Opinión

SOS libertad de expresión

La violencia hacia las y los periodistas vulneran uno de los derechos más indispensables en nuestra época, el de la información. | Leonardo Bastida

  • 07/05/2021
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En un lejano tiempo, en el que nuestro país estaba dividido en dos grandes corrientes ideológicas, la liberal y la conservadora, había un periodista que solía ser atosigado por parte de los gobiernos en turno, al grado que lo encarcelaron, le impidieron imprimir los ejemplares del diario que dirigía, recibió múltiples suspensiones de los permisos de imprenta, pero nunca cesó su labor informativa, poniendo a discusión lo que en ese momento se entendía como libertad de imprenta y de opinión.

Ejerció su labor periodística en una de las décadas más complicadas de la historia mexicana, los años 50 del siglo XIX, en el que hubo una serie de cambios gubernamentales muy repentinos, desde quienes representaban las viejas formas del gobierno, como Antonio López de Santa Anna, pasando por sectores que impulsaban la idea de una monarquía, como forma de gobierno, o quienes propagaban la defensa de una forma de administración pública de corte liberal. 

Desde esta perspectiva liberal, la posibilidad de expresar las ideas sin restricciones era un principio fundamental a defender, pues permitía mantener una postura crítica frente a los mecanismos de poder, sin que este interviniera directamente en las publicaciones y en aquellas formas de difusión de la información.

Sin embargo, a 150 años de lo vivido por el periodista duranguense, Francisco Zarco, quien encabezó al rotativo El Siglo, y escribió la mejor crónica existente sobre el constituyente de 1856, en el cual se fraguó la Constitución de 1857, totalmente de corte liberal, antecedente de la Constitución vigente, la libertad para el ejercicio del periodismo en nuestro país continúa en discusión

Los debates encabezados por el propio Zarco para impulsar el reconocimiento de la libertad de imprenta y de pensamiento podrían retomarse hoy en día, casi en su totalidad, pues se siguen discutiendo los límites entre la vida privada y la vida pública, y en qué momento se diluye cuando hay un interés público y común.  

Sumando otros factores actuales, y tal vez muy preponderantes, como la violencia en contra de quienes ejercen el periodismo, que, según datos de la organización Artículo 19, ha causado el asesinato de 137 periodistas entre el 2000 y el 2020. De esos, 126 eran hombres y 11 mujeres. La entidad con mayor riesgo para la labor periodística es Veracruz, con 30 casos de asesinato.

Si bien estamos en días posteriores al Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, una de las mejores maneras de conmemorarle podría ser la lectura de la reciente reedición de Francisco Zarco y la libertad de expresión de Miguel Ángel Granados Chapa (FCE, 2019), otro férreo defensor de la libertad de expresión en México, testigo de uno de los actos de mayor censura periodística en la historia del país, la expulsión de la directiva del periódico Excélsior, quien a lo largo de su trayectoria impulsó la apertura de espacios mediáticos plurales y de crítica sustentada.  

Fue en este ejercicio reflexivo que, tras tres décadas y media de análisis de nuestra sociedad, concluyó en su última columna publicada en 2011, que seguíamos envueltos en “la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social”. 

Una realidad que a 10 años de su publicación, continúa vigente, y que no puede ser acallada, a pesar de vivirse una situación particular en la que, hay una aparente apertura de las instituciones gubernamentales a la contestación de las interrogantes de la prensa, pero que, en caso de no concordar con los argumentos estatales, proviene la descalificación y el escarnio público

La violencia hacia las y los periodistas, el escarnio gubernamental hacia quienes no concuerden con sus ideas, la amplia difusión de noticias falsas, la inmediatez de las redes sociales, y algunos otros factores vulneran uno de los derechos más indispensables en nuestra época, el de la información, tanto para recibir información de calidad y formar una opinión al respecto, como para poder incidir en la vida pública y el devenir del país.

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