Opinión

Sociedad civil, contrapeso de autoridades

Con culpa o con dolo, los gobiernos atienden los temas que solo a ellos les interesan | Francisco Rivas

  • 11/04/2018
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La construcción de ciudadanía en nuestro país ha sido un proceso complicado; los mexicanos aún no hemos encontramos la manera de pasar de una sociedad con un gobierno paternalista a una que asuma su corresponsabilidad y exija la protección de sus derechos de manera pacífica.

Por ello, y debido a la urgencia de algunas necesidades, se ha vuelto imperativo que los ciudadanos construyamos puentes de diálogo con la autoridad –lo quieran o no– y logremos incidir en las normas y acciones que atienden los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Seguridad y justicia


El caso de la seguridad y el acceso a la justicia es un ejemplo sumamente relevante: individuos, organizaciones civiles, colectivos de víctimas y académicos han (hemos) tenido un papel determinante para que en México hoy existan leyes e instituciones dedicadas a combatir delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, las desapariciones forzadas e involuntarias, entre un sin fin de delitos que padecemos los mexicanos.

Si se analiza el tema de las desapariciones forzadas e involuntarias, se puede observar cómo la labor de los colectivos de víctimas ha sido determinante desde la creación de protocolos de actuación –para hacer más efectiva la búsqueda de personas–, hasta obligar al Estado a reconocer su responsabilidad en la comisión de estos delitos.

Desaparición forzada


El pasado 16 de noviembre, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como parte de las medidas especiales que prometió a partir del terrible caso de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Esta es una ley que sin la sociedad civil no hubiese sido imposible, una ley que se alimentó de la experiencia de esas mujeres y hombres que han tenido que salir a hacer lo que las instituciones de seguridad y justicia no han hecho, y que da oportunidad de buscar a quien no se ha podido localizar.

Las historias de personas que han desaparecido nos deben doler a todos los mexicanos. Una persona desaparecida es como una herida que no cierra, por eso madres, padres, hijos, hermanos, esposos han salido como han podido, con los medios de los que disponen y exponiendo sus vidas a investigar lo que el Estado ha sido incapaz de investigar.

La ley en esta materia representa un paso adelante que es muy importante para erradicar este fenómeno en México, dado que genera una arquitectura institucional para atender dicha problemática, al tiempo que norma una práctica que muchas veces no se ha querido reconocer: la desaparición forzada.

Sin embargo, sabemos que contar con un marco legal armonizado y fortalecido no basta para llevar a cabo las acciones y políticas requeridas en materia de registro, búsqueda, localización, investigación de casos, servicios forenses, atención y reparación de daño a víctimas. Se requiere un marco institucional y procesos de coordinación que permitan desarrollar las actividades correspondientes con un enfoque intensivo en rendición de cuentas, por lo que es necesario:

  • Desarrollar y poner en marcha un mecanismo ciudadano de monitoreo y seguimiento de la implementación de la ley.
  • Definir y emitir lineamientos mínimos de estructura de las fiscalías especializadas como se realizó con las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS).
  • Garantizar los ajustes presupuestales que se requieren para la implementación de la ley.
  • Fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales para que cuenten con facultades que permitan iniciar procedimientos administrativos en contra de aquellos funcionarios que eludan sus responsabilidades o que obstaculicen las búsquedas e investigaciones.
  • Incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, dada la experiencia que ha tenido en la documentación e investigación de ciertos casos de desapariciones forzadas, así como en la creación del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF).
  • Implementar un mecanismo de rendición de cuentas en torno a la atención que le ha brindado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las respectivas comisiones estatales a los familiares de personas desaparecidas.
  • Una negligencia de la Segob



    La evidencia de que la ley no es suficiente para que el Estado cumpla con sus obligaciones en esta materia la volvimos a tener el pasado 3 de abril, cuando la Secretaría de Gobernación emitió un decreto mediante el cual adscribe a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

    Este hecho fue una negligencia de la Segob, tanto por no tomar en consideración a los familiares de personas desaparecidas en la implementación de dicha ley, como a lo que se encuentra plasmado en su Artículo 50, que prevé que la CNB estuviera adscrita directamente a la Segob, lo que genera un arreglo institucional subóptimo que mantiene vigente las problemáticas que las víctimas han tenido que enfrentar hasta el momento.

    En el Observatorio Nacional Ciudadano nos sumamos al rechazo de los colectivos a esta decisión, por lo que salimos a medios, emitimos un posicionamiento y buscamos a las autoridades competentes. La presión llevó a que se emitiera la convocatoria a una reunión programada para el próximo 12 de abril, en la que aparentemente la Segob derogará este decreto.

    Nuevamente debemos retomar este suceso para entender que:

  • La sociedad civil es capaz de vigilar que las normas, los derechos individuales y colectivos sean respetados.
  • Dada la debilidad institucional que caracteriza a nuestro país, el monitoreo y seguimiento de la implementación de políticas públicas y norma jurídica por parte de los ciudadanos es fundamental.
  • Los ciudadanos debemos proteger y aumentar nuestros espacios de incidencia. Rechazar toda desvalorización o amenaza de reducir el poder de una sociedad que se organiza en torno a una problemática común.
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    En este año electoral tomemos en cuenta la importancia de la participación ciudadana, de las voces disidentes. Necesitamos que quien no esté de acuerdo con el actuar de una autoridad pueda preservar esa libertad de expresión que debe ser responsable y objetiva, y sobre todo que deba ser atendida por quien vaya a gobernar este país.

    México ha vivido una serie de gobiernos autoritarios capaces de silenciar la opinión contrastante, no permitamos que vuelva a suceder porque las evidencias están ahí. Con culpa o con dolo, los gobiernos atienden los temas que solo a ellos les interesan, y no necesariamente los que la sociedad clama. Sin contrapesos, caer en la tentación autoritaria es muy fácil.

    Desagregar información sobre secuestros

    @frarivasCoL | @OpinionLSR | @lasillarota


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