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Temas del periodo extraordinario de sesiones

Sistema anticorrupción, #Ley3de3, Mando Único... En si abatir la corrupción del propio Estado.

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Escrito en OPINIÓN el

Esta semana se llevó a cabo el periodo extraordinario del Congreso, luego de las elecciones para renovar gobernador en doce entidades y elegir diputados a la Asamblea Constituyente en la ciudad de México.

 

Se trata de las leyes secundarias del sistema anticorrupción, junto con la Ley #3de3 que fue presentada con unas 634 mil firmas de ciudadanos que la avalan y que en su conjunto se trata de 7 leyes que incluyen sanciones administrativas y penales que incluye la creación de la Fiscalía Anticorrupción, a las que con voluntad se le han encontrado presuntas inconstitucionalidades, en vez de mirar y aprovechar la oportunidad de corregir un grave problema como lo es, la corrupción.

 

Este es un asunto que ha causado diversos frentes de crisis en la administración federal, cuando en cada investigación que trasciende al ámbito mediático, se constata la presencia de la corrupción, como el elemento aglutinador para la materialización de algún delito.

 

No sólo eso, sino que entre los pendientes que guarda el sistema anticorrupción se encuentra por alcance el mando único, cuya iniciativa fue presentada a principios de diciembre de 2014 por el Ejecutivo Federal.

 

El mando único pretende unificar los cuerpos de seguridad pública, municipal y estatal, para fusionarlos a los de la Federación, en un nuevo modelo policial que pareciera que no cumple con esos objetivos, sino que se trata de un cambio administrativo, ante la sospecha de que la delincuencia haya tomado este control.

 

Van unos datos que muestran la realidad de la seguridad pública en el país. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 que publica el INEGI, señala que en 2014 se cometieron 33’704,032 de delitos en el país, de los cuales, 31’273,660 de ellos (97%) no fueron denunciados, es decir, son delitos negros.

 

En ese mismo año 2014 hubo 22.8 millones de víctimas del delito, y en su conjunto, la inseguridad generó un costo de 226,700 millones de pesos, equivalente al 1.27% del Producto Interno Bruto.

 

Luego entonces, la cifra de delitos en todo el país en el 2014, asciende a 2’430,372 de denuncias, de las cuales, sólo 136,088 sentencias por delitos en el ámbito federal y local fueron ejecutadas, es decir, sólo el 17.85% de las denuncias presentadas terminan en sentencia. Esto significa que el rango de impartición de justicia es bajo.

 

La gravedad de estas cifras sólo confirman la penetración de la corrupción e impunidad en el sistema de justicia, cuando ya está en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

 

Mientras tanto y durante la discusión del paquete de leyes anticorrupcion en el Senado, los legisladores evidenciaron su pobre compromiso para combatir este flagelo. Por una parte, los que votaron en contra, ante las olas de críticas salieron de inmediato a sus redes sociales o a realizar una triste contensión de daños para autoproclamarse paladines y defensores irreductos de la transparencia y la anticorrupción. Hoy por hoy, la realidad es que votaron en contra; no más, no menos y sometieron al empresariado mexicano a una especie de venganza por atreverse a cuestionar su honorabilidad.

 

Qué rápido se olvidaron los mensajes que llamaban a la reflexión, a la autocrítica y a la enseñanza que presuntamente habían recibido cuando el voto no les favoreció, a aquellos partidos políticos que perdieron gubernaturas, tan sólo apenas hace una semana. El 2017 en el Estado de México no está lejos, y luego luego, el 2018.

 

Aquellos que se abstuvieron de votar, encontraron en un pretexto pueril, como el cansancio, en su estado de salud o en contestar una llamada a las 3 de la mañana, el mejor pretexto para no asumir el costo político que representaba ante la nación. Además, un grupo parlamentario minoritario encontró el frijol con gorgojo en la abstención del voto de sus legisladores, y la moneda de cambio por los 3,000 votos que le faltaron en la última elección federal, para conservar su triste y miserable subsistencia política a través del registro.

 

Los que votaron a favor, transformaron su voto en el momento idóneo para ver cómo las hordas en redes sociales, incluidos ellos mismos, criticaban a sus compañeros por votar en contra o en abstención, cuando en realidad, estos mismos que se dicen paladines de la democracia y creen tener en los bolsillos la Presidencia de la República en 2018, no están dispuestos a comprometerse más que con ellos mismos y si hay algún error en esta pluma, que lance la primera piedra el que estaría dispuesto a tomar un fusil para defender a su país del estado de inseguridad producto de las cifras arriba señaladas, a cambio de dejar el status quo de Manhattan o Champs Elysées que representa la comodidad de su escaño, el fuero y su dieta. Luego entonces, no hay nada que celebrar.

 

Así la corrupción es un problema de Estado, cuando en su génesis y desarrollo participan las instituciones de los tres niveles de gobierno, en el ámbito territorial nacional cuyo impacto se manifiesta en el campo social.

 

Es problema de gobierno cuando hasta en las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Poder Ejecutivo, llegan malos elementos, como en la clase política, que permiten o participan con la delincuencia.

 

No obstante lo anterior y en la lógica del mando único, el Presidente de la República tiene el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente, conforme a la letra de la Carta Magna, y por tanto se asume como el garante de la seguridad pública, y políticamente, del combate a la corrupción.

 

@racevesj 

@OpinionLSR