Es inhumano. Es cruel. Es indigno. Vergonzoso. Brutal. Es criminal. Eso y más es lo que significa en el sentido ético y legal el linchamiento del joven Daniel Picazo, de 31 años, abogado, asesor en temas legislativos y con estudios en el país y en el extranjero que prometían una vida larga, propositiva y exitosa. No. No la habrá. Ya no.
Ocurrió el viernes 10 de junio en la comunidad de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huauchinango, Puebla, México.
Esa noche, después de las 23:00 horas, alguien corrió el rumor en la población sobre el supuesto intento de rapto de un menor de edad pues desde el día anterior habían visto a “gente extraña” en la localidad.
Así que sin averiguaciones, sin indagaciones o pruebas de ninguna especie, gente de Papatlazolco detuvo a Daniel, quien iba acompañado de otra persona y quien pudo escapar. Retuvieron a Daniel, que intentó identificarse, darles explicaciones y salvarse: no lo escucharon. No lo quisieron escuchar. Lo golpearon hasta la agonía, luego lo rociaron con gasolina y lo quemaron.
Al poblado acudieron elementos de la policía municipal y estatal, así como paramédicos de la Cruz Roja: tarde. O no lo quisieron ayudar. Ya nada pudieron hacer por el hombre porque los enloquecidos habitantes no les permitieron el paso, y cuando al fin pudieron ingresar a la cancha deportiva Daniel ya no vivía.
Algunos pobladores del lugar comentaron a periodistas que había temor ya que días antes había circulado un audio a través de WhatsApp en el que se alertaba a las familias de cuidar a sus hijos, ya que había personas desconocidas con intención de llevarse a los niños.
Y de nueva cuenta rumores. Y de nueva cuenta sospechas. Y como siempre azuzados por gente sin escrúpulos deciden vigilar y atentar en contra de gente desconocida, aun cuando esa gente no tenga nada que ver con aquellos rumores o acusaciones...
Y esta tragedia dolorosa que le costó la vida a Daniel Picazo ha ocurrido ahí, en Huauchinango en otras ocasiones. En este municipio, en los dos años recientes, se han registrado al menos nueve intentos de linchamientos y uno se ha consumado.
De acuerdo con una revisión hemerográfica que realizó El Universal-Puebla, en el 2020 las personas intentaron hacer justicia por su propia mano en ocho ocasiones. Mientras que en el 2021, los pobladores estuvieron a punto de linchar a golpes a un sujeto.
La información proveniente del lugar y referida a este linchamiento, dice que “por error” lincharon a una persona. No. No hay error. Hay maldad. Hay intransigencia. Hay abuso de fuerza colectiva. Hay locura criminal.
No se puede ni siquiera comparar con “Fuenteovejuna” en donde los habitantes del pueblo español se hacen justicia y guardan silencio; tampoco se puede ni siquiera comparar con el relato de Edmundo Valadés en “La muerte tiene permiso” en donde los habitantes del pueblo ‘pasan a mejor vida’ al cacique arbitrario de la localidad.
No. Lo ocurrido en Puebla tampoco fue confusión; fue simple y sencillamente un homicidio. Un crimen. El desinhibido festejo por un linchamiento es además de un delito un paso más al envilecimiento general. Las turbas enfurecidas no pueden suplir a las leyes.
Se tiene que aplicar la ley en todo su rigor y derecho. Se tiene que indagar quién envió el mensaje que empujó a la multitud a cometer este acto criminal. Quién encabezó este motín. Quién participó directamente en el hecho. Quién arrojó la gasolina al joven agonizante. Quién prendió fuego a su cuerpo. Quiénes aplaudían a modo de complicidad este acto brutal y animal.
‘Las leyes y los sistemas judiciales existen para que los comportamientos delictivos puedan ser prevenidos o castigados de la forma más proporcional y objetiva posible. Y si esos sistemas de prevención y procuración de justicia fracasan, lo imperioso es reformarlos a fondo, no ignorarlos’.
No es nuevo el linchamiento en México. La mayor parte de ellos ha ocurrido en Puebla. Aún se recuerda lo ocurrido en 1968 en el pueblo de Canoa, cuando la turba enloquecida linchó y mató a cinco trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a quienes acusaron de querer llevar el comunismo a la comunidad. O cómo agredieron a una pareja que pasaba por el municipio de San Nicolás de Buenos Aires a los que, “por error”, acusaron de querer robar niños: los lincharon... y más.
En muchos estados del país han ocurrido linchamientos. Pero en los años recientes se han incrementado de forma dramática. Tan sólo en 2018 en todo el país ocurrieron unos 174 casos de linchamiento. En 2017 se registraron unos 60, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Si. El incremento de los linchamientos responde a una muy grave crisis de seguridad, al incremento de la violencia y a la desconfianza por la falta de eficacia de los aparatos de justicia. El sistema de seguridad pública está en crisis. Tanto en el gobierno federal como en los estatales y municipales.
Aun así, los linchamientos son un crimen. Un agravio inhumano. Son el ser humano revierto en bestia que agrede a su propio género.
¿Quién tiene la culpa? ¿La inseguridad creciente en el país? ¿La falta de garantías y ausencia del estado de Derecho? Si. Todo sí. Pero también hay un factor importante en estos linchamientos: la patología criminal de quien los comete.
Es la locura que transgrede todo ámbito social y legal. Es la pérdida del sentido ético primario. Es el factor humano. El factor dantesco. El infierno interno de quien manda el primer mensaje falso; el de quien asesta el primer golpe, el que arroja la gasolina, el que enciende un cerillo para quemar el cuerpo de otro ser humano.
¿Y la justicia? ¿Y la ley? ¿Y el estado de Derecho?... ¿Y la psiquiatría social?...: ¿Fuenteovejuna, señor?