Apenas me encontré a un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y le pregunté cómo se sentía tratado, y me dijo sin vacilar: “somos como tepalcates”. ¿Qué son los tepalcates? Son pedazos de vasijas, de otros enseres, de artistas, de nuestros antepasados, que en manos ignorantes se amasan en una bolsa, en un rincón para luego convertirse en basura y perderse para siempre.
En otras manos, al reconstruir esos pedazos, se convierten en un tesoro, en una estatuilla, en la imagen de un Dios, que se van reconstruyendo para traer de nuevo la riqueza de nuestro pasado. Pero ese trato, esa política gubernamental no se aplica ahora.
Quienes dirigen la política cultural de nuestro país tratan como vil basura a los mil 200 investigadores a quienes les imponen una relación mercantil como forma de contratación. Los hacen participar en subastas, como si fueran empresas o productos comerciales.
¿Seres humanos objeto?
Les imponen ofrecer el menor costo en sus percepciones económicas, (no es salario, es una propuesta económica) y el INAH se los adjudique como si fueran una piedra, un pedazo de cerro, una escobilla, una pala…
El 70% de los arqueólogos, contratados de manera mercantil, desde enero de este año no reciben pago alguno (como proveedores de tercera). Les dicen desde las oficinas del INAH:
Este mes se les paga, la Secretaría de Hacienda no nos ha mandado el dinero, pero ahora sí: ¡aguanten!”
Esta modalidad de tratar a los investigadores del INAH como un producto o un objeto es la manera de atender institucionalmente, de manera irresponsable, las 45 mil zonas arqueológicas que hay en el país. No se les paga lo estipulado en los contratos mercantiles (que son ilegales para establecer relaciones laborales), ni tampoco se les pagan los meses contratados.
¿A dónde se desvían esos recursos económicos?
Ahora el INAH usa empresas subcontratistas para realizar labores de “salvamento arqueológico”; en otras palabras, impulsar la privatización de actividades que de manera exclusiva corresponde a esta Institución.
No reciben los investigadores del tepalcate, el beneficio de la Seguridad Social, ni prestaciones sociales de ningún tipo, apoyo médico o de seguro de vida o accidentes a pesar de que constantemente sus actividades se desarrollan en zonas rurales, en ecosistemas poco favorables, en lugares de alto riesgo por las actividades del crimen organizado.
Los especialistas dicen:
Los mil 200 investigadores que actualmente somos contratados por el INAH, desarrollamos nuestras actividades en condiciones de terrible precariedad laboral, económica, académica, y de seguridad física…”.
Las percepciones que reciben no consideran la preparación académica, de licenciaturas, maestrías o doctorados con los que cuentan los investigadores del INAH.
Los horarios de estos investigadores exceden las ocho horas diarias y todos los días del año. Cuando en su periodo de contratación elaboran dictámenes periciales, están obligados a continuar todo el proceso legal hasta su conclusión, lo cual ocurre mucho tiempo después del término de su contratación mercantil, de manera que siguen laborando sin percibir remuneración alguna, a pesar de realizar actos de autoridad, hecho que los particulares involucrados no lo saben.
Es común que no se les cubran viáticos, ni gastos para realizar su trabajo. Lo normal es que los investigadores tengan que traer sus propios utensilios de trabajo. El INAH los ignora.
Los investigadores acusan:
…a menudo establecen con nosotros una relación laboral de maltrato, de burla, humillación e indiferencia, siempre con el visto bueno de los funcionarios de alto rango en el INAH. Ha ocurrido que algunas investigadoras contratadas se han visto expuestas a un aborrecible acoso sexual por parte de los titulares de algunos centros de trabajo”.
Son tiempos de enmendar caminos…
DE OTROS AVATARES
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos como el Observatorio Laboral, Sindicatos, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), investigadores y académicos han hecho un llamado a la doctora Claudia Sheinbaun, Jefa de Gobierno electa de la capital de la República, a que reconsidere la supresión de la Secretaría del Trabajo y su integración a la Secretaría de Economía en el organigrama de la administración Pública de la Ciudad de México.
La Ciudad de México es el lugar con la mayor concentración de trabajadores en el país y en el que existe la mayor violación a sus derechos laborales. La Inspección de Trabajo ha sido minimizada por los últimos gobiernos y es creciente la demanda para que se vigilen los centros de trabajo que son tierras de nadie. La impunidad es flagrante y desaparecer la Secretaría del Trabajo, no es el mejor mensaje.
Se necesitan centros de respuesta inmediata, que hasta ahora no están concebidos, para atender las quejas de los trabajadores que son miles. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo requiere fortalecerse y no minimizarla. Ahora ni inmueble propio tiene.
Es necesario realizar estudios de manera institucional para elaborar diagnósticos de la situación que viven los trabajadores en las ramas económicas de la capital, buscar soluciones con las empresas y trabajadores, y atender sus reclamos.
La ciudad de México es el paraíso de las empresas outsourcing, (llamados también “centros de defraudación laboral y fiscal”) y no hay mecanismos oficiales para poner un alto a estas actividades ilegales que estrangulan las relaciones laborales.
No es suficiente atraer empleos de cualquier manera, es necesario proteger la dignidad de quién presta el trabajo, su defensa, su salud, sus condiciones de trabajo, su salario.
Son tiempos de revalorar el trabajo como un derecho humano y reconsiderar políticas públicas democráticas.