Hay una ironía en la propuesta de reforma de ley impulsada por el diputado federal del PAN Federico Döring en materia de telecomunicaciones, cuyo dictamen logró ser aprobado la semana pasada con una rapidez insólita.
La iniciativa supone un acto de sumisión absoluta hacia el poder de las televisoras… presumiblemente aun antes de que éstas lo hayan exigido.
Acción Nacional en San Lázaro se comporta hoy como una doncella que entrega sus favores a los caballeros sin que le sean requeridos, sea que el varón lo represente la administración Peña Nieto, un poder fáctico o cualquier instancia que emane aroma a negocio. Así trabaja la fracción que coordina Marko Cortés, un peón de la voluntad del dirigente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya.
La Comisión de Radio y Televisión de la cámara baja es encabezada por Lía Limón, quien cobró fama de valiente cuando militaba en el PAN, al que abandonó resentida y ahora es comparsa del PRI y el Verde –que representa formalmente.
Legisladores de esas tres agrupaciones hicieron aprobar –con la oposición de Morena y Movimiento Ciudadano- un dictamen que se contrapone a las reformas recogidas por la Constitución en materia de telecomunicaciones en 2013 y 2007. Otra propuesta en este mismo campo, presentada por Clemente Castañeda, del MC, fue retirada eventualmente para no validar indirectamente el esquema que engendrado para cobijar a la iniciativa de Döring.
En choque directo con el texto constitucional, el dictamen echa abajo, entre otros la aspectos, la definición de publicidad cuando se trata de promoción encubierta en programas de variedades o similares, con fines comerciales o políticos.
Esto significa que el dictamen es constitucionalmente inviable. Salvo una sorpresa de último momento, debe ser frenado dentro de Diputados mismo, en el Senado o por la Corte.
La propuesta de Döring -ubicado el jueves por las Lenguas Viperinas de La Silla Rota como personaje de la picaresca política mexicana- no es sólo lacayuna, sino torpe, pues tiene el potencial de revertirse en contra de los intereses de las propias televisoras a las que el legislador y sus compañeros de viaje buscaron halagar. El escándalo despertado elevará el rechazo ciudadano al sector.
La forzada intentona de contrarreforma empujada por el PAN en función mercenaria, se produjo en momento en que la Corte analiza las controversias presentadas el 31 de enero pasado por el Ejecutivo federal y el Senado contra diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los que se apoyaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel Contreras.
El IFT se ha mostrado medroso en esta historia. Es probable que ahora no pueda eludir su obligación de defender el marco legal que le da sustento. En el escenario remoto pero posible de que la “Ley Döring” pase por el conjunto del Congreso, el Instituto deberá ser la primera instancia que presente una controversia constitucional. Será la mayor prueba de ácido que encare Contreras, al que se ha atribuido sumisión hacia el gobierno federal y en particular al consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.