“Claro que tengo muchas ganas de ser el próximo gobernador, quiero ser el candidato de mi partido, expreso mis deseos y aspiraciones a participar, soy una gente con capacidad y lealtad, hay muy buena comunicación entre todos nosotros”[1].
El caso Moreira arroja fuertes nubarrones al interior del PRI respecto a las postulaciones de los candidatos de ese partido a las próximas elecciones para la gubernaturas locales.
Es ejemplar por muchos aspectos.
Primero, Estados Unidos ya no es el único país que escrudiña, investiga, y emite mandatos de captura para políticos o ex políticos mexicanos, sino que se abre el ámbito de intervención para otros países como España.
Segundo, el nivel de ilegalidad o, dicho de otra forma, el tamaño de la violación de la norma legal, no es tan importante cuanto su descubrimiento y persecución. Para ser claros, Moreria fue encarcelado por haber transferido sin comprobar, en un lapso de diez meses, a sus tres cuentas bancarias en España, la cantidad de 217,290 dólares.
Ahora bien, parece absurdo que seguía libre con acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero en Estados Unidos por la cantidad de 246 millones de euros (5,000 millones de pesos)[2], y vaya a la cárcel por una cantidad ridículamente inferior.
Sin embargo, la apariencia engaña, siendo que, al parecer, en el expediente de investigación del juez español Santiago Pedraz, se evidencia que el delito representa solamente un elemento de una investigación más amplia para detectar el mecanismo utilizado por Moreira para lavar una cantidad mucho más grande de dinero.
Tercero, al parecer, la detección ha sido el producto de un intercambio de información entre agencias de investigación judiciales de Estados Unidos y España.
Lo anterior denota la formación de estrategias judiciales más amplias y efectivas en un plano internacional, de parte de las agencias de investigación nacionales.
Cuarto, el hecho de no tener expedientes judiciales abiertos, o no ser sujeto de investigación en México, no garantiza a los políticos mexicanos la impunidad al exterior. La detección y persecución de delitos cometidos en otros países tendrá, como ha sido evidente en el caso Moreira, un fuerte impacto a nivel nacional.
Ahora bien, con estos antecedentes, vale la pena evaluar el caso de la candidatura de Baltazar Hinojosa Ochoa a la gubernatura de Tamaulipas.
El actual diputado plurinominal, y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tiene el apoyo de Luis Videgaray, poderoso Secretario de Hacienda, quien definió su cargo. Baltazar Hinojosa goza también del aval del hoy en día Coordinador de la bancada del PRI en Cámara de Diputados, César Camacho Solís, quien, siendo presidente del partido, lo nombró Secretario de Organización del CEN.
Asimismo, es primo del controvertido empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa, Presidente del Grupo HIGA, y originario de Reynosa, de quien tuvo apoyos para sus campañas político-electorales, tanto por la Presidencia Municipal de Matamoros como para Diputaciones Federales.
Existen actualmente distintos cuestionamientos respecto a su idoneidad como candidato a la gubernatura, que van desde una supuesta imposibilidad de postulación a cargos de elección popular, siendo originario del extranjero[3], al origen de su patrimonio, y sus presuntas vinculaciones con cárteles de narcotráfico.
Justo por el nivel de sus aliados y patrocinadores, valdría la pena analizar sus antecedentes para evitar otro caso de político o ex político priista imputado por implicaciones con la criminalidad organizada y el lavado de dinero.
Antes que todo, debe de llamar la atención que Baltazar Hinojosa debe su carrera política al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), hoy en día prófugo de la justicia estadounidense, que lo busca por lavado de dinero y fraude bancario.
El actual diputado federal, se desempeñó en su gobierno como Secretario de Desarrollo Social y, sucesivamente, como Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Tamaulipas.
En 2003, gana una diputación federal por Tamaulipas (2003-2004), desempeñándose como Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; sucesivamente, contiende y gana la Presidencia municipal de Matamoros (2005-2007), el segundo municipio más grande de Tamaulipas y colindante con la ciudad de Brownsville, en Estado Unidos. No cabe duda que ambos cargos no pudo haberlos obtenido sin el apoyo del entonces gobernador Tomás Yarrington.
En 2009, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una indagatoria (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009), que se construyó alrededor de un testigo protegido por la PGR de nombre “Oscar”, que resultó ser César Eduardo García, cercano colaborador de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cartel del Golfo, hoy en día cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión en Estados Unidos.
Según su testimonio, funcionarios estatales y municipales, incluyendo Baltazar Hinojosa, recibieron, entre 2005 y 2007, en forma regular del Cártel del Golfo, sustantivas cantidades de dinero a cambio de protección. Dichas sumas eran entregadas casi siempre por conducto de Juan Carlos González “El Pollo”, quien era uno de los principales operadores de Eduardo Costilla “El Coss”, quien era entonces uno de los mandos principales de ese cártel.
Por otra parte, se sostiene también que se llevaron a cabo “Pactos” con el cártel para gobernar al Municipio de Matamoros, incluyendo contratos de obras públicas por parte del Municipio a Pablo Zárate Juárez quien fungía entonces como Director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), quien era además socio y prestanombres de Tomás Yarrington, además de su enlace con el Cártel del Golfo.
Lo anterior a través de diversas compañías propiedad de Pablo Zárate, entre las que se encontraban las siguientes: “Constructora Santa Matilde S.A. de C.V.”; “Constructora Santa Marina S.A. de C.V.”; “Urbanizaciones.com.mx S.A. de C.V.”; y “PROVISEP”, entre otras.
Cabe señalar que actualmente Pablo Zárate se encuentra prófugo, debido a que en el mes de marzo de 2015 fue acusado ante la Corte del Distrito Sur de Texas por diversos delitos, entre ellos los de conspiración para lavar instrumentos monetarios, conspiración para cometer fraude bancario y dos cargos directos de fraude bancario. Este caso fue presentado inicialmente por el Fiscal Federal Adjunto Julie K. Hampton, quien también relaciona en dicha averiguación a otros ex funcionarios y empresarios de Tamaulipas.
La investigación, por otra parte, no tuvo seguimiento en México, de hecho se encuentra actualmente congelada, mientras que en Estados Unidos sigue su curso.
Actualmente, Baltazar Hinojosa Ochoa aparece en las investigaciones y señalamientos de diversas corporaciones de los Estados Unidos, como la DEA. El caso contra un amplio número de políticos tamaulipecos en la Corte de San Antonio sigue abierto y aún quienes en México han librado sus problemas legales, no pueden decir lo mismo en Estados Unidos. Hinojosa es uno de ellos, indiciado por criminales a quien hasta ahora no le han demostrado nada.
El mismo Baltazar Hinojosa rechazó enérgicamente cualquier vinculación con actividades ilícitas.
No obstante, aún y cuando estuviera “limpio” de vínculos con el narcotráfico dentro de la investigación a Tomas Yarrington en Estados Unidos, las acusaciones cuando fue alcalde de Matamoros, señalan que protegió a narcos y recibió dinero para financiamiento de su campaña.
Finalmente, y justo por el contexto político y mediático que enfrenta el actual gobierno por la recaptura del “Chapo” Guzmán, por un lado, y la captura de Moreira, por el otro, sería conveniente evaluar a fondo la candidatura para la gubernatura de Tamaulipas, para evitar sorpresas no gratas desde Estados Unidos y quizás de otros países, que impactarían seriamente al PRI y al gobierno, no solamente a nivel local sino, otra vez, a nivel internacional.
Twitter: @EhrmanR
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[1] Declaraciones a la prensa en noviembre de 2015 de Baltazar Hinojosa Ochoa Baltazar Hinojosa Ochoa dejó en claro que ya levantó la mano
[2] Prisión para el expresidente del PRI detenido en Barajas