Lo sucedido en Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Ojinaga, Allende, Apatzingán y Tanhuato, son ejemplos claros de los señalamientos vertidos en contra de las declaraciones oficiales que aparentan lo que en realidad no es, pues los llaman secuestros, enfrentamientos armados, acaecidos en combate, emboscadas, bajas colaterales, levantones o venganzas entre bandas enemigas. En realidad, se afirma desde varios sectores de la sociedad civil, que estos hechos son, a la luz de la evidencia, atrocidades cometidas por agentes del Estado y por miembros del crimen organizado: desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales, exterminio, tortura, malos tratos, crueles e inhumanos y otros delitos de naturaleza y brutalidad extremas, que dramáticamente se multiplican en México durante la última década.
Los autores de estos crímenes atroces son claramente expuestos por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos: las fuerzas federales, estatales y los carteles, mismos que son señalados no solamente por perpetrar dichos delitos, sino también por obstruir e incluso manipular metódicamente la debida investigación y aplicación de la justicia, además de actuar en absoluta y constante impunidad. La red de complicidades en todos los órdenes de gobierno para evitar la responsabilidad penal es una realidad insoslayable, visible en las resoluciones de las comisiones de derechos humanos y en los testimonios de las víctimas y agraviados.
La Recomendación 4VG/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos muestra que el caso de Tanhuato es abrumador, el uso excesivo de la fuerza, la manipulación de pruebas en el homicidio de civiles, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes constituyen un atentado no sólo contra los derechos más elementales de los afectados, sino implica también una burla descomunal a las instituciones de justicia de este país y por supuesto un engaño indolente a la sociedad en su conjunto que observa impávida como se cometen crímenes contra la humanidad en territorio mexicano.
El homicidio por la espalda comprobado durante los peritajes llevados a cabo, dan cuenta de la total vulnerabilidad e indefensión de las víctimas con respecto a sus victimarios. Aún más, no sólo se está conculcando el derecho a la vida, sino además la manipulación de evidencia y la implantación de armas de fuego hacen gala de la arbitrariedad desmedida con la actuaron los órganos encargados de la seguridad y procuración de justicia en el caso.
Es preocupante que los ciudadanos sigamos siendo testigos reiteradamente de este tipo de flagelos, y que la justicia, junto con sus detentores sigan encontrando la manera de burlar los derechos más elementales de los implicados en estos crímenes siniestros. La sombra de la impunidad se muestra más cruel e irascible en estos casos, peor aún, si la respuesta sistemática y generalizada a la realidad de inseguridad nacional, siempre fomentada por las malas prácticas policiales, periciales, ministeriales y judiciales ?que en apariencia nos muestran cosas distintas a la verdad de los hechos?, poco o nada podrá cambiar en materia de legalidad, seguridad y justicia en el país.
Mucho se ha señalado que un cambio radical en la política criminal instrumentada por el Estado es urgente y necesaria, para recuperar algo de la tranquilidad y la paz perdidas en los últimos años. Mientras en México sigamos llamando a los crímenes más atroces por otro nombre, continuaremos viendo la cara más cruel de la sociedad, la justicia fraudulenta.