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Tantas historias de abuso e impunidad

Esperando que a pesar de las influencias y recursos económicos se haga justicia. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

Muchas cosas siguen sin cambiar en nuestro país -por más que busquen convencernos de lo contrario repitiendo que “no son iguales”-, y una de ellas es la impunidad con la que personajes con poder político y/o económico abusan de otras personas, sobre todo cuando no tienen medios suficientes para defenderse como es el caso de mujeres y niños. Hace unos días se difundió la noticia del asesinato de una mujer en el restaurante Suntory, al parecer por una discusión con su esposo, Jesús Hernández Alcocer, a quien en diciembre denunció por haberla golpeado y amenazado de muerte. El presunto feminicida es un abogado que ostentaba sus relaciones en los altos círculos políticos y judiciales y quien siempre estaba armado. Habrá que ver en qué termina esta historia que apenas inicia, esperemos que a pesar de sus influencias y recursos económicos se haga justicia como se comprometió públicamente la Fiscal de la Ciudad de México.

También conocimos en meses pasados la forma en que el Fiscal Alejandro Gertz abusó de su posición para que, quien fuera pareja de su hermano por más de medio siglo, una señora de 94 años, fuera perseguida penalmente y que su hija de 67 años tuviera que pasar alrededor de año y medio en prisión por su supuesta responsabilidad en el fallecimiento de Federico Gertz al no darle los cuidados necesarios durante su enfermedad, hasta que la Suprema Corte de Justicia determinó que no había elementos que sustentaran la acusación. Es increíble que después de todo, Gertz Manero siga al frente de la FGR.

Otra historia indignante es la del diputado Benjamín Saúl Huerta, quien aprovechaba su cargo para ofrecer trabajo a jóvenes provenientes de familias con muchas necesidades económicas, buscaba la manera de que se quedaran a solas, ponía alguna droga en su bebida y abusaba sexualmente de ellos. A pesar de que fue detenido en flagrancia ya que su víctima de 15 años logró reaccionar y salir del cuarto de hotel en que estaban para pedir auxilio, lo tuvieron que dejar en libertad por tener fuero e incluso en un principio recibió el apoyo de su coordinador parlamentario, pero ya no pudo seguirlo haciendo debido a que otros dos jóvenes se animaron a denunciar y gracias a su valentía este ex diputado pederasta ya está en la cárcel.

Aunque en algunos casos como estos que han sido muy visibles y se ha generado una gran presión social, en alguna medida se ha podido obtener justicia; lamentablemente esa no es la constante y en la mayoría prevalece la impunidad, como las acusaciones contra el senador Félix Salgado Macedonio por agredir sexualmente al menos a cinco mujeres -una de ellas menor de edad- ante las cuales simplemente no pasó nada. Me parece que pocas cosas pueden ser más condenables que cuando en las Fiscalías y Tribunales de Justicia se transgrede la obligación de actuar con objetividad e imparcialidad a partir de criterios o vínculos políticos en detrimento de las víctimas de delitos tan graves y con repercusiones tan serias como los sexuales, y peor aún cuando se trata de niñas o niños.

Recientemente leí en algunos medios de comunicación que un ex magistrado penal, a quien el congreso de la CDMX le negó la ratificación solicitada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia dado que había sido denunciado por violencia sexual en contra de sus hijas de 5 y 6 años, se había amparado con el propósito de recuperar su cargo. Al revisar con más detenimiento la información que se ha dado a conocer, todo apunta a que la investigación por la que la Fiscalía de Justicia determinó el no ejercicio de la acción penal en beneficio de Manuel Cavazos López, fue cuando menos muy deficiente, ya que no se tomaron en cuenta peritajes médicos que concluyen que sí hubo violencia sexual, audios con las declaraciones de las niñas, o informes del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) o de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), cuya directora dio su testimonio durante el proceso de ratificación. También la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha señalado que la narración de los hechos que hicieran las pequeñas ante varios especialistas son consistentes y deben ser incluidas en la carpeta de investigación. En asuntos como este, en que se encuentran involucrados personajes que por su posición y relaciones pueden ser favorecidos en el desahogo de los procedimientos y en sus resultados, las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia deben actuar con el mayor rigor, pulcritud y transparencia para que no haya sombra de duda, y las y los ciudadanos debemos estar muy atentos para que no se siga protegiendo a delincuentes que atropellan impunemente los derechos y la integridad física y emocional de las demás personas al amparo del poder.