El pasado mes de junio se cumplieron cinco años de la profunda reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia que creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo, dotándole de amplias facultades para regular las telecomunicaciones y radiodifusión, además de fungir como autoridad de competencia en estos mercados.

Como resultado directo de esa reforma se determinó la existencia de agentes económicos preponderantes, a quienes se sujetó a un régimen de obligaciones asimétricas para impulsar la competencia; se formó una nueva cadena nacional de televisión abierta; se definieron obligaciones “must carry/must offer”, por las cuales las empresas de televisión abierta deben dar acceso gratuito a sus contenidos a los sistemas de televisión restringida, quienes a su vez deben transmitirlos también sin cobro alguno; se llevó a cabo el apagón analógico de la televisión abierta, con lo que México fue el primer país de América Latina en transitar de lleno a las transmisiones digitales; se creó la red compartida mayorista que utiliza las frecuencias liberadas por el apagón analógico, para la provisión de internet.

También se previó un procedimiento singular para el nombramiento de comisionados, que pasa por una convocatoria abierta en la que cualquiera puede participar, hasta la presentación de un examen de conocimientos, todo ello organizado por un comité integrado expresamente para ello, a partir de tres órganos autónomos: Banxico, Inegi e INEE.

Dentro de un mes, el IFT estará cumpliendo 5 años de haberse integrado y, muy poco después, entrará en funciones un nuevo gobierno en el país. Estamos entonces en un momento propicio para hacer recuento de lo avanzado, de lo que falta por hacer, y voltear hacia el futuro.

El panorama

La reforma constitucional implicó una transformación institucional muy profunda, fruto de rezagos importantes y reclamos por servicios con menores precios, mayor calidad y cobertura, así como mejores condiciones de competencia.

Los avances en esos rubros son evidentes. Tenemos, por ejemplo, una reducción acumulada del 42% en los precios de los servicios móviles, ya no se cobra la larga distancia nacional, la mayor parte de las ofertas incluyen tarifas planas (sin servicio medido), la contribución del sector al PIB ha crecido, además de que contamos con nuevos competidores tanto en telecomunicaciones como en televisión y radio.

Pero a la par de este progreso, seguimos enfrentando grandes retos. Unos preexistentes y otros nuevos o que se han ido modificando ante el vertiginoso avance tecnológico.

El reto más visible y quizá el más trascendente de todos, es cerrar la brecha digital: conectar a los desconectados e incorporarlos a lo que llamamos la sociedad de la información y el conocimiento, que no es otra cosa más que el entramado de aplicaciones tecnológicas por medio de las cuales se desarrollan las actividades de las sociedades modernas.

Cerrar la brecha digital no sólo implica ampliar la cobertura de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, sino asegurar que éstos sean asequibles para toda la población, que existan aplicaciones y contenidos relevantes para los usuarios, que las personas sepan cómo usar los dispositivos y cómo aprovechar las aplicaciones, para que les aporten valor.

Es decir, se trata de coordinar esfuerzos tanto desde la oferta como desde la demanda para que las telecomunicaciones sean una plataforma de desarrollo individual, regional y nacional, para llevar salud, educación, trabajo, oportunidades económicas y sociales a todas las personas. No se busca sólo comunicar a la población, sino incorporarla de lleno a una poderosa plataforma de desarrollo

Para cerrar la brecha digital necesitamos, además, definir estrategias diferenciadas para atender las necesidades específicas de los diversos grupos desconectados.

Si bien es verdad que hemos logrado que los conectados tengan ahora más y mejores servicios por menores precios, por otro lado vemos que las grandes desigualdades siguen allí. Existen brechas de género, por rangos de edad, entre regiones, niveles socioeconómicos, zonas urbanas y rurales. También existe una barrera lingüística que en ocasiones es doble, si consideramos que una gran parte de los contenidos que se encuentran en la red están en inglés, siendo que muchos mexicanos no hablan ese idioma y otros más tienen como primera lengua una indígena. Cuando confluyen varias de estas dimensiones, la brecha se multiplica, lo que puede darse por ejemplo, con una mujer indígena mayor de 65 años viviendo en un entorno rural del estado de Chiapas, quien muy seguramente no tendrá acceso a las tecnologías digitales.

Paralelamente, más que prepararnos, tenemos que actualizarnos frente a los nuevos desafíos que presentan la privacidad, seguridad, convergencia y competencia en las redes dentro de un entorno de economía digital, inteligencia artificial, internet de las cosas y ubicuidad de los servicios, que requieren renovar nuestros marcos de referencia relativos a la ética, la propiedad intelectual, el derecho a la información y la jurisdicción de las autoridades, entre otros.

Muchos de estos son temas horizontales que difícilmente podrían concentrarse bajo una sola entidad, por lo que estamos frente a un enorme reto de coordinación interinstitucional que requiere importantes esfuerzos de planeación, sincronización y comunicación: establecer metas comunes y estrategias específicas con responsabilidades de cada una de las autoridades involucradas y acciones calendarizadas; entender los retos institucionales de cada organización; y asegurar que los recursos necesarios estén disponibles de forma oportuna. Finalmente, es necesario encontrar los mejores arreglos institucionales para propiciar esa interacción, alineando los incentivos de las diversas organizaciones.

Dentro de las responsabilidades operativas/ejecutivas existe también la posibilidad de concentrar actividades, tal como lo recomienda la OCDE, refiriéndose específicamente a las políticas para digitalizar la administración pública, promover el uso de tecnologías digitales por parte de la población, así como el desarrollo de programas específicos de cobertura social.

Todo ello, cuidando preservar la adecuada distancia entre las responsabilidades operativas y las regulatorias, que se logró al crear una autoridad reguladora autónoma y separada del Poder Ejecutivo.

Hablemos de dos malas palabras: feminismo y cuotas

@elenaestavillo | @OpinionLSR | @lasillarota

 * Comisionada del IFT. Las opiniones expresadas son a título personal y no deben entenderse como una posición institucional.