De acuerdo a la información que ha circulado, representantes de los tres principales partidos políticos y del gobierno federal han tratado de avanzar en la construcción de un documento que de lograr los consensos requeridos, pudiera estarse votando la semana próxima.
En este contexto, vale la pena que los partidos políticos y los legisladores, particularmente quienes integran las comisiones dictaminadoras, analicen la opinión que la prestigiada organización internacional “Freedom House” emitió hace unos días respecto a la iniciativa presentada por el Presidente Peña Nieto así como al anteproyecto que elaboró el Senador Javier Lozano en su calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
En primer término, “Freedom House” recuerda que nuestro país ha sido calificado como Parcialmente Libre en el índice de Libertad en el Mundo 2014, como No Libre en el de Libertad de Prensa de ese mismo año, y como Parcialmente Libre en el de Libertad en Internet 2013.
A continuación señala que si bien esta organización se manifestó a favor de la reforma constitucional por representar un avance importante, tanto la iniciativa del Ejecutivo Federal como el anteproyecto de dictamen más que abonar a los cambios requeridos, se presentan como obstáculos para lograr el objetivo de dicha reforma.
Asimismo, destaca que al parecer no se han tomado en cuenta los debates y recomendaciones de la sociedad civil, que se ve a los usuarios y audiencias como actores secundarios cuyos derechos quedan supeditados a las garantías que el Estado otorga a los concesionarios, además de que tampoco se toman en cuenta los derechos humanos establecidos en el artículo 1 constitucional y en tratados internacionales.
Entre los asuntos que considera como preocupantes, se encuentran el ataque a la privacidad y el uso de datos personales que podrían ser proporcionados sin necesidad de orden judicial, la ambigüedad en el tema sobre neutralidad de redes y acceso a contenidos o en la protección de la niñez.
También advierte que el régimen de otorgamiento de licencias no elimina la discrecionalidad ni favorece de manera clara la competencia y pluralidad de prestadores de servicios tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión.
En el tema de medios públicos afirma que la independencia editorial queda comprometida al no permitirse la venta de tiempo para publicidad, ya que los supedita a sobrevivir de donativos.
Estos son tan sólo algunos de los principales puntos que aborda “Freedom House” en su análisis y que, junto con muchos otros, deben servir de insumo para el proceso de discusión que se está llevando a cabo en el Congreso.
Es mucho lo que está en juego y las posiciones son diversas, pero si asumimos como premisa la defensa tanto del contenido como del espíritu de la reforma constitucional, y ponemos en el centro del debate a los usuarios y audiencias, tendremos una buena base para una buena legislación.
@agus_castilla