Con los mejores deseos para el año que comienza
Sin duda una buena noticia de fin de año es la firma de los protocolos del T-MEC. La incertidumbre de no contar con el tratado era un riesgo muy alto, especialmente cuando México se encuentra en recesión económica debido al contexto internacional y a malas decisiones presidenciales. La ratificación del T-MEC traerá consigo mayor certidumbre y ayudará a atraer nuevas inversiones.
Pero no todo son buenas noticias, el gobierno hizo concesiones que afectarán a nuestro país. De hecho, algunas personas del gremio empresarial incluso han afirmado que no habíamos cedido tanto desde los tiempos de Santa Anna en que perdimos la mitad del territorio. Pero ¿qué tan buena o mala es la situación?
La ratificación implica el reconocimiento de la importancia estratégica de México y de la región como la más competitiva del mundo. Desde enero de este año México pasó del tercer lugar al primero como el principal socio comercial de Estados Unidos, desbancando a China. En febrero Canadá desplazó a China del segundo lugar y según los últimos datos de octubre el comercio con México sigue ocupando el primer lugar para Estados Unidos[1].
Dentro de lo bueno del tratado está el que se incorporan nuevos mecanismos de solución de disputas mediante paneles de especialistas. Tras una denuncia los países deberán determinar si existió una falta, y de haberla existido se activará el panel de expertos quienes buscarán la mejor solución al conflicto. Esto implica un gran avance, especialmente porque Estados Unidos se había resistido a este tipo de mecanismos, incluso en la Organización Mundial de Comercio.
Otra buena noticia es que no habrá los aranceles estacionales que pretendía el vecino del norte. Y se eliminó también la cláusula que buscaba una protección de patentes a las biomedicinas por 10 años; hoy en Estados Unidos tienen una protección de 12 años, en Canadá 8 y en México 5.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, uno de los sectores que será más afectado es la industria automotriz en México. Por un lado, se endurecieron las reglas de origen. Ahora se requerirá que el 75% de las piezas de los vehículos se fabriquen en alguno de los 3 países, cuando la regla vigente sólo exige el 62.5%. Y por otra parte se exigirá que el 40% de las piezas de los vehículos sean fabricadas por trabajadores que ganen al menos $16 dólares la hora. Ambas medidas afectarán la competitividad de nuestra industria.
Pero la mayor concesión, que traerá grandes consecuencias y que se anticipa como problemática a futuro, son las inclusiones en materia laboral. Los negociadores mexicanos aceptaron que por primera vez existan normas laborales exigibles dentro del tratado comercial y se permitirán inspecciones para vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones.
Recientemente el gobierno mexicano reaccionó ante una iniciativa del congreso estadounidense de establecer agregados en su embajada en México para revisar las cuestiones laborales, lo cual podría verse como intervencionismo.
Para tranquilizar las cosas el representante norteamericano, Robert Lighthizer, contestó que los agregados no serán inspectores laborales, que respetarán la ley y que únicamente colaborarán con sus contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil, en la implementación de la reforma laboral. Lo que al parecer dejó “muy satisfecho” a su contraparte mexicano, según sus propias palabras; pero no así a la mayoría de los sectores interesados.
La injerencia extranjera directa en los sindicatos mexicanos, relacionada con la implementación de una política pública como es una reforma laboral, tiene implicaciones políticas y riesgos de violar con ello nuestra Constitución. Y además, nada garantiza que esa relación no sea utilizada como un mecanismo de inspección laboral.
Lo cierto es que, con o sin los agregados, los sindicatos norteamericanos lograron su objetivo. El tratado incluye paneles para investigar controversias en materia laboral, lo cual será un peligro para México. Esto ya lo vivimos al inicio del TLC cuando sufrimos por sanciones económicas norteamericanas bajo pretextos ambientales; sólo que ahora se abrirá la puerta para que el tema laboral sea utilizado de la misma manera.
Si bien la reforma laboral era necesaria, al ligarla con el T-MEC el sindicalismo estadounidense tendrá un mecanismo de presión que podrá servir para impedir importaciones argumentando razones laborales. Esto a su vez desincentivará las inversiones en nuestro país.
De estas concesiones tiene gran responsabilidad el gobierno mexicano, especialmente por la forma en que llevaron a cabo la negociación en la última etapa.
Al inicio el sector privado pudo acompañar al gobierno en las negociaciones mediante un Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, que se denominó el “Cuarto de Inteligencia”. El Consejo estaba integrado por empresarios representantes de todos los sectores productivos del país. Lamentablemente el gobierno decidió prescindir de esta inteligencia y los empresarios no pudieron opinar sobre las últimas definiciones del tratado, a pesar de que serán los principales afectados.
Una de las virtudes de la democracia que la distingue de regímenes autoritarios, es la participación abierta y transparente en la toma de decisiones; especialmente de aquellas que afectan directamente a los ciudadanos.
Es por ello lamentable que mientras que en Estados Unidos los sindicatos pudieron en todo momento participar en la búsqueda de sus beneficios y que los equipos negociadores de Estados Unidos y de Canadá fueron representativos y participativos; en México, en cambio, el gobierno excluyó a los empresarios durante la última etapa de las negociaciones y todo quedó en las manos de un sólo hombre en la mesa y bajo la responsabilidad del canciller “supersecretario” Ebrard. Por esta razón no hay que extrañarnos de los resultados. La debilidad y el margen de error que saltan a la vista se explican por sí mismos.