Concluyó ayer en París, la segunda fase del “Foro Generación Igualdad” convocado por ONU y liderado por los gobiernos de México y Francia. El evento que tuvo como propósito poner en perspectiva los logros alcanzados y los desafíos pendientes en el cumplimiento de la Plataforma para la Igualdad de las mujeres de Beijing (1995), a más de veinticinco años de adoptado, puso de relieve la lentitud y resistencia con las que se han venido cristalizando resultados positivos para las mujeres y niñas, razón por lo cual convocó a gobiernos, activistas, empresas, organizaciones feministas, jóvenes y aliados en todo el mundo, a construir una coalición a favor de lograr un cambio transformador en los próximos cinco años.
Un aspecto destacado en la conversación y en las participaciones de expertex, especialistas, jóvenes de organizaciones sociales, gobiernos y organismos internacionales, fueron las brechas de la desigualdad económica entre mujeres y hombres. Y es que a pesar de la notable adquisición de cualificaciones profesionales que han logrado las mujeres en estos cinco lustros, persisten la desigualdad en la participación en el trabajo remunerado, las diferencias en las remuneraciones y en la distribución de cargos de alta jerarquía en empresas, centros escolares, centros de investigación científica, organizaciones artísticas, universidades y, gobiernos.
Les participantes hicieron recuento de los efectos de la pandemia de SARCOV2-covid19 que han venido a profundizar y exhibir con mayor crudeza esa desigualdad económica, al volcar sobre las mujeres la mayor carga de cuidado y los efectos económicos de la misma. Las mujeres han estado desde el inicio en la primera línea de atención de la pandemia al constituir casi 70% del personal médico y de asistencia a la salud de los hospitales públicos y privados. Mientras en el hogar han debido enfrentar simultáneamente el cuidado de enfermos y de sanos, hacerse cargo de la educación de niños y adolescentes, mientras el trabajo a distancia se ha caracterizado por quebrantar los límites históricos normativos de la jornada regular, sobrecargando a los hogares de gastos operativos ligados al home-office, sin ninguna compensación.
El ciclo de pare-siga de las diversas oleadas del virus, ha afectado también al empleo femenino, no solo porque las mujeres fueron las primeras en salir de los trabajos para quedarse en casa, sino porque han sido los sectores del comercio, turismo y servicios personales, tradicionalmente feminizados, donde más han repercutido los cierres económicos. La lenta y zigzagueante recuperación económica tampoco ha favorecido el empleo femenino, y si a ello se agrega el que los servicios escolares, guarderías y otros servicios sociales que funcionan en gozne con las dobles o triples jornadas de trabajo de muchas mujeres no han sido reabiertos en muchos países, podremos calibrar cuánta dificultad tienen las mujeres hoy día para participar en el trabajo remunerado.
En este marco y ante el escenario de que los ciclos sanitarios de una pandemia, a la que aún no se le ve el fin, puedan sobre determinar la recuperación económica dejando fuera a las mujeres, los gobiernos convocantes al “Foro Generación Igualdad” han lanzado junto con Onumujeres, la “Alianza Global por los Cuidados” para atajar de fondo a una de las fuentes originarias de la desigualdad entre los sexos.
La “Alianza” busca, como señaló Nadine Gasman, presidenta del INMUJERES México y co-líder de la Iniciativa, es lograr la transformación de las sociedades actuales en sociedades del cuidado, que coloquen la importancia del cuidado de la vida, de la salud, el desarrollo humano, incluido el cuidado de la naturaleza, en el centro de las prioridades políticas y sociales. La idea dijo: es “movilizar a los gobiernos, a las empresas y todo tipo de organizaciones económicas y sociales del mundo actual para reconozcan, redistribuyan, retribuyan y se hagan corresponsables de los trabajos de cuidados familiares”. Tareas que hasta ahora han venido haciendo casi en exclusiva las mujeres, como parte de una supuesta asignación natural de la que aún hoy día todavía no puede soslayarse casi ninguna mujer: cuidar y servir a sus hijos, cuidar y servir a sus padres, cuidar y servir a sus hermanos, maridos y, hasta sus jefes de oficina.
Muchos puntos hay en la discusión de una iniciativa tan importante como ésta, que implica por lo menos el desarrollo de un nuevo brazo de servicios de bienestar social. Cuestiones de corte financiero como quién y cómo se asumirán los costos, cómo o cuál es el mejor diseño técnico, pero también cómo y cuál ética de cuidado va a ponerse en juego, y cuál es el principio de biopolítica –que ahora no es momento de abordar– están pendientes de hacerse. Por ahora quisiera subrayar una cuestión de fondo: el cambio en el contrato sexual que ha dado origen al patriarcado capitalista establecido desde el inicio de la modernidad (siglo XVIII-XIX). En este pre-contrato social establecido por los hombres para las mujeres según Carol Pateman (1988) las mujeres fueron adscritas “por naturaleza” a quedar al margen de la vida pública (política y económica) destinadas a la maternidad y por ende a quedarnos en casa y encargarnos del cuidado de hijos y familiares, mientras los hombres podían y debían hacer vidas profesionales fuera de casa, libres de esta carga. Sabido es que gracias a la conquista de derechos sociales, económicos y políticos logrados por las luchas feministas de los últimos cien años, hemos podido revertir ese designio y hoy casi la mitad de las mujeres a nivel mundial, labora en forma remunerada convertidas en proveedoras de hogar. Aunque el costo ha sido trabajar hasta tres veces más horas semanales que los hombres, debido a las dobles y triples jornadas.
Estos cambios económicos y culturales sin embargo no han sido acompañados de una transformación de fondo en los términos jurídicos del contrato sexual o en el régimen de género establecido en nuestras sociedades. Por ello es menester que en la construcción de esta nueva “sociedad del cuidado”, se busque establecer también un nuevo contrato sexual. Uno de los instrumentos para este “nuevo trato” deriva directamente del contrato matrimonial, sin duda el instrumento básico para regular los conflictos entre sexos y géneros y sus relaciones. Se requieren normas que repartan equitativamente las cargas del cuidado, que transformen en la norma y en el derecho los estereotipos y roles binarios heteronormativos, que transformen a la paternidad en un ejercicio de cuidado y no solo de proveeduría. Un contrato matrimonial que sancione la violencia en todas sus formas, que propicie la libertad, la autonomía, el desarrollo humano de los conyuges y miembros de las familias, que se abra a arreglos familaires y económicos mas diversos (incluso a familias no sanguineas) considerando como criterios los derechos humanos, las diversidad sexo-génerica, el principio superior de la infancia así como la resolución pacífica de conflictos.
En este sentido, la nueva “sociedad de los cuidados” no puede establecerse sin revisar a fondo las bases jurídicas de la familia patriarcal que sigue tan incólume en el papel como deteriorada en la realidad, sin reconocer la crisis de la institución familiar asentada en pilares que hoy día están colapsados. La vieja relación patriarcal del varón, protagonista exclusivo del mundo público y económico, el salario familiar, el estado de bienestar, el empleo formal a largo plazo, pilares casi todos inexistentes hoy día. Es preciso considerar también que la piedra fundamental de ese arreglo que es la mujer sometida y abnegada ya no existe o se movió de lugar, porque las jóvenes de hoy ya no están dispuestas a seguir un modelo que hace agua por todos lados y que cuando cae el telón de la narrativa romantizada del “juntos hasta la muerte” o, hay que enfrentar conflictos de divorcio, patrimonio, pensión alimenticia, sucesión, lesiones, maltrato, etc., se encuentran que todos: el marido, los hijos mayores, los hermanos, tanto como las empresas, el estado, los partidos y gobiernos y sus jueces, se hacen de la vista gorda ante las violaciones a sus derechos, a sus cuerpos, a sus vidas, a sus proyectos de vida, a su patrimonio y esperan que sigan amamantando, cuidando, alimentando o, haciendo méritos como se dice.
De esta crisis familiar y de las instituciones para la regulación y gobernanza de los conflictos familiares quiero dar solo un dato: la cartera de conflictos intrafamiliares en los Juzgados de lo Familiar, que es uno de los indicadores más claros de esta crisis, muestra también los resultados del contrato matrimonial patriarcalista rebasado en la realidad por los arreglos entre parejas y familias actuales, pero vigente en la ley y su letra chiquita versiculada en los códigos familiares y sus tortuosos procedimientos. Así, de acuerdo con datos tomados del Diagnóstico de Violencia de Género de CONAVIM para fines de 2018, existían en el país un total de 777 mil 226 demandas o escritos iniciados en los Juzgados de lo Familiar, frente a 8 mil 322 en materia penal y 9 mil 108 en materia civil. Esto significa que la conflictividad jurídica de los asuntos familiares multiplica 85 veces la conflictividad de lo civil.
La atención de estos asuntos intrafamiliares queda según este mismo reporte, bajo la responsabilidad de 441 jueces y 6 mil 39 asistentes, lo que da un promedio de 8 personas y 0.5 jueces por cada 1000 asuntos pendientes. Con este panorama y tomando en cuenta la tortuosidad de los procedimientos jurisdiccionales del derecho familiar, cuyos pivotes ocultos basculan en ideas y principios atávicos respecto al modelo de mujer-madre santa y perfecta, y el varón violento cuando no displicente, emocionalmente indiferente ante sus hijos e hijas o, desobligado económicamente, que a pesar de todo mantiene incólumes sus derechos como progenitor, una puede concluir que estamos ante una legislación para reproducir el patriarcado pero también para ampliar y alargar los conflictos en lugar de generar salidas rápidas y justicieras que reduzcan el desgaste emocional y económico de las parejas y familias en conflicto, y pongan en el centro de las relaciones y criterios de la jurisprudencia familiar al cuidado de los derechos de las personas, de la vida, de los otros, las otras y de uno mismo.
Para decirlo en breve, la “sociedad del cuidado” tiene que plantearse de entrada un cambio en las leyes familiares que ajusten la norma jurídica a las pautas culturales y económicas que representan los nuevos arreglos familiares, con figuras renovadas y progresistas de los cónyuges y miembros familiares, basados en los principios más progresistas del derecho actual. Solo con esta base puede una política de cuidados o un sistema de provisión de cuidados o de retribución, redistribución y corresponsabilidad hacerse vinculante y no quedarse meramente en una estructura de estímulos a elegir según la buena voluntad. Por lo demás, me parece que un empeño destinado a cambiar el contrato sexual que subyace al patriarcado capitalista, debiera de ser una de las tareas centrales de las luchas feministas de hoy.