Hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue clara en sus conclusiones respecto a lo sucedido el 23 de mayo de 2015 en el “Rancho El Sol” en Tanhuato, Michoacán: elementos de la Policía Federal (PF) ejecutaron extrajudicialmente a 22 personas. Una vez más estamos teniendo conocimiento de graves violaciones a derechos humanos cometidas por una institución de seguridad en nuestro país. ¿Qué significa este hecho o cómo podemos analizarlo e interpretarlo acorde con la crisis de seguridad humana en la que se encuentra México?
Este deplorable acontecimiento nos recuerda algunos elementos clave que mantienen vigente y complican el combate a la delincuencia organizada que se ha llevado a cabo desde la administración del ex presidente Calderón: hay grupos delincuenciales que cuentan con enormes recursos; que actúan brutalmente ejerciendo la violencia indistintamente representando una amenaza real para la vida de quien se oponga; que tienen un nivel de penetración en el territorio nacional y en las instituciones que no permite asegurar que quien actúa, lo hace por el bien de la sociedad.
Mientras que nuestras instituciones de seguridad y justicia presentan una insuficiencia de recursos humanos y materiales –debido en parte a malos manejos y la corrupción de funcionarios– que ha propiciado que la formación profesional en muchos casos sea insuficiente o inefectiva, que la implementación de protocolos de actuación sea difícil o francamente imposible y que las leyes sean meras referencias y no el faro que guía el actuar de las policías.
Lamentablemente, por estos factores no sorprende que la autoridad actúe de manera cuestionable y que probablemente Tanhuato sea sólo un caso más de muchos otros que no conocemos. No sorprende que en un país sumido por la corrupción, la policía actúe conforme a criterios individuales y no lo que marca la ley. Si bien esto no nos sorprende, tampoco debemos justificarlo o minimizarlo por estas cuestiones y definitivamente bajo ninguna circunstancia debemos distraernos en discusiones sobre la calidad moral de las víctimas: la investigación de la CNDH expone a un Estado capaz de ejecutar personas, sembrar armas, alterar la escena de crimen, ser brutal. La CNDH en resumen nos dice que el Estado vulneró las bases de nuestra sociedad democrática y hoy los mexicanos debemos exigir una investigación profunda y objetiva que explique qué pasó, quiénes y cómo fueron responsables de este terrible hecho.
Permitir la impunidad alrededor de este evento puede acarrearnos consecuencias que difícilmente podremos revertir. Si permitimos que el Estado ejecute a presuntos delincuentes ¿quién garantiza que mañana no seamos otros quienes seamos víctimas de un Estado represor simplemente porque somos incómodos al poder? ¿Quién podrá controlar una policía que respeta o no la ley a criterio? ¿Cómo luchar por los derechos de una sociedad si vulneramos la concepción misma de que algunos en nuestra sociedad tienen derechos y otros no? ¿Para qué formular normas, generar y capacitar a los funcionarios acorde con los protocolos de actuación, si estos no tienen valor para nuestras autoridades?
Debo insistir sobre este punto y decirlo con toda claridad, los derechos humanos son la base de una sociedad moderna; entiendo la frustración y el enojo de quien piensa que en un país donde mueren alrededor de 19 mil personas por año en homicidios dolosos es mejor un delincuente muerto que vivo; entiendo a quien piensa que ante la falta de justicia y de mejoras en materia de seguridad este tipo de acciones pueden llevarnos a disminuir el efecto de la violencia en nuestro país. Yo no coincido, creo en el Estado de Derecho y en el camino que debemos recorrer para fortalecerlo.
Estoy seguro que la solución a los altos índices delictivos, la violencia, la falta seguridad y la corrupción está en lograr el acceso universal a la justicia, está en el apego al debido proceso y en que el Estado no actúa por venganza ni enojo; sino que es un sistema que sirve para administrar procesos judiciales basados en normas democráticas que buscan la reparación del daño y evitar la reincidencia en las conductas indeseadas.
Por lo contrario, abrir la puerta a la tolerancia de un Estado que viola los derechos humanos es abrirle la puerta a la posibilidad que tus derechos, los míos y los de cada uno que forma nuestra sociedad estén en entredicho.
La autoridad debe aprovechar esta oportunidad y dar un ejemplo de que se puede hacer justicia, que quien ordenó mal, planeó mal, actuó mal, tentó encubrir y mintió a la opinión pública debe rendirle cuentas a la sociedad y enfrentar a la justicia. Es el momento que el Estado mande una señal fuerte de por qué la ley es importante y que no hay distingos para aplicarla, que quien violó la ley en el operativo no podrá volver a hacerlo pero, sobre todo, que los mandos que permitieron, toleraron o quisieron ignorar este evento, enfrentarán las consecuencias, porque recordemos que los policías obedecen una cadena de mando y le reportan a alguien.
He tenido el privilegio de trabajar por muchos años con policías y me preocupa que lo sucedido en Tanhuato, Michoacán vulnere la labor de tantos héroes que sacrifican su vida y la de sus familias por la seguridad de toda la sociedad. Por esta razón, considero que es fundamental ser cuidadoso al analizar este hecho para definir el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y que se actúe frente a ello conforme a derecho. La aplicación impecable de la ley nos permitirá volver a confiar en las instituciones y normas, disuadirá a otros de actuar mal, demostrará que la ley no es mera referencia y que, cuando a un secretario de estado, gobernador, alcalde, diputado, ciudadano, se le ocurra violarla, existen los mecanismos para sancionarle. En otras palabras, que nadie se encuentra por encima de la ley.
Dado el contexto nacional necesitamos lograr procesos transparentes y justos, a la par de una sociedad que trabaja en conjunto para generar incentivos a quienes estamos dentro de la ley, para promover igualdad de oportunidades, con la finalidad de que disminuyan los niveles de delincuencia, violencia, corrupción e impunidad sin que nuestros derechos humanos se vean vulnerados.
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