Estamos próximos a que se cumpla el plazo de cinco años para el que fue electo Raúl Plascencia como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y eso sucederá el 15 de noviembre, por tanto el Senado deberá decidir si ratifica o sustituye a quien preside esta institución.
En las semanas previas han sido publicados varios artículos periodísticos y la mayoría coincide en que el actual presidente de la CNDH debe ser relevado y también en que el Senado está obligado a evaluar el desempeño del organismo para saber objetivamente cómo está la institución y qué tipo de presidencia se requiere de cara a lo que sucede en país. Con ambos puntos estoy de acuerdo, pero creo conveniente revisar la historia para clarificar cómo propiciar que tales cosas sucedan.
Sólo hasta 1999 se reformó la Constitución para darle autonomía a la CNDH y bajo ese carácter fue electo José Luis Soberanes como presidente de la institución, quien a decir verdad trabajó casi nada para que la autonomía fuera una realidad. Cinco años después, el 21 de septiembre de 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el Acuerdo parlamentario donde establecía el proceso de ratificación o elección del presidente de la CNDH y la convocatoria para la elección fue publicada el 30 de septiembre de 2004.
En esa ocasión un nutrido grupo de organizaciones civiles exigimos al Senado que evaluara la gestión de José Luis Soberanes y fueran datos objetivos el sustento de la decisión respecto de su permanencia. Tal cosa no sucedió pues la Comisión de Derechos Humanos del Senado no trabajó para alcanzar ese propósito, nunca hizo un seguimiento permanente del desempeño de la CNDH, tampoco definió qué se debía evaluar y bajo qué criterios. A fin de cuentas lo que prevaleció fue la negociación política, al grado que el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, tiempo después terminó trabajando para la CNDH y para el Doctor Soberanes.
En esa misma ocasión, las organizaciones civiles, demandamos participación en el proceso y la petición se tradujo en un foro en el que participamos algunas voces críticas, mientras que por el otro lado se daba una avalancha de cartas de apoyo a la ratificación de José Luis Soberanes. Esas cartas fueron obtenidas luego de llevar a esas organizaciones a destinos de playa para realizar consultas y que, en realidad, era la cooptación de organizaciones sin experiencia probada en la defensa de los derechos humanos pero sí dispuestas a ir en la “cargada” en favor del mejor postor. Era la cultura priísta usufructuada por el organismo protector de los derechos humanos.
Vale la pena recordar que en 2004 fue la primera ocasión que se abrió la posibilidad de ratificar al titular de la CNDH pues de los anteriores ninguno concluyó el periodo para el cual fueron nombrados. Ahora estamos frente a una segunda oportunidad en la que no deben repetirse los mismos errores.
Estoy convencido que ninguna institución puede crecer si no es evaluada y le son reconocidos sus aciertos y señalados sus errores. La autocomplacencia sólo da lugar a la mediocridad y ese es exactamente el lugar donde está instalada la CNDH. Por tanto el Senado tiene el deber de evaluar el desempeño de la CNDH y esa evaluación debe ser parte expresa del proceso de ratificación o elección.
Como dije antes, el trabajo de evaluación supone la voluntad de hacerlo pero también contar con las capacidades técnicas para realizarlo. Lo primero podría suceder si la Comisión de Derechos Humanos del Senado manifiesta su compromiso; pero lo segundo supondría, cuando menos, formar un equipo técnico con personas e instituciones independientes que ya han trabajado en la evaluación de la institución para que realicen la mejor evaluación posible del trabajo, resultados e impacto de la CNDH.
La reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 modificó el apartado B del artículo 102 estableciendo que la elección del titular de la CNDH “se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente…”. La pregunta obligada es cómo el Senado dará contenido a este mandato constitucional, pues no podemos quedarnos sólo en las “cartas de oscura procedencia”.
La debacle de la CNDH se ha venido gestando desde hace más de quince años pues la elección de su titular ha pasado a formar parte del tablero de negociación de los partidos políticos y tal situación se ha traducido en una institución costosa y de poca utilidad para mejorar los derechos humanos en el país.
El dilema es claro, mayor deterioro o cambio. ¿A qué le apuesta el Senado?