La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles un pronunciamiento referente a la grave situación que se vive en Nicaragua. Esto ante la ola de represión llevada a cabo por el gobierno del presidente Ortega que ha apresado a varios opositores políticos; algunos de ellos candidatos presidenciales.
Los arrestos de los líderes de oposición se dan a menos de cinco meses de que se realicen las elecciones en las que Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo. Y aunque el presidente nicaragüense afirma que no son “candidatos” sino “criminales”, queda claro que las detenciones han sido bajo supuestos legales ambiguos, arbitrarios y con claros tintes políticos.
Es por ello que la Comisión Permanente manifestó “profunda preocupación por los hechos recientes en los que las libertades políticas, civiles y de libre expresión están siendo agredidas” y se hicieron votos para “que se generen las condiciones para que la elección general del próximo 7 de noviembre, se celebre de forma libre, legal, incluyente, transparente y pacífica”.
El pronunciamiento no es menor, pues lo respaldan la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso; por lo que debería de contribuir, junto con el llamado a consulta al embajador mexicano en Nicaragua, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores rectifique su postura.
Hasta ahora nuestro país se abstuvo de apoyar una declaración conjunta de la ONU en la que se condenaba la violación de derechos humanos en Nicaragua y rechazó también una resolución de la OEA en la que se condenaba la represión, pretextando el principio de “no intervención”.
Si bien nuestra Constitución establece que la política exterior se debe conducir bajo los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención; también obliga a la protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional. Mandato que se incumple cuando nuestro país se abstiene de respaldar declaraciones cuyo fin es la protección y el respeto de estos derechos.
Los mexicanos no podemos permitir que la Doctrina Estrada se utilice como pretexto para justificar la falta de acción por parte del gobierno ante violaciones a los derechos fundamentales. Y lo cierto es que ésta doctrina no siempre se ha aplicado de la misma manera en la política exterior mexicana.
Apenas hace unos días nuestro país votó a favor de una resolución de la ONU para que se investiguen posibles violaciones de derechos humanos cometidas por Israel en Gaza y también esta semana votó en contra del bloqueo económico en Cuba. La diferencia pareciera radicar en que en el caso de Nicaragua el gobernante es afín al presidente mexicano.
Y cabe destacar que el hoy presidente de Nicaragua se benefició en el pasado de la aplicación discrecional del principio de no intervención. Siendo que, en 1979 el presidente José López Portillo anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Somoza y brindó apoyo a la guerrilla sandinista de la cual formaba parte Daniel Ortega.
Si algo nos ha dejado como lección la historia es que el principio de la no intervención no puede ni debe ser pretexto para hacer caso omiso a las violaciones de los derechos humanos. Martin Niemöller, plasmó crudamente en un poema lo que sucede cuando el desinterés por el otro se impone por encima de la solidaridad humana:
“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.
Es urgente que el gobierno de México cambie su postura y que se sume activamente al esfuerzo de la comunidad internacional que se ha pronunciado en contra de las medidas opresoras de Daniel Ortega y su camarilla; que buscan perpetuarse en el poder eliminando a sus adversarios, acallando cualquier crítica y anulando la competencia política democrática.