Esta semana 30 millones de estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 bajo la situación inédita del distanciamiento forzoso causado por el covid-19. Las medidas de prevención sanitarias obligaron a que los cursos sean impartidos a distancia, ya sea por plataformas de internet, radio o televisión; lo cual podría tener un impacto negativo en desigualdad y rezago educativo de la población en situación de marginación.
La educación es un derecho humano fundamental gracias al cual las personas adquieren conocimientos que les permitirán su desarrollo personal. Es un derecho que, a su vez, está íntimamente relacionado con otros derechos como son la igualdad, el derecho a un estándar de vida adecuado, así como el derecho a trabajar y a recibir un salario digno. Es por ello que el Estado tiene la obligación de garantizar una educación de calidad.
No obstante, nuestro país tiene una deuda histórica en esta materia debido a la grave situación de rezago y desigualdad existente. Tan sólo como ejemplo, en cuanto a la calidad de la educación, en la prueba PISA de la OCDE del 2018 México quedo ubicado en el lugar 53 de 79 países evaluados.
Las diferencias respecto a los demás países son muy significativas. Mientras que el promedio en la OCDE de bajo nivel en matemáticas fue de 24%, en el caso de México fue de 56%. Y en nuestro país sólo 1% de los estudiantes obtuvo un nivel de competencia superior en matemáticas, mientras que en países como China o Singapur rondó el 40%.
Asimismo, mientras que en los países de la OCDE el promedio del porcentaje de alumnos con bajo nivel de lectura fue de 23%, en México fue de 45%, casi la mitad de los estudiantes.
Y en cuanto a las desigualdades respecto al nivel socioeconómico, en nuestro país los estudiantes de mejor nivel de ingreso superaron a los de escasos recursos en 81 puntos.
La situación no es nueva, es por ello que en el 2012 se impulsó una reforma educativa en donde se puso el acento en la calidad de la educación, la mejora continua del magisterio y la participación preponderante de los padres de familia; hoy tan necesaria ante la crisis causada por la pandemia. Lamentablemente la reforma fue desechada en el 2019 por MORENA y sus aliados, con un claro enfoque clientelar y las nuevas disposiciones no acaban de implementarse, con lo que la afectación a los estudiantes se ve agravada y es preocupante.
Hoy con las medidas de distanciamiento a causa del covid-19, las diferencias y el rezago de los más pobres corren el riesgo de incrementarse. Según la “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares 2018” del INEGI, únicamente el 49.1% de los hogares en el país tienen internet y sólo 45.4% cuentan con una computadora.
Esta situación causará diferencias entre los alumnos que podrán seguir de cerca a sus profesores mediante el uso de plataformas digitales y otros que tendrán que conformarse con tomar clases por radio o televisión. Lo cual se agrava al tener en cuenta que muchos padres de familia de escasos recursos tienen menos escolaridad que sus hijos. Y por el hecho de que habrá padres que no podrán acompañar a sus hijos debido a la necesidad de trabajar.
Internacionalmente los países más exitosos en educación son aquellos cuyo sistema educativo se enfoca en cada estudiante. Como es el caso de Finlandia, uno de los mejor evaluados en la prueba PISA, donde la educación es personalizada a fin de respetar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.
Lo mismo sucede en el caso de Canadá, también en el “top ten” de la prueba PISA, donde en matemáticas utilizan el sistema “Jump Math”, que adapta la enseñanza al ritmo y capacidades de cada alumno. Dicho sistema ha obtenido grandes resultados y ha sido premiado internacionalmente.
El gobierno federal no puede cantar victoria sólo por haber iniciado clases y por haber puesto los materiales en televisión. El Estado tiene la obligación de garantizar que la educación sea de calidad; tanto en contenidos como en una metodología de enseñanza que asegure el mejor aprovechamiento de los alumnos.
Para superar este reto se debe revisar el presupuesto educativo, claramente insuficiente. Según un informe de la Cámara de Diputados[1], el presupuesto total destinado a la educación en los últimos 5 años pasó de 3.7 a 3.0 % del PIB, lo cual está muy por debajo del 5% de los países de la OECD y aún más del 8% establecido en la Ley General de Educación.
Como es evidente, el presupuesto debe incrementarse ante el déficit estructural respecto a los mínimos requeridos por la educación y ante las nuevas exigencias que imponen la demanda de acceso a internet y de dispositivos para superar el distanciamiento.
Por lo tanto, es indispensable que las autoridades asuman su responsabilidad a fin de asegurar un acceso equitativo a la educación. Para ello será necesario que se multipliquen las acciones hasta ahora realizadas. Es importante que se aprovechen las experiencias internacionales y las aportaciones de los padres de familia. Y, finalmente, es necesario que todos estos esfuerzos se vean reflejados con recursos adicionales en el presupuesto del próximo año.
[1] Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, “Presupuesto en Educación Básica 2015- 2020 y Resultados de México en la Prueba PISA 2018”