Opinión

Sobre la nueva conformación de la SCJN

La falta de mecanismos de comunicación social efectivos tanto de la Corte como del Consejo, dificultan el acercamiento de la ciudadanía a la labor de los ministros, ministras de la SCJN y consejeros, consejeras de la Judicatura.

  • 09/01/2015
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Ya mucho se ha dicho sobre las divisiones internas en el seno de la Corte que impidieron un acuerdo y provocaron una larguísima ronda de votaciones de desempate para elegir entre Luis María Aguilar Morales  y Arturo Zaldívar al nuevo presidente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Mucho se ha especulado sobre quién modificó su voto para darle finalmente la presidencia al ministro Aguilar. Al mismo tiempo se habla de una Corte que pudo ser “liberal o progresista” con Arturo Zaldívar y una Corte que será “Conservadora” con Luis M. Aguilar. Igualmente, ha habido voces que señalan la necesidad de cambiar el método de elección de la presidencia de SCJN y CJF. Todos, temas que vale la pena discutir en el foro jurídico.

 

Al largo catálogo de temas que giran alrededor de esta elección, creemos que es pertinente anotar otro que no hemos visto señalado, por lo menos no con claridad: ¿Cuál es la importancia de la presidencia de la SCJN y CJF para la ciudadanía? Más claramente ¿Por qué debería la ciudadanía acompañar su “recalentado de fin de año” con este proceso de elección?

 

Desde nuestra perspectiva debería importarle porque en la persona que sea electa, recaen responsabilidades muy serias: Finanzas del Poder Judicial Federal, diseño de políticas públicas judiciales, disposiciones  generales sobre la carrera judicial (formación de los jueces y juezas) y dar directrices sobre derechos humanos, equidad de género y asuntos internacionales del CJF por mencionar algunas de las más importantes. Se trata pues de una persona que puede cambiar para bien o para mal el rumbo del Poder Judicial Federal. Si es así ¿por qué resulta un proceso tan poco atractivo para la ciudadanía?

 

Lo primero que habría que señalar es que el hecho de que la elección del presidente de Suprema Corte y Judicatura Federal se haga en un día como el 2 de enero, dificulta ya de por sí la visibilidad del proceso y la posibilidad de un debate público –más allá del gremio especializado- donde se puedan discutir los proyectos de los candidatos.

 

Lo segundo es que los formatos en los que se presentan los proyectos para presidir SCJN y CJF son inasequibles para la ciudadanía: documentos en PDF, la mayoría de las veces con una extensión superior a las 40 páginas, redactadas en un lenguaje especializado.

 

Lo tercero es el desconocimiento que existe de las labores de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Quizá si se entendiera que en la SCJN se pueden frenar o modificar legislaciones que no favorecen la protección de los derechos humanos, o si se supiera que el Consejo de la Judicatura es el responsable de sancionar a los jueces corruptos otro gallo cantaría. Lo cierto es que una porción considerable de la población no sabe a qué se dedican estas instituciones, ni por qué debería importarle su actuar.

 

Finalmente, la falta de mecanismos de comunicación social efectivos tanto de la Corte como del Consejo, dificultan el acercamiento de la ciudadanía a la labor de los ministros, ministras de la SCJN y consejeros, consejeras de la Judicatura: Sentencias incomprensibles para un ciudadano común, acuerdos que no sería posible entender para alguien no especializado y una programación confusa en el Canal Judicial que incluye emisiones que nada tienen que ver con cultura jurídica y que cuando tratan de temas jurídicos lo hacen con un enfoque especializado provocan un distanciamiento serio entre ciudadanía y Poder Judicial.

 

La pregunta importante aquí, es hasta qué punto la nueva presidencia tiene la disposición para atender esta clase de problemas y hasta qué punto habrá disposición del Poder Judicial Federal para apoyarla en la implementación de una política pública que permita al ciudadano acercarse a la labor de la Corte y del Consejo.

 

En la mayoría de los proyectos para presidir la SCJN y el CJF se incluyeron apartados en los que se proponían planes acción para acercar al Poder Judicial con la ciudadanía. Fortalecimiento de las Casas de Cultura Jurídica en los estados, uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la mejora de la programación del Canal Judicial fueron algunas de ellas. Esto indica que existe conciencia de que es necesario mejorar en este aspecto.

 

Es una expectativa razonable que el Ministro Aguilar adopte parte de las propuestas de ministras y ministros en esta materia y que escuche las voces de la sociedad civil que han insistido en la necesidad de que la comunicación entre ciudadanía y Poder Judicial mejore. Es razonable porque es uno de los aspectos en los que coincidieron la mayoría de los ministros que se postularon a la presidencia; porque sería una política pública que permitiría que se comprendiera la labor de la Corte evitando que sus decisiones sean tomadas como arbitrarias; y finalmente porque el Ministro Aguilar argumentó en su proyecto sobre la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial y escuchar a la sociedad civil.

 

En el fondo del asunto se encuentra la transparencia y la rendición de cuentas ¡La Justicia Abierta! Si bien los avances en el Poder Judicial Federal en ese sentido son significativos, hay que reconocer que son insuficientes. No bastan la publicación de los proyectos, la transmisión de las sesiones y los comunicados de prensa. Y no bastan, porque con esos elementos la ciudadanía no puede evaluar adecuadamente el desempeño del Poder Judicial y no se pueden atacar concepciones nocivas como “todos los jueces son corruptos”. Es fundamental que la ciudadanía entienda y participe en el Poder Judicial, pues ello permite valorar de forma objetiva su labor, lo que puede evitar el linchamiento mediático y la desconfianza de los ciudadanos hacia los jueces que tantas veces provoca la “justicia por propia mano”.

 

El acercamiento entre la ciudadanía y el Poder Judicial Federal, no es una cuestión de cordialidad, es una necesidad del proceso de consolidación democrática.

 

@BordeJuridico

 

Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel

 

Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.

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