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Subestima al ciudadano

El sistema de justicia no está diseñado para procesar y llevar a la cárcel a los servidores públicos.

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Escrito en OPINIÓN el

Muchas ocasiones la clase política subestima o menosprecia la capacidad de inteligencia de la ciudadanía quien perfectamente comprende todo lo que sucede alrededor de la vida pública de nuestro país.

 

Esto se debe a que el sistema de justicia no está diseñado para procesar y llevar a la cárcel a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, cometan delitos en contra del buen desempeño en la administración pública; o bien, que el Tribunal Electoral resuelve que el partido en el poder, o algún otro aliado político como el Verde Ecologista, no incurrió en compra de votos o delitos electorales.

 

De tal forma que cuando llegan a tomar posesión del cargo, ya sea como diputados, senadores o gobernadores, hay quien crea que es suficiente hacer caso omiso a la ley y tomar lo que alcancen con ambas manos, sin pudor ni rubor alguno. En cuanto a los intentos por imponer la ley, han pasado 15 años con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los que ha documentado 458 expedientes y sólo se han consignado a 7 presuntos responsables de delitos, cuando el daño patrimonial es por miles de millones de pesos, en irregularidades graves y no reparables en perjuicio de la función pública a la que juraron servir.

 

Por esto ahora está prófugo de la justica, Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz y tuvo que escapar casi de manera virtual, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo y sin saber qué sucedió con César Duarte, exgobernador de Chihuahua, todos señalados por corrupción.

 

Pero no sólo eso, sino que también la ciudadanía sabe que la mayor parte de las candidaturas a cargos de elección popular, son compradas a las dirigencias de sus partidos o son heredadas, como si los cargos de elección fueran patrimonio personal o a la espera de colonizar el poder político. En este último caso se encuentran varios diputados federales que son hijos de algunos senadores o prominentes militantes en sus partidos políticos.

 

Los pactos de impunidad han alcanzado a la colusión de servidores públicos, por ejemplo, Julio César Godoy, hermano del exgobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, cuyo grupo parlamentario introdujo en la cajuela de un automóvil al delincuente para que ingresara al Palacio Legislativo, rindiera protesta y se le otorgara fuero constitucional.

 

Por supuesto que la anterior legislatura se hizo del conocimiento público, la práctica de los moches, consistente en solicitar un porcentaje del costo total de alguna obra para gestionar recursos públicos.

 

Cuando estas prácticas de corrupción se presentan en otros países, merecen castigos ejemplares. En Inglaterra hace un año se conoció que un político del Partido Conservador y otro del Partido Laborista fueron sorprendidos pidiendo moches, lo que les costó su carrera política. En China recientemente un servidor público fue sentenciado a muerte. En Japón renuncian con deshonores y piden perdón al pueblo.

 

Por eso una de las soluciones lo constituye la denuncia, a efecto de que se pueda evitar que personas no deseables o con un historial poco honorable, accedan a un cargo de elección popular.

 

Esta crítica y señalamiento ciudadano es un ejercicio de denuncia, en casos recientes, como el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, cuyo titular fue evidenciado en una grabación pidiendo liberar a dos presuntos delincuentes a petición de “su jefe”, lo que a todas luces vulnera la función jurisdiccional del Tribunal a su cargo que lleva la impartición de justicia y de seguridad pública.

 

Les guste o no, hay quien debe entender que este país le pertenece a quienes estamos del lado del Estado de Derecho, de sus instituciones y de sus ciudadanos que, como usted, se busca de manera honesta el sustento para llevarlo a casa.

 

@racevesj 

@OpinionLSR