El gobierno mexicano, como si de un juego de amores y desamores se tratase, decidió abandonar el control de la justicia laboral, pero no del todo. Juró y perjuró que ya no se metería en los conflictos obreros y por eso dijo estar de acuerdo en la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para trasladar los conflictos al poder judicial.
Más todo fue un engaño. Aparentó una reforma de gran calado para que el Presidente de la República y los gobernadores se pudieran mantener al margen de los conflictos laborales. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Cedió a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México un centro de conciliación para atajar toda clase de conflictos individuales y colectivos.
Ha comenzado a circular un documento, sin firma o autoría, señalado como el borrador de una propuesta de reforma laboral a los mencionados centros de conciliación. Este brinda facultades adicionales para otorgar el registro de los sindicatos y de los contratos colectivos, contrariando las facultades exclusivas que se otorgaron de manera indebida al Presidente de la República.
En este sentido, el abogado Hugo Italo Morales, destacado académico y abogado empresarial, ha señalado que el proyecto de la iniciativa laboral del Ejecutivo Federal se le encargó a “carpinteros” y no a expertos laboralistas. Se refirió a los más de 60 años que respaldan su experiencia en litigio y el estudio del derecho laboral, comparándolos con los “3 meses de experiencia” de los nombrados “connotados especialistas” que pretenden legislar en tan delicada materia.
En un estudio, el abogado Héctor Barba García, asesor de la Unión Nacional de Trabajadores, destaca que este documento “apócrifo” tiene aspectos regresivos y es contrario a los intereses de los trabajadores.
Pues el mencionado documento suprime la obligación a los patrones de entregar el aviso de despido a las autoridades laborales. Es de precisar que en la realidad el “aviso de despido” no existe, los patrones despiden con o sin razón alguna a los trabajadores y ya no entregan documento alguno que razone el motivo de la separación.
Cuando los trabajadores demandan por despido injustificado, los patrones desconocen la separación y se defienden bajo el argumento de que el trabajador abandonó el empleo. Tras ofrecer una reinstalación laboral, los trabajadores vuelven a ser despedidos, esta vez, sin que amerite sanción alguna por parte de alguna autoridad.
El Magistrado Alejandro Sosa Ortiz sostiene que la figura de la reversión de la carga probatoria debe desaparecer cuando los patrones ofrecen el empleo, pues se trata de un engaño. El Magistrado sostiene que la carga probatoria debe ser de quien tenga los mejores elementos para demostrar un hecho y en este caso son los patrones quienes deben probar si el despido ocurrió o no.
El abogado Héctor Barba ha denunciado hechos muy graves en el documento apócrifo que circula para reformar la Ley Federal del Trabajo. Señala que se pretende suprimir la publicidad obligatoria de los registros sindicales y contratos colectivos, para volver al ostracismo laboral. Así las huelgas por firmas de contrato colectivo de trabajo se hacen casi imposibles de realizar. Además, se dan facultades inconstitucionales a las autoridades registrales y para el registro de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Se pretende suprimir la normatividad constitucional de previa aprobación mediante voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la firma y registro de los Contratos Colectivos de Trabajo. Se pretende mutilar la publicación de los Contratos Colectivos de Trabajo y del Reglamento Interior de Trabajo.
Se pretende que los Centros de Conciliación puedan conocer del procedimiento de huelga y de los conflictos de naturaleza económica, cuando son instancias administrativas y no judiciales.
Finalmente pone mayores obstáculos para las Titularidades de los Contratos Colectivos de Trabajo para proteger aún más los Contratos Colectivos de Protección y hacer que los salarios sigan en los suelos, que las condiciones de trabajo sean extenuantes, rebasando los máximos legales y sin seguridad social.
Vivimos una intromisión del gobierno mexicano en los derechos colectivos de trabajo para maniatarlos y mantener un estado de miseria para los asalariados. El Doctor Juan Francisco García Guerrero, docente prestigiado con muchos años de experiencia, lamenta que el gobierno no haya ratificado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege a las organizaciones sindicales de todo acto de injerencia para ejercer su libertad sindical. Son los tiempos del oscurantismo laboral.
De otros avatares
El magistrado Héctor Arturo Mercado López es el coordinador del libro de reciente publicación, Reforma al Artículo 123 Constitucional, de la editorial Tirant lo Blanch. En donde participan autores con diversas visiones como Luis Manuel Díaz Mirón, Arturo Alcalde Justiniani, Alejandro Sosa Ortiz, Rafael Tena Suck, Manuel Fuentes Muñiz, Hugo Italo Morales Saldaña y Héctor Arturo Mercado López. Realizando propuestas diversas, buscan llamar la atención al hecho de que una reforma laboral no puede ser tratada de manera secreta, por abajo del agua. Pues una pretensión como la que se maquina, significaría intentar reducir aún más los derechos de los trabajadores para mantenerlos en la mayor de las miserias.