Hace unos días se publicó el informe de avance de las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Este informe contempla tanto ingresos como egresos con información preliminar respecto al cierre del año.
Un diputado de oposición, Federico Döring, ha hecho énfasis en ciertos datos que preocupan respecto al probable subejercicio en varias dependencias. Esto se basa en que el propio informe habla de que se han ejercido 205.5 mil millones de pesos, de 231.5 mil millones disponibles por la vía de los ingresos. Esta diferencia de 26 mil millones de pesos es muy cercana a la cifra que el propio Gobierno de la Ciudad de México reporta como “comprometidos”.
Los recursos comprometidos son aquellos que están reportados en contratos u otras obligaciones para el gobierno y que no se han pagado, por cualquier causa. Por ejemplo, en la obra pública o en contratos de servicios, son acciones cuya facturas no han sido tramitadas aún, hasta que se satisfagan los requisitos de los propios contratos.
Conforme las denuncias del diputado Döring, llamarían la atención el probable subejercicio del Metro, por 4,264 millones, y de la Secretaría de Obras y Servicios, por 5,176 millones. También, del gasto en salud, hay un diferencial de 1,275 millones entre el presupuesto asignado y el ejercido. La denuncia preocupa, aunque la Jefa de Gobierno ha establecido: no hay subejercicio.
Los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas suelen cargar los contratos, de forma tal que se tiene justamente el registro de estas obligaciones. El ejercicio del gasto, por mucho que la regulación exige planeación, está sujeto a muchos imprevistos en los que es común encontrar retrasos en los egresos con respecto a la programación.
Ciertamente eso no es lo más eficiente, pero con las reglas existentes todas las dependencias juegan más o menos igual: en los primeros meses del año padecen falta de liquidez para preparar sus proyectos; en los siguientes meses se sufre porque las licitaciones no están saliendo en las fechas previstas; en los últimos meses hay que agotar el presupuesto a como dé lugar. Pese a que todas las dependencias padecen más o menos los mismos problemas desde hace décadas, las reglas han permanecido estables, y las multianualidades son la excepción. Es decir, el presupuesto debe agotarse en diciembre, justo por evitar lo que señala Döring: el subejercicio.
2020 fue un año atípico. El presupuesto debió ajustarse. En vez de casi 239 mil millones se recaudaron 231.5 mil millones: 7.5 mil millones de pesos menos de lo previsto originalmente. Sin embargo, la caída fue menos estrepitosa de lo que se había estimado en algún momento, 3.1%. La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México faculta a la Jefa de Gobierno en los artículos 23 y 23 bis a realizar ajustes en el presupuesto cuando haya ingresos inferiores a lo previsto; el artículo 23 habla de 5% en la captación mensual, algo que debe haber ocurrido en los meses del Segundo Trimestre. En la sumatoria anual, 3.1% del presupuesto suena muy bajo para una facultad discrecional, cuando la Jefa de Gobierno tiene una cómoda mayoría en el Congreso de la Ciudad.
Mi preocupación con las cifras expuestas por Federico Döring, y las comentadas en estas líneas no es de orden presupuestal. Yo no veo un mal manejo de las finanzas públicas de la ciudad, por el contrario, veo disciplina. Mi preocupación es de orden democrático. El artículo 23 bis de la Ley de Austeridad se aprobó en junio, y en él se habla de la concurrencia en la reducción de ingresos con una emergencia sanitaria o desastre natural. A diferencia de la previsión de una disminución de ingresos del artículo 23, en el 23 bis existe la concurrencia con la necesidad de incrementar el gasto.
En 2020 hubo una disminución de ingresos (7,453 millones), hay la necesidad de dar más dinero para reforzar el sistema de salud (3,768 millones), y hay que dar apoyos tanto a la población como a las empresas (4,126 millones). El ajuste (13,966.6 millones) no cubre la disminución de ingresos más los gastos por la emergencia, entonces el gobierno echó mano a otros programas, como el de Presupuesto Participativo.
Al final, la Jefa de Gobierno fue modificando la legislación a su antojo, abusando de su mayoría en el Legislativo, se hizo de atribuciones nuevas y todo cuadró: ingresos, egresos y deuda. ¿Realmente no podemos tener un mecanismo más democrático para ello? Puedo dar el beneficio de la duda respecto al no subejercicio, pero creo que una urbe como Ciudad de México debería tener la madurez para enfrentar los procesos de pérdida de ingresos y necesidad de nuevos programas por una emergencia, no mediante la discrecionalidad o el castigo a programas participativos, sino mecanismos que aseguren una deliberación ágil de los ajustes al presupuesto en el propio Congreso de la Ciudad de México.