Si usted está tentado a otorgar especial interés a la humillación inflingida al gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, obligado a derruir una presa de 150 millones de pesos en su rancho familiar, por favor deténgase un poco. Corre el riesgo de concentrarse en un patético árbol caído y perder de vista el verdadero bosque de la corrupción en esta historia.
Información disponible apunta que lo que está en marcha es una estrategia de control de crisis para evitar que las veleidades del señor Padrés desnuden una montaña de desvíos estimados en miles de millones de pesos, en áreas políticamente explosivas. Es el caso del programa hidráulico de Sonora, que incluyó el controvertido Acueducto Independencia. Más de 2,500 millones de pesos se gastaron en esta obra que ameritó un reporte de la Auditoría Superior de la Federación con una enorme lista de irergularidades.
Pero el programa estatal sigue en marcha, y planea erogar 12 mil millones de pesos para un conjunto de grandes obras, que hasta ahora han sido confiadas a empresas constructoras cuyos dueños son amigos o campadres de importantes políticos sonorenses. Y no sólo del PAN, sino también del PRI e incluso del Partido Verde.
Puesto ante la alternativa política de darse por muerto o suicidarse, Padrés optó por lo primero. Se reunió la semana pasada con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Lo acompañaron el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, precandidato presidencial, y el secretario general, Ricardo Anaya, precandidato a dirigir el blanquiazul. Antes de salir del encuentro, Padrés determinó –o fue instruido para ello- que destruiría la presa que levantó con fondos de origen desconocido, imposibles para su sueldo oficial de 75 mil pesos mensuales.
Padrés, quien antes de militar en el PAN fue un mediocre empresario que tal vez sólo terminó la preparatoria –existen dudas sobre la validez de su título de abogado obtenido en una universidad "patito"-, representa en política al burro que tocó la flauta. Conquistó inesperadamente la gubernatura como resultado de una crisis doble: La tragedia de la guardería ABC y la pugna entre el ex gobernador priísta Eduardo Bours (2003-2009) y el también ex mandatario estatal Manlio Fabio Beltrones (1991-1997) –actual líder del Institucional en la Cámara de Diputados-, uno de los políticos mexicanos más poderosos de las últimas tres décadas.
Como ocurrió a nivel federal, la llegada del PAN al poder en Sonora no supuso una ruptura del régimen priísta, antes al contrario. El gobernador Padrés, sus colaboradores –desde los más encumbrados hasta sus voceros-, los alcaldes y líderes panistas en el estado se treparon al carro de la corrupción, nacida en los tiempos de la Revolución, forjada por los legendarios sonorenses Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón y aceitada por sus herederos durante más de 80 años en el, ahora nuevamente, partido oficial. Una casta política que por más de un siglo ha observado la vieja máxima porfirista: “De la obra, lo que sobra…”. Y lo ha hecho con maestría.
Información promenorizada confiada a este espacio describe los ejes principales de una red de empresarios constructores no sólo ligados a los políticos sonorenses, sino creados por y para la política. Forman el telón de fondo de la tragicomedia que hoy protagoniza Guillermo Padrés. Estos son algunos de ellos:
Samuel Fraijo Flores, director de la compañía “Exploraciones Mineras del Desierto”, la cual condujo el proyecto del todavía polémico –a cuatro años de iniciado y dos en operación- Acueducto Independencia. Apenas el pasado día 11, Mario Luna, líder de la comunidad yaqui que se opone desde el 2010 a la obra, fue detenido en condiciones irregulares.
Fraijo integró y condujo un supuesto consorcio de 16 compañías para este proyecto, del cual fue la única cara pública. Su poder surge a la mitad de los años 80 al ser nombrado delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular era Rodolfo Félix Valdés, quien luego sería gobernador. A Fraijo se le atribuye el talento de hacerse de amistades, compadrazgos y complicidades con todos los gobernadores posteriores. Al inicio de la administración Peña Nieto se promovió para ser nuevamente delegado de SCT, pero resultó frenado desde la Secretaría de Gobernacion, que controla esas posiciones.
Francisco Salazar Serrano, propietario de la empresa constructora “Canoras”. Se le describe como un empresario alentado por Manlio Fabio Beltrones. Durante la gubernatura de éste, la compañía de Salazar tuvo un papel relevante en la construcción del llamado Vado del Río, en Hermosillo, una de las más importantes en la gestión del actual líder parlamentario. Salazar es también compadre del ex alcalde panista de Hermosillo, Javier Gándara –precandidato a la gubernatura y aliado clave del gobernador Padrés. La singularidad de sus apoyos políticos tanto local como nacionalmente se patentiza en el hecho de que su compañía está ahora al frente de otra obra relevante, la presa Pilares, en el municipio de Álamos.
Vernon Pérez Rubio, ex secretario de Infraestructura Urbana y Ecología durante toda la administración gubernamental de Manlio Fabio Beltrones. Actual diputado local plurinominal en Sonora por el Partido Verde y presidente de la constructora “Premaco del Desierto”, entre otras compañias, desde las cuales participó en las obras del Acueducto Independencia, específicamente en infraestructura eléctrica. Se le atribuye sociedad con el diputado panista Ignacio García Fierros. Dichas compañías son proveedoras recurrentes de ayuntamientos sonorenses. Versiones generalizadas indican que “Premaco del Desierto” construyó la presa del gobernador Padrés y habría participado también en su inutilización.