El futuro de Venezuela, tal como lo han advertido algunos analistas, se está debatiendo en varios tableros. Uno de ellos, crucial para los sectores democráticos de Venezuela y el mundo, es el rompimiento de las redes y cadenas de suministros de dólares que mantienen al régimen de Maduro, provenientes del contrabando de oro y de otros minerales, de la venta de petróleo a través de mecanismos opacos, de la exportación ilegal de maderas y, primordial en esta muy escueta relación, de su múltiple participación en la actividad del narcotráfico.
Hechos, en apariencia desconectados los unos de los otros, guardan importantes conexiones. En el fondo, se trata de una misma guerra que se está librando en varios terrenos. Que en el transcurso de la semana pasada se haya develado que en el 2017, violando la Constitución y las normas vigentes, el régimen le otorgó la nacionalidad venezolana al delincuente Álvaro Díaz Tarazona, figura clave en el alto comando de la narco guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN-; que el 20 de julio se haya logrado en Honduras, la captura de una avioneta cargada con 806 kilos de cocaína que provenía del territorio venezolano; que en semanas previas, la Operación Antidrogas puesta en marcha por las fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe haya logrado atrapar numerosas embarcaciones cargadas de narcóticos; y que el proceso para extraditar a Alex Saab a Estados Unidos continúe su irreversible avance, son todas expresiones de los esfuerzos que países y organismos de seguridad están haciendo para controlar y reducir el tráfico de drogas, por impedir el lavado de dinero obtenido por la corrupción y el narcotráfico, y por hacer inviable la sostenibilidad financiera del narco régimen que ocupa, ilegal e ilegítimamente, el poder en Venezuela.
En la guerra de la que hablo, por fortuna, también participan las sociedades, a través de sus electores. Lo que ha ocurrido en la República de Surinam, es justo eso: la derrota, en el proceso electoral, del tirano, narcotraficante y asesino, Desiré Delano Bouterse, el hombre-pesadilla del pueblo surinamés, quien desde el 2010 se había convertido en uno de los aliados, primero de Chávez y a continuación de Maduro, no sólo en el terreno político.
En mayo de 2019, en Colombia fue publicado un video de un poco más de siete minutos de duración, en el que aparecían, el ex jefe de la FARC y narcotraficante, Jesús Santrich -que ahora se oculta en Caracas, en la parroquia 23 de enero, bajo la protección del grupo paramilitar La Piedrita-; y Marlon Marín, sobrino del también narcotraficante, Iván Márquez. El video, realizado por agentes encubiertos, recoge una reunión en la que se planificaba el envío de cocaína a Estados Unidos. Los delincuentes mencionan a Bouterse en repetidas ocasiones. En el video se anuncia que le visitarán dos días después. Hacen mención explícita del apoyo que recibirán en Surinam.
A finales del 2019, mientras realizaba una visita oficial a la República de China, un tribunal militar de Surinam emitió una sentencia en contra de Bouterse: le condenó a 20 años de cárcel -una pena muy baja en relación al tamaño del delito que cometió-, que consistió en el asesinato de 15 ciudadanos opositores, en diciembre de 1982. Bouterse había dado un golpe de Estado en 1980, que se conoció con el equívoco nombre de “La revolución de los sargentos”, con lo que se hizo del poder hasta 1987. Del inmenso poder que acumuló en todas las instancias de los poderes de ese país, habla lo ocurrido con su juicio: recién pudo iniciarse en el 2007, 25 años después de cometidos los asesinatos, y todavía tendrían que transcurrir otros 12 años para alcanzar una sentencia. Sin embargo, la misma no ordenaba su detención inmediata, lo que causó que Estados Unidos y varios países de Europa denunciaran la precariedad de la decisión tomada por el tribunal.
Pero no es sólo el asesinato político, la única especialidad del delincuente Bouterse. En 1999 fue condenado en los Países Bajos, a una pena de 11 años de prisión por tráfico de drogas. El sentenciado escapó al cumplimiento de la pena, puesto que en su país no existe la figura de la extradición en el sistema legal. Que esta joya desarrollase amistad y complicidad política con Chávez, no debe sorprendernos. Cuando se reunieron en el 2010, y ambos se abrazaron por largo rato, Chávez se volvió a los micrófonos y dijo: “Juntos seremos libres”.
No sólo el padre: también el hijo de Bouterse, Dino Delano Bouterse, tiene una gruesa trayectoria como delincuente. Ha sido señalado de robar y traficar con armas y vehículos, manejar dineros de Hezbolá, traficar con drogas, usar falsos pasaportes y es sospechoso de ser el responsable de la desaparición de tres narcotraficantes de Brasil (a última hora, el testigo clave de la fiscalía retiró su testimonio inculpador, presionado por los abogados del rufián). Ha estado preso en varios países.
El reciente triunfo de Chandrikapersad ‘Chan’ Santokhi, ex jefe policial y líder del Partido de la Reforma Progresista, en las elecciones de Surinam, en el que derrotó al poderosísimo Bouterse, no sólo concierne a ese país, que ahora mismo ha entrado en una nueva fase de su historia, una vez que las exploraciones petroleras siguen arrojando resultados especialmente positivos. También concierne a Venezuela. Por una parte, porque es muy probable que, en corto plazo, la ruta de la cocaína, Colombia-Venezuela-Surinam, sea rota por las autoridades de ese país. Eso significa un nuevo golpe a las finanzas del régimen venezolano. Por la otra, porque pierden un aliado, que había sido uno de los incondicionales en el terreno internacional, a lo largo de una década. Hay que entenderlo: el fortalecimiento de la democracia en Surinam es vital para el futuro democrático de Venezuela.