Una de las protecciones naturales más efectivas en contra de huracanes e inundaciones para las poblaciones cercanas a las costas son los manglares, un área natural formada por árboles, resistentes a la sal marina, llamados mangles, que suele recubrir fuentes de agua dulce, ubicadas a escasos metros de franjas costeras. Sus funciones biológicas son determinantes para mantener los niveles del mar, mejorar la calidad del agua y ser áreas de refugio para diferentes especies animales y vegetales.
A pesar de su relevancia ecológica, miles de hectáreas de manglares han sido devastadas alrededor del mundo como consecuencia de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas desarrolladas en las inmediaciones de estos nichos ecológicos. México posee alrededor de cinco por ciento del total de la superficie planetaria de manglares, una cifra que ha disminuido al paso del tiempo debido a la devastación de zonas enteras de mangles, muchas de ellas ubicadas en la península de Yucatán, pero sobre todo en Quintana Roo.
En medio de la caótica urbanización surgida del proyecto turístico de Cancún, circundando a la laguna de Nichupté, un gran cuerpo de agua en el que aún viven múltiples especies animales y vegetales, se encuentra Tajamar, un polígono de casi 60 hectáreas de manglar, que ha sido objeto de disputa entre organizaciones de la sociedad civil, encabezados por la organización Guardianes del Manglar, que han exigido la salvaguarda de su derecho a un medio ambiente sano mediante la conservación de las áreas de manglares, y empresarios, quienes apoyados por gobiernos municipales y estatales y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), han deseado desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona.
Muy probablemente, como en otros espacios naturales similares, incluidos muchos en Cancún, el proyecto se hubiera podido llevar a cabo sino es por la intervención de defensores del medio ambiente como Katherine Ender Córdova, quien desde 2015 se sumó a la causa y padece de un constante asedio por parte de las autoridades gubernamentales debido a su férrea resistencia a la realización del desarrollo.
El próximo julio se cumplirán cinco años de aquel día en que se acercó a la zona para ayudar a resguardarla. Desde algún tiempo atrás, había mostrado inquietud por las temáticas ambientales debido a que observaba como se privatizaban las playas, se estaba destruyendo una parte de la laguna y ocurrió la aparición de sargazo en la franja costera.
Al igual que otras personas, ese 29 de julio permaneció hasta muy noche en el lugar, para evitar el ingreso de maquinaria pesada que comenzaría a realizar labores de tala de árboles y de retiro de la vegetación. Pero una situación llamó su atención, algunas personas que estaban con ella comenzaron a decirle que ya no se podía hacer nada más y le invitaron a mejor retirarse. Después supo que estaban relacionados con Miguel Ángel Lemus, quien por un lustro ha sostenido públicamente que la mejor opción es el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Ella decidió no hacer caso e instaló un campamento al que denominó cocodrilo, en homenaje a una de las especies que habitan en el ecosistema, y como símbolo de defensa de su lugar de hábitat y de protección a la especie.
Constantemente sufrió amenazas para que se retirara del lugar o recibió ofrecimientos de grandes cantidades de dinero o de puestos públicos para que desistiera. Entre tanto, ella juntaba firmas de apoyo para que no continuara el proyecto ni tampoco se dañara más la zona.
Si bien desde 1992 se recibió la autorización para la realización del desarrollo inmobiliario en el Tajamar, entre 2005 y 2014 se otorgaron múltiples permisos y prórrogas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos (Semarnat) para que el proyecto no decayera, incluidos cambios en el suelo. Y entre 2014 y 2016, 23 licencias para chapeo y desmonte de varios de los predios Esto, a pesar de que desde 2007, se aprobó la adición del artículo 60 TER a la Ley General de Vida Silvestre para brindar una protección especial a las áreas de manglares, y que en 2008, las áreas colindantes con la zona del proyecto fueron integradas dentro de la Lista de los Humedales de Importancia Internacional, y por decreto presidencial, se les denominó Área Natural Protegida “Manglares de Nichupté”.
Con la intervención de Guardianes del Manglar, la situación entró en pausa durante todo el segundo semestre de 2015, pero a comienzo de 2016 aconteció la mayor devastación ocurrida en Tajamar, al amparo de múltiples autoridades, permitiendo el atropello sin intentar detenerle, mediante el ingreso de maquinaria pesada que taló 20 hectáreas de manglar y mató a centenas de animales que habitaban en el lugar, varios de ellos, incluidos en las listas de especies amenazadas.
A partir de ese momento, se determinó continuar resguardando la zona mediante la instalación de un campamento, cerrando las vialidades ya construidas al interior de los predios, las cuales, habían sido mandadas clausurar desde 2008, e interponiendo recursos legales en diversas instancias. Todos ellos brindándoles resultados a su favor como son una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ordena a la Semarnat dejar de autorizar los trabajos de tala y remoción del mangle, medir el impacto ambiental de lo realizado hasta el momento y llevar a cabo la restauración de la zona.
Además de la recomendación 67/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se pedía a la persona titular de la Semarnat, del Fonatur y de la Presidencia Municipal de Benito Juárez crear un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica para el área ocupada por el Proyecto Tajamar.
En el caso de la Semarnat, también se le pidió modificar o anular las licencias de cambio de uso de suelo que puedan afectar los ecosistemas de manglar de la zona; realizar un diagnóstico integral del estado de conservación actual de los ecosistemas de humedal, y en particular de aquellos con presencia de manglar y con proximidad a algún área natural protegida; iniciar un proceso administrativo en contra de quienes intervinieron en la autorización de las obras del proyecto, entre otros aspectos.
Al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evitar las actividades de remoción de manglar y elaborar un programa anual de visitas de inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en las materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales y vida silvestre, en los terrenos ocupados por vegetación de humedal, y en particular con presencia de manglares en el estado de Quintana Roo.
Y al presidente municipal de Benito Juárez, revisar el Programa de Desarrollo Urbano a fin de evitar daños a las zonas de humedales y manglares.
A pesar de las medidas, en febrero de este año, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que Guardianes del Manglar tenía que permitir el acceso a la zona a las autoridades para que llevarán a cabo labores de mantenimiento. La presidenta municipal de Benito Juárez calificó a la medida como histórica y en beneficio de la población, ya que el espacio podría ser utilizado por las familias.
Sin embargo, esas labores de mantenimiento consistieron en la tala de mangle que había nacido en la zona conocida como La Rambla, donde se pretendía la implementación de un corredor, a pesar de que la resolución dice que sólo deben despejarse las vialidades de los objetos que les obstruyan.
Sumado a la autorización de la celebración de conciertos de Moderatto y de Margarita, la diosa de la cumbia como parte de las actividades del carnaval del puerto turístico, las cuales convocaron a más de 100 mil personas cada noche.
Para Katherine, el salvamento de lo que queda del manglar debe ser aprovechado para hacer conciencia en la población de la gran utilidad que tiene el mismo, que la gente conozca el manglar y sus beneficios, y que los niños recorran el lugar para conocerlo y aprender a cuidarlo.
“Es como un riñón”, asegura la defensora del medio ambiente, quien explica que lo considera como tal debido a que ayuda a la purificación de las aguas y cuando ocurre un fenómeno natural de alto impacto como un huracán suele secarse por algún tiempo debido a la función de barrera que ejerce, pero al poco tiempo se recupera.
Por esas razones, considera como injusto y arbitrario que a pocos días de la reapertura del Malecón Tajamar, se programen conciertos multitudinarios con alto impacto ecológico, ya que, el objetivo del rescate del área era que se convirtiera en un parque ecológico urbano de conservación ambiental, donde se creará conciencia de la importancia de los mangles para el medio ambiente y para el futuro del planeta.