Opinión

Soberbia

Con su personal estilo de gobernar, los actuales servidores públicos atentan contra la legalidad y la democracia. | Adolfo Gómez Vives

  • 18/07/2021
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México no avanza en la resolución de sus grandes problemas nacionales porque su inercia política le demanda reiniciar de cero en cada sexenio. A los gobernantes les interesa más destacar mediáticamente por encima sus antecesores, que analizar y —en su caso— dar continuidad y mejorar las políticas públicas y las normas jurídicas que demostraron ser eficientes y eficaces.

Los pequeños avances en relación con el reconocimiento y protección de derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurarlos, se enfrentan permanentemente a maquinaciones que comienzan por atentar contra el principio de legalidad y terminan por pervertir los objetivos para los que fueron creadas.

Por ejemplo, a la tardía legislación del derecho de acceso a la información (11 de junio de 2002), se suman la lentitud y la burocracia que los peticionarios deben enfrentar para acceder a los documentos y datos que el Estado mexicano debiera poner a su disposición sin la necesidad de recurrir a mecanismos retardatarios y engorrosos.

En algunas entidades federativas, el derecho de acceso a la información es prácticamente inexistente, por más que sus comisionados “ciudadanos” se afanen en presentar sus formidables estadísticas de cumplimiento. Yucatán, Chiapas y Oaxaca destacan por su opacidad a la hora de atender las solicitudes de información pública. En este último estado, su Congreso llegó al extremo de desaparecer a su instituto garante.

En el ámbito federal, el uso de la muletilla relativa a los “otros datos” se ha convertido en el recurso chambón con el cual el jefe del Ejecutivo contradice hasta las propias cifras oficiales provenientes de sus dependencias. Se trata del actuar soberbio de quienes ejercen el poder, como si se tratara de un feudo particular y no de una encomienda pública sujeta a rendición de cuentas.

Uno de los esfuerzos más loables para lograr la profesionalización del servicio público en México fue la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en abril de 2003, a pesar de la escasa protección que dicha norma brinda a los servidores públicos pertenecientes a dicho régimen, pues únicamente les reconoce el derecho a “recibir una indemnización”, cuando son despedidos “injustificadamente”.

Lejos de reflexionar sobre las bondades de contar con un servicio público profesional y eficiente y de fortalecer sus procesos de contratación y capacitación, la actual administración federal ha preferido deshacerse de los servidores públicos que pertenecían a ese sistema y reemplazarlos con personajes leales al “proyecto”, pero sin las capacidades técnicas que deberían poseer quienes ocupan cargos que demandan conocimientos especializados.

Al igual que los gobiernos anteriores, el actual ejecutivo federal ha contratado a empresas fantasma y ha abusado del procedimiento de adjudicación directa, contemplado como mecanismo excepcional en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, lo que demuestra no sólo la prevalencia de actos de corrupción, sino también la complicidad y connivencia de la Secretaría de la Función Pública.

En el colmo de la desfachatez, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado referente al nombramiento de su nuevo titular, Rogelio Ramírez de la O, en el realiza una interpretación sin base constitucional referente al momento en que éste entra en funciones, pues contraviene la exclusiva facultad de la Cámara de Diputados de ratificar a su titular, según se desprende de la fracción III del artículo 74 constitucional.

Más allá de cometer el primero de los llamados pecados capitales, la soberbia de quienes gobiernan resulta atentatoria de las bases que sostienen a la legalidad y a la democracia, pues con su comportamiento déspota y altanero pisotean las normas jurídicas que protestaron guardar y hacer guardar.

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