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Sucesión en democracia

El lunes de esta semana conocimos la determinación del monarca español de abdicar a la corona. Con esta decisión, que está prevista en la Constitución de España, se detonan múltiples acciones que debe realizar el Estado para proclamar al sucesor del Rey Juan Carlos I.

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Escrito en OPINIÓN el

España no se queda sin jefe del Estado. El Rey lo seguirá siendo hasta el momento que se proclame a su sucesor. Para ello, debe aprobarse, de conformidad con el artículo 57, párrafo 5 de la Constitución española, una ley orgánica en la que se regule el proceso de sucesión. El Ejecutivo, con el Consejo de Ministros, es el que debe dar este primer paso con la aprobación, el martes pasado, del proyecto de ley orgánica, que será tramitada con carácter urgente y lectura única, debatida y aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, en los próximos días, para que pueda ser enviada al Senado para su aprobación y, después, esta ley debe ser sancionada -firmada- por el Jefe del Estado. Antes de ser proclamado Rey, el sucesor del actual debe jurar el cargo ante las Cortes y el Senado en una sesión conjunta en el Congreso, que tampoco cuenta con ninguna regulación.

Uno de los temas que más ha llamado la atención es la inexistencia de una norma que regule este procedimiento. En casi cuarenta años de monarquía parlamentaria en ese país, no se aprobó ninguna ley que regulara el procedimiento que debe seguirse para proclamar al sucesor, ni tampoco la situación jurídica, los derechos y el tratamiento para el monarca que deja de serlo. La inimputabilidad del Rey como Jefe del Estado y la protección jurídica, tratamiento y percepciones del que deja de serlo, están en el aire. Es cierto que un monarca, según las leyes y decretos españoles, no responderá jurídicamente por los actos cometidos durante su mandato pero lo que ahora se debate es la protección jurídica de la que gozará el monarca saliente desde el momento que deja de serlo y hasta su muerte. Una de las posibilidades más claras, es darle fuero. El mismo del que gozan y abusan miles de funcionarios públicos tanto en España como en México.

En esta coyuntura y sin ley orgánica que regule el procedimiento sucesorio de la corona española, ha surgido otro debate: las voces de los republicanos que exigen un referéndum sobre el modelo del Estado, en el que los españoles decidan entre una república o una monarquía. Todo parece indicar que, pese a las manifestaciones públicas de los ciudadanos y a las solicitudes realizadas por algunos miembros de los partidos políticos respecto a la realización de un referéndum o a la posibilidad de emitir un voto libre en el Congreso, dejando a un lado la disciplina del voto de los partidos políticos, éste no será el momento en el que se someta a consideración de los ciudadanos la monarquía parlamentaria.

Múltiples son las causas que se han numerado para explicar la abdicación. Los desastrosos resultados de los dos principales partidos políticos españoles en las elecciones al Parlamento Europeo que provocaron incluso renuncias; la salud del Rey; el deceso de la popularidad de la monarquía, que hace unos años era la institución mejor valorada y ahora ocupa el sexto lugar; el proceso seguido contra integrantes de la familia Rey en el que una de las Infantas está imputada por los delitos de defraudación fiscal y blanqueo de capitales, juicio comenzará en unos meses; la crisis política que puede poner en riesgo la proclamación de un nuevo Rey dada la conformación del Congreso puede variar significativamente en los próximos años, hoy el Partido Popular y el Socialista Obrero Español cuentan con más del 80% del Congreso, lo que garantiza la sucesión, pero el escenario puede modificarse después de las elecciones del año 2015.

Las razones de fondo no las conoceremos, sin embargo, en la discusión sobre si fue una decisión apresurada del Jefe del Estado o si llevaba ya tiempo planificando esta salida y evaluando el momento oportunidad para hacerlo, parece más factible la primera. En un escenario con una mediana planeación, parece sensato haber tenido ya un proyecto de ley orgánica para regular el procedimiento sucesorio, la condicón jurídica del monarca saliente y de su familia que ya no serán integrantes de la familia real y, sobre todo, en cuestión de plazos, reducir el tiempo para la proclamación del nuevo Rey que previsiblemente será en dos semanas más, lo que en un contexto, entre otros, de crisis económica, hace que los ciudadanos se cuestionen la forma del Estado español respecto a una institución que desde el ángulo que se le vea ha sido clave en la democracia y estabilidad española durante los últimos cuarenta años.

Seremos testigos de la forma en la que se resuelven cuestiones inéditas en aquel país en los próximos días. Las más importantes, sin duda, pasan por diversas modificaciones que tendrán que sufrir diversas leyes, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgar fuero tanto al Rey saliente como a la Reina en funciones y el derecho de una mujer a ser monarca de ese país sin que deba ser preferido un hombre para ocupar el cargo en caso de no ser el primogénito.

 

@C_Humphrey_J