Opinión

Sólo unos cuantos son los corruptos

El veto de EPN a la ley 3 de 3 encubrió a los empresarios.

  • 11/07/2016
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Al finalizar la primer semana de julio, se dio por cerrada la posibilidad de dar un paso importante en cuanto a transparencia y combate a la corrupción se refiere. En un acto por demás ominoso, el presidente Peña Nieto, mando a la cámara de senadores, una iniciativa de veto para derogar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que señalaba que toda persona físico o moral que tuviera relación  con el gobierno y recibiera recursos públicos, debía rendir una declaración patrimonial para evitar conflictos de interés y combatir actos de corrupción.

 

La cámara de senadores y diputados, habían aprobado dicha ley el pasado 14 de junio, la idea era incorporar a la rendición de cuentas a la iniciativa privada y particulares, y no sólo a los funcionarios públicos como lo había propuesto un segmento de la sociedad que recabó más de 600 mil firmas para impulsar la llamada ley 3 de 3.

 

La osadía de diputados y senadores, desató una oleada de desprestigio y denostación de la cúpula empresarial en la que se incluía al presidente Peña Nieto. El descontento, se elevó a una protesta sin precedentes, en la que la Coparmex y el consejo Coordinador Empresarial, entre otros gremios empresariales, salieron a la calle a manifestarse y desde el monumento del Ángel de la Independencia, exigieron al jefe del ejecutivo derogar el mandato que los obligaba a realizar una declaración patrimonial.

 

El presidente no demoró más de 20 días para enviar al senado el veto al artículo que consideraban ominosos los empresarios y el pasado 5 de julio, el senado aprobó la iniciativa enviada por el ejecutivo. El regaño no estuvo de más pues los miembros de ambas cámaras cometieron a mi juicio y pequeño pero significativo error, el cual dio sustento al argumento utilizado por los empresarios.

 

El artículo señalaba entre otros puntos, que toda persona moral y física que obtuviera recursos públicos del gobierno federal, debería realizar su declaración patrimonial. Los empresarios se mofaron al argumentar que las “abuelitas, albañiles y becados” que obtienen beneficios del gobierno, tendría que hacer esa declaración lo cual resultaba imposible y engorroso.

 

Lo anterior tiene algo de verdad, pero resulta que los legisladores lo que buscaban, era que fueran las empresas y sus ejecutivos encargados de relaciones con el gobierno, quienes realizaran esa declaración. Tal vez con sólo señalar que las personas morales y los responsables que éstas asignarán para relacionarse con el gobierno, serían quienes deberían rendir cuentas, hubiera sido suficiente. Pero esa pifia, sirvió para que los empresarios se deslindarán de sus responsabilidad de actos de corrupción.

 

En su momento, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, recalcó que “la corrupción siempre va en dos vías” y advirtió que si el CCE y la Coparmex no querían a darse cuenta de que son parte del problema, “nosotros se los vamos a recordar, ya que este no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción, tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también”.

 

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, calificó como un avance la incorporación del sector privado a la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés cuando firmen contratos con el gobierno.

 

Como éstas, hubo varias voces, sin embargo, la presión del sector empresarial, fue incesante, tanto así que fueron recibidos en la casa oficial de los Pinos para conminar al ejecutivo, a echar para atrás la ley que había sido aprobada.

 

El contexto no está para bollos, y una negativa del ejecutivo a esta solicitud por parte de iniciativa privada, le habría generado un costo político mayor cuando la economía está siendo presionado por el contexto económico internacional, y la CNTE cada día reclama un espacio para negociar y buscar también una erogación de a la ley educativa. 

 

En materia económica, el hecho de que los actos de corrupción sigan siendo el pan de cada día en México, siguen contribuyendo a una menor distribución de la riqueza de forma equitativa, pues de todos es sabido que en muchas ocasiones, las inversiones privadas son condicionadas a ciertas zonas del país y bajo circunstancias ventajosas para algunas empresas. Sólo como dato, el Banco de México señaló que en 2015, la corrupción en el país equivalió a 9% del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos.

 

Por eso llama la atención que especialmente la iniciativa privada mexicana, haya salido a señalar y culpabilizar sólo a los funcionarios de gobiernos, como los únicos responsables de la corrupción en el país. Es decir que para los empresarios, según su percepción, corrupción es sinónimo de dependencia y funcionario público.

 

Por supuesto, también es cierto, que los actos más descarados y ominosos de corrupción, suceden en las ventanillas del sector público, y que las cantidades de dinero que se manejan en dependencias de tesorería, tránsito, registro público, permisos, sanidad, catastro, registro civil, etc., son incuantificables y que todos los días en esas delegaciones de gobierno, se comete un acto de corrupción.

 

Sin embargo, los grandes casos y más escandalosos, son entre las empresas privadas y funcionarios públicos, pues es ahí donde se desvían enormes cantidades de dinero.

 

Casos hay muchos, uno de ellos es la contratación de obra pública. Lo es en México y en todo el mundo, y sí de verdad el gremio empresarial desea combatir la corrupción, entonces deben trabajar en estos ámbitos y coadyuvar con la transformación de las instituciones que propone el gobierno para combatir la corrupción.

 

Pero los hechos parecen decir otra cosa, por ejemplo, al presidente Peña Nieto, le han reventando ya varios escándalos de corrupción en los que poco o nada, ha hecho para sancionarlos. El caso del tren México – Querétaro, estalló en las manos del gobierno, cuando se alistaba a subirse a los cuernos del éxito. El caso de la constructora OHL fue otro evento que relacionó de manera directa al jefe del ejecutivo.

 

Si escarbamos un poco más atrás, no encontramos que el entonces subsecretario de energía Juan Camilo Muriño, fue beneficiado en su momento para obtener un contrato de prestación de servicios de transportación para Pemex, Juan Bueno Torio, entonces presidente del consejo de administración de la paraestatal, le otorgó al que a la postre fuera secretario de gobernación, un contrato bajo condiciones ventajosas para la empresa Ivacar propiedad de Muriño.

 

Y un poco antes, durante la administración de Fox, Océano Gráfica se beneficio de un contrato para dar  mantenimiento a las instalaciones de Pemex, en la prestadora de servicios, participaban los hijos de Martha Sahagún. Uno caso más, fue el de Hildebrando empresa que operó el software con que se calificaron las elecciones de 2006 y en donde el socio principal era el cuñado de Felipe Calderón.

 

La transparencia y la rendición de cuentas de todas las empresas antes mencionadas que ha tenido alguna relación con el gobierno, habría ayudado a prever cualquier conflicto de interés y muy probablemente a evitar los escándalos de corrupción en los que se vieron involucradas.

 

Para eso servía el artículo derogado de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo podremos evitar actos de posibles conflictos de interés y corrupción, si no conocemos quiénes son los actores por parte del gobierno y quiénes por parte de la iniciativa privada? ¿Cómo podremos evitar la evasión fiscal, y el blanqueo de capitales, si no conocemos el nombre y apellido de las empresas que transfieren grandes volúmenes de dinero?

 

Bajo este esquema, y según la percepción de los empresarios, el único culpable de la corrupción es el gobierno y sus dependencia, cuando hay muchos mexicanos intuimos que no es así.

 

@ijm14

@OpinionLSR

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