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Telecom y los consumidores

El pasado 9 de diciembre venció el plazo para que el Congreso de la Unión expidiera la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se publicó el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, y en cuyo artículo Tercero Transitorio otorgaba al Poder Legislativo 180 días para tal fin

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Telecom y los consumidores

Aún cuando la omisión legislativa rebasa los 4 meses, cada vez se percibe más lejana la posibilidad de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se apruebe en este periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril.

Para nadie es un secreto que es mucho lo que está en juego y que en esta discusión de suyo compleja se entremezclan posturas ideológicas, criterios técnicos y sobre todo grandes intereses económicos y políticos, por lo que conforme pasa el tiempo, las posiciones se han ido radicalizando tanto en foros académicos, en redes sociales o en el propio Senado que funge como cámara de origen. Es claro pues, que el buen ánimo que generó la aprobación de la reforma constitucional se ha esfumado.

La iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto (no me voy a referir en esta ocasión a otras que se han presentado con el respaldo de organizaciones académicas y sociales especializadas en la materia, pues de plano han sido ignoradas por los dictaminadores sin justificación alguna) ha recibido severos cuestionamientos en diversos temas como interconexión, preponderancia, derechos de las audiencias o la invasión de competencias y vulneración de la autonomía del IFETEL, e incluso existen argumentos serios que apuntan a su inconstitucionalidad. Tampoco han sido menores, los señalamientos por violación al procedimiento legislativo.

Sin embargo, por momentos pareciera que el foco del debate se pierde y que este se circunscribe tan sólo a la disputa entre una televisora y una compañía telefónica o a la censura de internet que ha detonado una intensa campaña en Twitter y Facebook (muchos creemos que es una bola de humo precisamente para desviar la atención de los puntos neurálgicos como sucedió con las colegiaturas en la reforma fiscal).

Lo que se supone debe prevalecer es el interés público por encima de los cálculos político-electorales, y en este sentido lo que los legisladores están obligados a procurar son las condiciones óptimas para impulsar la competitividad, el desarrollo del sector y para que los usuarios por fin podamos recibir mejores servicios a precios razonables. ¡A poco es mucho pedir!

@Agus_Castilla