas, pues solo con información completa, accesible y verificable, se puede advertir si los gobiernos cumplen o no con sus compromisos. Es tarea de todos sumarnos a los esfuerzos institucionales para participar activamente en la democracia, para que de manera conjunta instituciones y sociedad alcancemos nuestras aspiraciones.

Acceso a la información pública en el contexto electoral

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